Ley contra el desperdicio alimentario, reforma fiscal a multinacionales y nuevo DNI: claves del BOE de abril 2025

• Objetivo clave: Reducir 1.3 millones de toneladas anuales de alimentos desperdiciados
• Multas: Hasta 150,000€ por destruir alimentos aptos para consumo
• Obligaciones: Supermercados >1,300 m² deben tener planes anti-desperdicio desde 2024
• Donaciones: Prioridad legal para alimentos cercanos a caducidad
• Hostelería: Deben ofrecer envases reciclables para comida sobrante

El Gobierno español ha aprobado una ley pionera para combatir el escándalo del desperdicio alimentario. Cada año se tiran 1,300 millones de kg de comida en perfecto estado mientras miles de familias pasan necesidades. Esta normativa obliga a todos los eslabones de la cadena alimentaria -desde productores hasta consumidores- a cambiar sus prácticas.

Los supermercados y grandes superficies deberán donar los alimentos que no vendan pero sigan siendo aptos para el consumo. Solo podrán destruirlos si no son seguros, y siempre previa justificación. Para facilitar las donaciones, se simplifican los trámites y se establecen acuerdos con bancos de alimentos.

Los restaurantes y bares están obligados a informar claramente que los clientes pueden llevarse las sobras en envases reciclables. Además, deberán formar a su personal en técnicas para reducir mermas en cocina. Las empresas alimentarias que facturen más de 50 millones anuales tendrán que presentar planes detallados de reducción de desperdicios.

En los hogares, el Ministerio lanzará campañas para enseñar a planificar compras, almacenar correctamente los alimentos y entender las diferencias entre ‘fecha de caducidad’ y ‘consumo preferente’. Se estima que el 60% del desperdicio ocurre en casas particulares.

La ley incluye fuertes sanciones: desde 2,001€ por no tener un plan de prevención hasta 150,000€ por destruir alimentos donables. Sin embargo, también ofrece incentivos fiscales a quienes colaboren con bancos de alimentos.

• Fecha de entrada en vigor: 2 de abril de 2025 (al día siguiente de su publicación en el BOE).
• Aplica desde: Periodos impositivos que inicien a partir del 31 de diciembre de 2023.
• Opciones fiscales: Algunas decisiones (como ajustes por quitas) tienen vigencia mínima de 5 años.
• Umbral clave: 750 millones de euros en cifra de negocios para considerar actividades auxiliares de organizaciones sin ánimo de lucro.
• Novedades: Incluye impuestos específicos para entidades financieras y líquidos de cigarrillos electrónicos.

El gobierno español ha aprobado un nuevo marco tributario dirigido a grandes corporaciones con la Ley 7/2024. Esta normativa busca garantizar que tanto los grupos multinacionales como las grandes empresas nacionales paguen un impuesto mínimo, alineándose con los acuerdos internacionales de la OCDE y la UE. El cambio más relevante es la creación del Impuesto Complementario, que evita que estas empresas paguen menos del 15% en impuestos mediante ajustes en su base imponible.

La ley afecta principalmente a grupos con facturación consolidada superior a 750 millones de euros. Incluye reglas detalladas sobre cómo calcular las ganancias tributables, tratamientos especiales para sectores como el financiero y asegurador, y mecanismos para evitar dobles tributaciones. Además, establece plazos específicos para presentar declaraciones informativas y autoliquidaciones, con sanciones para quienes incumplan los requisitos.

Para facilitar su aplicación, se ha creado un reglamento con 32 artículos que explican desde cómo contabilizar activos materiales hasta el tratamiento de créditos fiscales transferibles entre países. Las empresas tendrán que adaptar sus sistemas contables y legales para cumplir con estas nuevas obligaciones, especialmente en lo relacionado con la transparencia fiscal internacional.

• Fecha clave: Aprobado el 1 de abril de 2025, vigente desde el día siguiente a su publicación en el BOE
• Umbral para tarjetas: Información obligatoria solo si superas 25.000€ anuales en operaciones
• Plazos para guarderías: Declaración informativa anual antes de enero con datos de autorización y gastos
• Novedad financiera: Entidades de pago deberán reportar movimientos mensuales desde 2026

El nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno trae cambios importantes para familias y empresas. Por un lado, simplifica los trámites para acceder a la deducción por maternidad en guarderías tras una sentencia del Tribunal Supremo. Ahora todas las guarderías legalmente autorizadas, no solo las adscritas al sistema educativo, podrán facilitar la documentación necesaria para esta ayuda. Por otro lado, introduce medidas más estrictas de control sobre pagos electrónicos y tarjetas prepago para combatir el fraude fiscal.

Para las familias, significa menos papeleo al justificar los gastos de guardería en la declaración de la renta. Las comunidades autónomas tendrán que reconocer la deducción siempre que el centro esté debidamente registrado, independientemente de su categoría administrativa. Las guarderías deberán presentar antes de enero de cada año un informe detallado con los meses de asistencia y gastos de cada niño.

En el ámbito financiero, las entidades de pago y dinero electrónico deberán reportar mensualmente a Hacienda todos los movimientos en cuentas y tarjetas. Se incluyen novedades como los pagos asociados a números de teléfono móvil y se elimina el límite de 3.000€ para informar sobre cobros a profesionales. Los datos de saldos y movimientos anuales se comunicarán cada diciembre.

Estos cambios buscan adaptar la normativa fiscal a la realidad digital actual, donde operan numerosas entidades financieras internacionales sin sede física en España. Con las nuevas obligaciones de información, Hacienda podrá cruzar datos entre diferentes sistemas de pago y detectar posibles irregularidades con mayor eficacia.

• Vigencia desde: 1 de abril de 2025
• Validez según edad: 2 años (menores de 5), 5 años (hasta 30), 10 años (hasta 70) y permanente para mayores de 70
• Documentación requerida: Certificado de empadronamiento (3 meses de antigüedad) y fotografía reciente con fondo blanco
• Versión digital: Misma validez que el físico, accesible mediante app móvil segura
• Coste: Tasa por tramitación (exenciones aplicables según normativa vigente)

El nuevo Real Decreto del DNI electrónico llega para modernizar la identificación en España. A partir de abril de 2025, todos los ciudadanos podrán disfrutar de un documento único con versión física y digital que unifica todos los sistemas anteriores. La gran novedad es la incorporación de un DNI digital integrado en tu teléfono móvil, permitiendo identificarte ante cualquier administración o empresa privada sin necesidad de llevar la tarjeta física.

El proceso para obtenerlo mantiene trámites conocidos como el empadronamiento actualizado, pero introduce mejoras tecnológicas. Al renovar, se capturarán tus huellas dactilares (excepto menores de 6 años) y firma digitalizada con nuevos estándares de seguridad. La validez varía según la edad: los jóvenes hasta 30 años renovarán cada 5 años, mientras los mayores de 70 tendrán validez indefinida.

La versión digital funciona mediante una app oficial que muestra tu identidad con códigos QR dinámicos. Podrás firmar documentos electrónicos con validez legal y acceder a servicios públicos sin claves adicionales. Para garantizar la protección de datos, el chip del DNI físico incluye certificados electrónicos renovables cada 2 años y cifrado biométrico avanzado.

Este cambio responde a las normativas europeas de identidad digital (Reglamento UE 2019/1157 y 2024/1183), permitiendo su uso en toda la Unión Europea. Las empresas y administraciones tendrán 12 meses para adaptar sus sistemas al nuevo formato digital, eliminando progresivamente los DNI antiguos.

• Plazos clave: Contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades deben adaptar sus sistemas antes del 1 de enero de 2026. Otros obligados tienen hasta el 1 de julio de 2026.
• Adaptación tecnológica: Proveedores de software disponen de 9 meses desde octubre de 2024 para actualizar sus sistemas.
• Excepciones: Quienes usen el Suministro Inmediato de Información (SII) en IVA están exentos de estos requisitos.
• Novedad legal: Publicado en el BOE el 2 de abril de 2025, modificando el Real Decreto 1007/2023.

El gobierno español ha dado un paso crucial para modernizar la facturación electrónica con la modificación del Real Decreto 1007/2023. Esta actualización, publicada en abril de 2025, responde a las necesidades reales de autónomos, pymes y grandes empresas al establecer nuevos plazos más flexibles para implementar sistemas de facturación digital seguros.

La norma busca combatir el fraude fiscal mediante sistemas informáticos que garanticen la trazabilidad completa de las operaciones. Desde ahora, todos los programas de facturación deberán registrar automáticamente cada transacción sin posibilidad de modificaciones ocultas. Para facilitar esta transición, se han establecido dos fechas límite principales: las grandes empresas tienen hasta enero de 2026 para adaptarse, mientras que autónomos y pequeñas empresas disponen de seis meses adicionales, hasta julio de 2026.

Un aspecto clave es la exención para quienes ya utilizan el sistema SII de IVA. Estos contribuyentes, que ya envían sus registros contables en tiempo real a Hacienda, no necesitan realizar cambios adicionales en sus sistemas. Esto beneficia especialmente a empresas con alta actividad comercial que ya cumplen con estos requisitos avanzados de reporting fiscal.

Los proveedores de software tienen un rol fundamental: desde la publicación de la orden ministerial en octubre de 2024, cuentan con nueve meses para actualizar sus programas. Esto incluye soluciones específicas para sectores con necesidades especiales como hostelería o comercio minorista. Además, se establecen protecciones para usuarios con contratos de mantenimiento vigentes, que podrán actualizar sus sistemas sin costes adicionales durante este período.

La Administración Tributaria reforzará progresivamente los controles mediante un nuevo sistema centralizado que recibirá copias seguras de los registros de facturación. Este cambio permitirá cruzar automáticamente la información declarada por compradores y vendedores, detectando discrepancias en tiempo real. Para los usuarios finales, esto significa mayor seguridad jurídica y reducción de errores en sus declaraciones fiscales.

Las empresas deben prestar atención a tres aspectos principales: 1) Verificar si su software actual cumple con los nuevos requisitos de sellado temporal y codificación única 2) Planificar la migración de datos históricos antes de los plazos límite 3) Capacitar al personal en los nuevos procesos de validación y envío electrónico. La AEAT ofrecerá herramientas gratuitas de validación desde su portal web a partir de 2025.

Este real decreto representa un equilibrio entre el control fiscal y la practicidad empresarial. Al dar tiempo suficiente para la adaptación tecnológica y reconocer los sistemas ya avanzados como el SII, se evita sobrecargar a las empresas mientras se sientan las bases para una contabilidad digital más transparente y eficiente.

• Tipo de modificación: Rectificación oficial de normativa CNMV
• Circular afectada: 1/2025 publicada el 17/03/2025
• Página específica: 35397 del BOE
• Cambio concreto: De ‘Norma primera’ a ‘Norma segunda’ en disposición final
• Vigencia: Corrección aplicable desde publicación original

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha realizado una rectificación oficial en su Circular 1/2025 tras detectar un error técnico en su publicación original. Este ajuste, aunque aparentemente menor, tiene implicaciones importantes para la correcta aplicación de la normativa financiera.

El cambio afecta específicamente a la sección de ‘Disposición final única. Entrada en vigor’ donde se referenciaba incorrectamente a la ‘Norma primera’ en lugar de la ‘Norma segunda’. Esta corrección garantiza la coherencia legal del documento y evita posibles malas interpretaciones en su aplicación práctica.

Para los profesionales del sector financiero, este tipo de rectificaciones son cruciales ya que:

1. Afectan a la interpretación de obligaciones regulatorias

2. Modifican referencias cruzadas entre normativas

3. Determinan plazos y alcances de aplicación

Las empresas e instituciones financieras deben actualizar sus protocolos internos para reflejar este cambio, especialmente en lo relacionado con:

– Presentación de estados reservados

– Informes periódicos a la CNMV

– Cumplimiento normativo en operaciones bursátiles

Este caso demuestra la importancia de verificar siempre las versiones más actualizadas de las normativas publicadas en el BOE, incluso después de su publicación inicial. Los cambios técnicos pueden producirse en cualquier momento y es responsabilidad de los afectados mantenerse actualizados.

La CNMV ha establecido mecanismos para notificar este tipo de correcciones a través de sus canales oficiales, recomendándose a los interesados suscribirse a sus alertas regulatorias. Para consultas específicas sobre cómo aplicar esta rectificación, la Comisión ha habilitado un servicio de atención especializado en su portal web.

• Fecha oficial: 1 de abril de 2025.
• Nombrado por: Ministro Ángel Víctor Torres Pérez.
• Cargo asignado: Director del Gabinete del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
• Publicación: Acuerdo aprobado en Consejo de Ministros.

El 1 de abril de 2025, el Gobierno de España anunció un cambio relevante en su estructura administrativa con el nombramiento de Roberto Manuel García Guillén como Director del Gabinete del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Esta designación, formalizada mediante un acuerdo del Consejo de Ministros, refleja la apuesta por fortalecer la coordinación interna y la implementación de políticas públicas en áreas clave como la cohesión territorial y la preservación de la memoria histórica.

El proceso, liderado por el titular del ministerio, Ángel Víctor Torres Pérez, se enmarca en una estrategia para optimizar la gestión de proyectos vinculados a la distribución competencial entre comunidades autónomas y la promoción de iniciativas democráticas. La figura del Director de Gabinete es crucial, ya que actúa como enlace entre el ministro, los órganos del gobierno y la ciudadanía, supervisando además la ejecución de agendas políticas y administrativas.

Si bien el comunicado oficial no detalla los antecedentes profesionales de García Guillén, este tipo de nombramientos suele recaer en perfiles con experiencia en administración pública o gestión estratégica. Su labor incluirá tareas como la priorización de iniciativas legislativas, la coordinación con otros departamentos ministeriales y el seguimiento de compromisos relacionados con la memoria democrática, un área sensible en el contexto político actual.

Este movimiento se produce en un año marcado por desafíos como la reforma del modelo autonómico y la digitalización de servicios públicos. La eficiencia en la gestión del gabinete podría influir indirectamente en la agilidad de trámites ciudadanos, aunque el texto no menciona medidas concretas en ese ámbito. Tampoco se especifican cambios presupuestarios asociados al cargo, pero se infiere que el nombramiento busca dar estabilidad operativa al ministerio.

La firma del rey Felipe VI en el documento subraya el carácter oficial del acto administrativo, recordando el protocolo que rige estos procesos en España. Para los ciudadanos, este tipo de decisiones suelen pasar desapercibidas, pero son esenciales para mantener la maquinaria gubernamental en funcionamiento, asegurando que cada área ministerial cuente con equipos capacitados para responder a las demandas sociales y políticas del momento.

• Fecha del nombramiento: 1 de abril de 2025
• Proponente: Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
• Nuevo Director General: David Perejil Bricio
• Marco legal: Aprobado mediante Real Decreto en Consejo de Ministros
• Publicación oficial: Acta firmada por el Rey Felipe VI y el ministro Pablo Bustinduy Amador

El 1 de abril de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de David Perejil Bricio como nuevo Director General de Agenda 2030, una decisión propuesta por el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Este cargo es clave para coordinar y supervisar las políticas públicas alineadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que España se ha comprometido a cumplir antes de 2030.

La Agenda 2030 abarca áreas como la lucha contra la pobreza, la educación de calidad, la igualdad de género y la acción climática. Con este nombramiento, el Gobierno refuerza su compromiso para integrar estos objetivos en programas concretos. Perejil Bricio tendrá la responsabilidad de diseñar estrategias intersectoriales, garantizar la transparencia en la ejecución de proyectos y medir el avance hacia las metas establecidas.

El proceso de selección siguió los protocolos establecidos en el Real Decreto de nombramientos de altos cargos, que exige la deliberación previa del Consejo de Ministros. La firma del Rey Felipe VI y del ministro Pablo Bustinduy Amador en el documento oficial ratifica la validez jurídica de esta designación.

Entre los desafíos inmediatos del nuevo director destacan la optimización de recursos públicos, la colaboración con comunidades autónomas y la promoción de alianzas con el sector privado. Además, su gestión deberá alinearse con los fondos europeos Next Generation, destinados a impulsar la recuperación económica sostenible postpandemia.

Este cambio en la Dirección General llega en un momento crítico, a cinco años del plazo límite de la Agenda 2030. La experiencia previa de Perejil Bricio en gestión pública y sostenibilidad sugiere un enfoque pragmático, centrado en resultados cuantificables y en la rendición de cuentas a la ciudadanía.

En resumen, el nombramiento no solo refleja una rotación en el equipo directivo, sino también una apuesta por acelerar la transformación social y ambiental en España. Los próximos meses serán determinantes para evaluar el impacto real de esta decisión en la vida cotidiana de las personas.

• Plazo clave: Implementación definitiva del sistema de liquidación cada 15 minutos antes del 31 de diciembre de 2024
• Cambios técnicos: Uso obligatorio de contadores cuarto-horarios para servicios de balance desde marzo de 2024
• Fase final: Segunda etapa de adaptación normativa aprobada en marzo de 2025, con efectos desde el primer día del mes siguiente a su publicación
• Autoconsumo: Nuevos cálculos horarios para instalaciones solares según Real Decreto 244/2019
• Transición: Sistema temporal de interpolación lineal para puntos sin medición cuarto-horaria hasta 2025

El sistema eléctrico español está implementando cambios históricos en su forma de medir y gestionar la energía. Desde 2020, la Unión Europea exigía adaptar los procesos de liquidación a intervalos de 15 minutos para mejorar la precisión, pero España obtuvo una prórroga hasta 2025 que ahora está culminando.

La reforma afecta a todos los actores del mercado: desde grandes productores hasta usuarios domésticos con placas solares. El corazón del cambio está en los nuevos contadores inteligentes que registran consumo cada 15 minutos, sustituyendo a los antiguos sistemas horarios. Esto permite detectar desvíos entre la energía programada y la real con mayor rapidez.

En la práctica, las eléctricas y comercializadoras deberán ajustar sus sistemas informáticos para procesar 4 veces más datos de consumo. Para los usuarios con autoconsumo, habrá novedades en cómo se calcula la energía inyectada a la red, usando ahora valores horarios que luego se dividen en periodos de 15 minutos mediante interpolación.

La CNMC ha supervisado este proceso en dos fases: la primera (operativa desde 2024) introdujo mediciones cuarto-horarias para servicios técnicos clave, mientras que la segunda fase (2025) generaliza este sistema a todos los puntos de medida. Esto podría influir en las facturas, ya que los periodos de máxima demanda se identificarán con mayor precisión.

Para instalaciones industriales y grandes consumidores, el cambio implica actualizar equipos de medición y sistemas de telecontrol. El gobierno ha establecido ayudas técnicas a través de Red Eléctrica para facilitar esta transición, especialmente en plantas de generación renovable.

El objetivo final es crear un mercado eléctrico más flexible que se adapte mejor a las fluctuaciones de la energía solar y eólica. Esto debería traducirse en precios más estables y una red menos propensa a desequilibrios que encarezcan la factura final.

Los consumidores domésticos notarán principalmente mejoras en la precisión de sus lecturas, especialmente aquellos con vehículos eléctricos o sistemas de almacenamiento. Las comercializadoras podrán ofrecer tarifas más ajustadas a los patrones reales de consumo.

Quedan desafíos por resolver, como la armonización con los mercados vecinos y la formación de técnicos especializados. No obstante, España se posiciona como pionera en la implementación de esta directiva europea, sentando las bases para una gestión energética más eficiente y transparente.

• Vigencia: Tasas oficiales para marzo 2025 publicadas el 1 de abril
• Euríbor anual: 2,398% (base para mayoría de hipotecas variables)
• Nuevo IRS a 5 años: 2,451% (referencia para hipotecas a largo plazo)
• €STR a 1 año: 3,413% (alternativa moderna al Euríbor)
• Míbor histórico: 2,398% (solo válido para hipotecas anteriores al 2000)

El Banco de España ha hecho públicas las tasas de referencia que marcarán el coste de los créditos y préstamos durante los próximos meses. Estos porcentajes, actualizados a marzo de 2025, son cruciales para quienes tengan una hipoteca variable o estén pensando en solicitar financiación.

El Euríbor a 12 meses, el índice más usado en hipotecas, se sitúa en el 2,398%, mostrando una ligera bajada respecto a meses anteriores. Para préstamos a corto plazo, destacan el Euríbor semanal en 2,472% y el mensual en 2,401%. Los tipos IRS a cinco años, usados como referencia en algunas hipotecas a largo plazo, alcanzan el 2,451%.

El €STR, el nuevo índice que viene a sustituir progresivamente al Euríbor, presenta valores más altos: desde el 2,418% para operaciones semanales hasta el 3,413% en su versión anual. Esta diferencia refleja su cálculo basado en operaciones reales del mercado interbancario.

Para los pocos hipotecados que mantienen préstamos referenciados al Míbor (contratos anteriores al año 2000), el tipo se mantiene igualado al Euríbor anual en 2,398%. Es fundamental revisar cada caso particular, ya que una variación de solo 0,1% en estos índices puede suponer diferencias de cientos de euros anuales en las cuotas.

Expertos recomiendan comparar todas las opciones antes de contratar o renovar hipotecas. Los tipos actuales permiten plantearse tanto opciones variables como mixtas, dependiendo de la previsión de evolución económica. La publicación oficial incluye advertencias sobre la necesidad de entender completamente los términos de referencia en cualquier contrato crediticio.