Reforma Ley Memoria Histórica en Navarra, empleo público para inspectores, emisión de deuda estatal y normativa de recarga eléctrica | BOE Abril 2025

• Fecha de aprobación: 20 de marzo de 2025
• Edificio afectado: Monumento construido en 1942 como homenaje a las víctimas del bando franquista
• Cambio clave: Prohibición de usos que no sean educativos sobre violaciones de derechos humanos
• Acciones concretas: Retirada definitiva de símbolos fascistas y ocultación de pinturas en la cúpula
• Antecedente: Exhumación de restos de generales franquistas en 2016

Navarra ha dado un paso histórico al convertir el antiguo Monumento a los Caídos, construido durante el franquismo, en un espacio dedicado a la memoria democrática. Esta reforma legal, aprobada en marzo de 2025, busca eliminar definitivamente la simbología de exaltación a la dictadura y transformar el edificio en un centro educativo.

El monumento, originalmente creado en 1942 como homenaje a los caídos del bando nacional, llevaba años siendo objeto de polémica. Aunque desde 1998 se habían retirado parte de los símbolos franquistas y se usaba como sala de exposiciones, la nueva ley va más allá: prohíbe cualquier uso que no esté relacionado con la educación sobre los crímenes de la guerra civil y la dictadura.

La normativa establece tres cambios fundamentales: primero, la obligación de retirar todos los elementos que glorifiquen al régimen franquista. Segundo, la creación de contenidos expositivos que expliquen el contexto histórico de las violaciones de derechos humanos. Tercero, el uso del espacio para alertar sobre los peligros actuales del fascismo y promover valores democráticos.

Este cambio no llega de forma aislada. Desde 2016, cuando se exhumaron los restos de los generales Mola y Sanjurjo, el monumento había perdido su carácter de mausoleo franquista. La nueva ley completa este proceso transformando su significado: de templo de la victoria fascista a aula permanente sobre los horrores de la guerra y la dictadura.

Las autoridades destacan que esta medida cumple con las recomendaciones internacionales sobre memoria histórica y previene el resurgimiento de movimientos extremistas. El edificio mantendrá su protección patrimonial, pero con un enfoque crítico que explique su pasado sin glorificarlo.

• Publicación de listas: 1 de abril de 2025 en plataformas oficiales como mites.gob.es y sedes autonómicas.
• Plazo de subsanación: 10 días hábiles tras publicarse en el BOE (hasta el 15 de abril de 2025 aproximadamente).
• Primer examen: 27 de abril de 2025 a las 9:00h en Madrid (UAM) y Barcelona (Escuela Administración Pública).
• Principales motivos de exclusión: Incumplimiento de requisitos de antigüedad laboral, idioma no declarado o documentación de discapacidad incompleta.

Si participaste en las oposiciones para Inspector de Trabajo y Seguridad Social 2025, ¡atención! Acaban de publicarse las listas provisionales de admitidos y excluidos. Este paso es crucial porque determina quiénes pueden continuar en el proceso. Aquí te explicamos cómo comprobar tu situación y qué hacer si apareces en la lista de excluidos.

Las listas están disponibles desde el 1 de abril en múltiples plataformas digitales, incluyendo la web del Ministerio de Trabajo y sedes autonómicas como la Generalitat de Cataluña. Es fundamental revisar tanto la lista de admitidos como la de excluidos, ya que algunos nombres podrían faltar por errores administrativos. Si encuentras irregularidades, dispones de 10 días hábiles (hasta mediados de abril) para presentar alegaciones con documentación justificativa.

Entre las causas más frecuentes de exclusión destacan no acreditar la antigüedad mínima como demandante de empleo (requisito para la exención de tasas) o no especificar el idioma extranjero elegido para una de las pruebas. También se han detectado casos de aspirantes por promoción interna que no cumplen los requisitos de experiencia previa.

Los admitidos deberán presentarse el 27 de abril con su DNI en las sedes de Madrid o Barcelona. Un detalle importante: los subinspectores en promoción interna tendrán un calendario específico que se publicará posteriormente. Todos los detalles actualizados estarán disponibles en Funciona, el portal de empleo público.

• Obligatoriedad: Puntos de recarga ≥43 kW deben reportar datos en tiempo real desde abril 2025
• Datos clave: Ubicación exacta, estado operativo y precios actualizados cada 15 minutos
• Protocolo técnico: Uso obligatorio del sistema OCPI para integración de datos
• Sanciones: Hasta 30,000€ por incumplir con la normativa de reporte
• Periodo de adaptación: Hasta septiembre 2025 para ajustar sistemas

El gobierno español ha implementado nuevas reglas revolucionarias para los usuarios de vehículos eléctricos. A partir de abril 2025, todos los puntos de recarga públicos de alta potencia (43 kW o más) deberán mostrar en tiempo real su disponibilidad y precios actualizados. Esta información estará accesible mediante una plataforma unificada gestionada por Red Eléctrica de España.

Los conductores podrán consultar desde su móvil la ubicación exacta de los cargadores, ver si están libres o en uso, y conocer el costo exacto de la recarga antes de desplazarse. Las empresas operadoras deben actualizar estos datos cada 15 minutos como máximo, usando un sistema estandarizado llamado OCPI que garantiza compatibilidad entre diferentes marcas y proveedores.

Para los dueños de negocios con cargadores más pequeños (menos de 43 kW), el sistema es voluntario pero ofrece ventajas: aparecer en el mapa oficial y aumentar su visibilidad. El Ministerio para la Transición Ecológica prevé multar hasta con 30,000€ a quienes no cumplan con estos requisitos de transparencia energética.

• Fechas de emisión: Operaciones activas durante 2025 y enero de 2026, con subasta clave el 10 de abril de 2025
• Opciones disponibles: Bonos al 3.50% (vencen en 2029), Obligaciones al 2.55% (2032) y Obligaciones a 10 años al 3.15% (2035)
• Primer pago de intereses: 31 de mayo de 2025 para Bonos 3.50%, 31 octubre 2025 para Obligaciones 2.55%
• Liquidación: Los valores estarán disponibles para operar desde el 15 de abril de 2025
• Rendimientos brutos: Desde 2.20% hasta 3.39% según tipo de bono y precio de compra

El gobierno español ha puesto en marcha su plan de financiación para 2025 con nuevas oportunidades para inversores. A través de la Orden ECM/3/2025, se autoriza la emisión de Bonos y Obligaciones del Estado con distintos plazos y rentabilidades, manteniendo la estabilidad de los mercados de deuda pública.

Estas emisiones funcionan como préstamos que los ciudadanos e instituciones pueden hacer al Estado. A cambio, el gobierno se compromete a devolver el dinero prestado más unos intereses fijos (llamados cupones) en fechas determinadas. La novedad para 2025 incluye tres opciones principales: bonos a 4 años, obligaciones a 7 años y medio, y obligaciones a largo plazo de 10 años.

Las subastas, que son el mecanismo de venta de estos valores, seguirán el mismo formato que en años anteriores. Los inversores particulares pueden participar a través de su banco o entidad financiera autorizada, mientras que las grandes instituciones compiten directamente en las pujas. Los rendimientos ofrecidos superan actualmente a los de muchos depósitos bancarios, aunque con el riesgo propio de cualquier inversión en deuda pública.

Uno de los aspectos más relevantes es la flexibilidad en los plazos. Los bonos a 4 años (vencimiento 2029) son ideales para quienes prefieren recuperar su inversión pronto, mientras que las obligaciones a 10 años (2035) ofrecen mayor rentabilidad a cambio de inmovilizar el dinero más tiempo. Las tablas publicadas muestran exactamente cómo el precio de compra afecta a la rentabilidad final, permitiendo calcular posibles ganancias antes de invertir.

Este movimiento del Tesoro Público busca financiar proyectos estatales mientras ofrece alternativas de ahorro seguras en un contexto económico variable. Para los pequeños ahorradores, representa una forma de diversificar su cartera más allá de los productos bancarios tradicionales.

• Creación de nuevas unidades: Unidad Central de Selección y de Grupos operativa desde el 19 de marzo de 2025
• Límites actualizados: Inspecciones a empresas con facturación superior a 5,7 millones (general) y 10 millones (parcial)
• Nuevas competencias: Procedimientos sancionadores por pagos en efectivo según Ley 11/2021 vigente desde julio 2021

El sistema de inspección tributaria en España ha recibido una actualización importante con la Resolución del 19 de marzo de 2025. Estos cambios buscan modernizar los procesos de fiscalización y adaptarlos a las necesidades actuales, especialmente en lo relacionado con el control de pagos en efectivo y la organización de los equipos inspectores.

Uno de los cambios más relevantes es la creación de la Unidad Central de Selección y de Grupos, que centralizará la coordinación de las inspecciones a nivel nacional. Esta unidad no solo organizará las actuaciones inspectoras, sino que también se encargará de desarrollar herramientas tecnológicas para mejorar la detección de riesgos fiscales. Para las empresas, esto significa que las inspecciones serán más eficientes y estarán mejor coordinadas entre diferentes regiones.

Se han actualizado los umbrales económicos que determinan qué empresas pueden ser inspeccionadas por los diferentes equipos. Ahora, las Unidades de Inspección podrán actuar sobre negocios con facturaciones de hasta 5,7 millones de euros en revisiones generales, y hasta 10 millones en casos parciales. Este aumento refleja la adaptación a la realidad económica actual y permite concentrar recursos en los contribuyentes de mayor tamaño.

En materia de pagos en efectivo, las nuevas normas detallan quiénes tienen competencia para iniciar procedimientos sancionadores. Desde julio de 2021, con la entrada en vigor de la Ley 11/2021, se establecen criterios claros para multar a quienes superen los límites legales en transacciones en efectivo. Las Dependencias Regionales de Inspección ahora tienen autoridad para sancionar incluso a partes intervinientes en operaciones que incumplan estas normas.

Para los autónomos y pequeñas empresas, destacan dos aspectos: por un lado, se especifica que las inspecciones podrán extenderse a socios y empresas vinculadas, incluso si tienen domicilios fiscales diferentes. Por otro, se establecen protocolos más claros para casos de sucesión empresarial o disolución de sociedades, protegiendo tanto a los contribuyentes como a la Hacienda Pública.

La nueva organización incluye equipos especializados en delitos fiscales, auditoría informática y fiscalidad internacional. Esto significa que las inspecciones serán más técnicas y específicas, requiriendo de los inspectores mayores especializaciones. Para los ciudadanos, esto se traduce en procesos más transparentes y fundamentados técnicamente.

Un punto crucial es la modificación en la firma de actas de inspección. Ahora se permite que técnicos de hacienda con experiencia firmen documentos siempre que hayan realizado personalmente toda la investigación, acelerando los trámites. Sin embargo, en casos complejos o con regularizaciones superiores a 5,7 millones, seguirá siendo necesario la supervisión de inspectores jefes.

Las empresas multinacionales y grupos consolidados deben prestar atención a las nuevas competencias de la Unidad de Gestión de Grandes Empresas, que ahora tiene mayor capacidad de actuación sobre entidades con operaciones transfronterizas o regímenes fiscales especiales. Se establecen criterios específicos para empresas que facturen más de 6 millones anuales o formen parte de grupos corporativos complejos.

Finalmente, la reforma introduce mecanismos de coordinación entre diferentes delegaciones tributarias, permitiendo que equipos de una región apoyen inspecciones en otras cuando existan conexiones económicas entre contribuyentes. Esto cierra posibles vacíos legales en operaciones interregionales y refuerza el control sobre prácticas elusivas.

Todos estos cambios entraron en vigor el día siguiente a su publicación en el BOE, marcando un antes y después en la organización de la inspección financiera española. Los contribuyentes deben mantenerse informados sobre estas novedades para cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales y evitar sanciones.

• Actualización de humedales: Nuevo listado en el anexo I con zonas como Doñana, Delta del Ebro y Marismas de Santoña (incluye 17 comunidades autónomas).
• Municipios de alto riesgo: 108 localidades añadidas en el anexo II, como Jerez de la Frontera (Cádiz) y zonas de Sevilla y Huelva.
• Autoridad para modificaciones: El Director General de Sanidad Agroalimentaria puede actualizar anexos mediante resolución publicada en el BOE.
• Base legal: Aprobado bajo la Ley 39/2015 y la Constitución Española (artículo 149.1.16.ª).
• Vigencia: Modificación de la Orden APA/2442/2006, vigente desde julio de 2006.

El Gobierno ha actualizado las zonas de especial riesgo por influenza aviar en España, identificando nuevos humedales y municipios donde se aplicarán medidas de bioseguridad obligatorias. Esta revisión responde a datos recientes sobre rutas migratorias de aves silvestres, principales transmisoras del virus.

Entre las zonas destacadas figuran parques nacionales como Doñana, humedales costeros como el Delta del Ebro, y embalses clave como el de La Serena en Badajoz. Los municipios afectados abarcan desde áreas rurales con actividad avícola hasta zonas urbanas próximas a reservas naturales.

La normativa permite actualizaciones ágiles: el Director General de Sanidad Agroalimentaria podrá modificar los anexos sin necesidad de nueva legislación, basándose en informes de las comunidades autónomas. Esto agiliza la respuesta ante posibles brotes.

Para los residentes en estas áreas, las medidas incluyen restricciones en granjas avícolas, controles en transportes de aves y prohibición de caza acuática en humedales. Estas acciones buscan proteger tanto la salud animal como prevenir riesgos para la población humana.

La lista completa abarca 17 comunidades autónomas, siendo Andalucía, Aragón y Cataluña las que concentran más municipios afectados. Productores avícolas y cazadores deben consultar los anexos actualizados para adaptar sus actividades a los nuevos requisitos.

• Plazo de solicitud: 15 días naturales desde la publicación en el BOE (26 de marzo de 2025).
• Exclusiones: Jueces suspendidos, sancionados con traslado forzoso o con menos de 1 año en su primer destino (Base Primera).
• Documentación obligatoria: Méritos profesionales y antigüedad escalafonal, con acreditación documental si no figuran en el CGPJ (Base Cuarta).
• Regiones con vacantes: 61 plazas en Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y otras CCAA (listado completo en bases).
• Solicitud: Exclusivamente online a través de la extranet del CGPJ (www.poderjudicial.es) con acuse de recibo electrónico (Base Quinta).

El Consejo General del Poder Judicial ha anunciado un nuevo concurso para cubrir plazas judiciales en toda España. Este proceso, aprobado el 26 de marzo de 2025, está dirigido a jueces en activo que busquen cambiar de destino profesionalmente. Las bases establecen criterios claros tanto para participar como para excluirse, siendo la antigüedad en el escalafón el factor decisivo en la mayoría de casos.

Entre las novedades destacan la obligatoriedad de presentar toda la documentación a través del portal online del CGPJ, eliminando opciones presenciales. Los aspirantes deben detallar específicamente sus méritos profesionales, ya que solo se considerará la antigüedad cuando no se presenten otros argumentos. Para jueces que regresan de excedencias o suspensiones, existe la posibilidad de reincorporación siempre que soliciten todas las plazas ofertadas.

El listado de vacantes incluye juzgados especializados en violencia de género (como el Juzgado nº1 de Huelva), órganos con funciones de registro civil (Juzgado nº2 de Ronda), y destinos en grandes ciudades como Madrid (Juzgado de Arganda del Rey) o Barcelona (Juzgado nº7 de L’Hospitalet). La convocatoria también contempla situaciones especiales como aplazamientos de cese por conciliación familiar vinculados a calendarios escolares.

Es fundamental atender a los plazos: las solicitudes mal redactadas, condicionadas (excepto casos de parejas judiciales) o presentadas fuera del periodo establecido serán automáticamente rechazadas. Los participantes pueden consultar dudas directamente con el Servicio de Personal Judicial (91 700 61 80) o resolver incidencias técnicas con el soporte específico (620 27 35 85).

Tras la resolución, los jueces que obtengan plaza tendrán limitaciones temporales para nuevos traslados (1 año mínimo), buscando estabilidad en los destinos. Este sistema pretende garantizar igualdad de oportunidades mediante criterios objetivos, aunque mantiene flexibilidad para ajustes excepcionales por necesidades del servicio.

• Requisitos para participar: Fiscales de segunda categoría con más de 2 años en su plaza y Abogados Fiscales de tercera categoría con más de 1 año en su primer destino.
• Plazo de solicitud: 10 días naturales desde el 3 de abril de 2025 (tras publicación en el BOE).
• Destinos destacados: Plazas en Huelva, Valladolid, Madrid, Barcelona, Sevilla y más, incluyendo puestos de Teniente Fiscal y Fiscal Provincial.
• Proceso digital obligatorio: Solicitudes electrónicas mediante DNIe, certificado digital o Cl@ve en la web del Ministerio Fiscal.
• Adjudicación: Prioridad por antigüedad en el escalafón, con opciones de condicionamiento por conciliación familiar.

El Ministerio de Justicia ha convocado un concurso de traslados para cubrir plazas vacantes en la Carrera Fiscal, dirigido a fiscales y abogados fiscales que cumplan con los requisitos de antigüedad. Este proceso, regulado por el Real Decreto 305/2022, busca agilizar la movilidad de los profesionales dentro del sistema judicial español.

Los participantes deben haber permanecido al menos 2 años en su actual destino si son fiscales de segunda categoría, o 1 año si son abogados fiscales en su primer puesto. Se incluyen excepciones para casos como excedencias por cuidado familiar, permitiendo su participación incluso sin cumplir el tiempo mínimo requerido.

El proceso es completamente digital: los interesados deben presentar sus solicitudes ordenadas por preferencia a través de la plataforma web del Ministerio Fiscal, utilizando sistemas de identificación electrónica. Es fundamental destacar que los abogados fiscales en expectativa de destino están obligados a participar en todas las plazas ofertadas.

Entre las vacantes destacan puestos en fiscalías provinciales y áreas metropolitanas, con opciones para solicitar destinos en «resultas» (plazas que se liberen durante el proceso). El sistema de adjudicación prioriza la antigüedad en el escalafón, aunque se contemplan aplazamientos excepcionales por necesidades del servicio o conciliación familiar.

Los resultados provisionales se publicarán tras la revisión del Consejo Fiscal, con posibilidad de recurso administrativo. Esta convocatoria incluye anexos detallados con todas las plazas disponibles por comunidad autónoma, tipo de fiscalía y categoría profesional.

Para más información, los participantes pueden consultar el manual técnico disponible en la web o contactar al correo electrónico de asistencia proporcionado por el Ministerio. Es clave verificar los requisitos específicos de cada plaza antes de formalizar la solicitud.

• Ley afectada: Ley 7/2024 de la Comunidad de Madrid (26 diciembre 2024)
• Artículos en negociación: Segundo (desarrollo territorial), Quinto (protección ambiental) y Séptimo (competencias administrativas)
• Plazos clave: Grupo de Trabajo designado en marzo 2025 para presentar propuestas
• Publicación oficial: Acuerdo publicado en BOE y Boletín de la Comunidad de Madrid

El Gobierno central y la Comunidad de Madrid han dado un paso crucial para resolver sus diferencias sobre la aplicación de la nueva ley ambiental madrileña. Tras meses de tensiones jurídicas, ambas administraciones han acordado iniciar negociaciones concretas para alinear sus posturas en tres aspectos clave del desarrollo territorial y la protección ecológica.

El conflicto surge de la Ley 7/2024 aprobada por Madrid en diciembre pasado, donde algunos artículos generaron fricción con las competencias estatales. El artículo segundo, relacionado con la planificación urbanística en zonas protegidas, el quinto sobre estándares de calidad ambiental, y el séptimo que regula la coordinación entre administraciones, son los puntos críticos que ahora se revisarán.

Para facilitar el diálogo, se ha creado un Grupo de Trabajo específico que deberá presentar soluciones antes de que el conflicto escalara al Tribunal Constitucional. Este mecanismo bilateral busca evitar un prolongado enfrentamiento judicial, priorizando el acuerdo técnico entre expertos de ambas administraciones.

Los ciudadanos deben saber que este proceso garantiza que cualquier modificación en la normativa ambiental madrileña mantendrá los estándares de protección ecológica mientras respeta las competencias autonómicas. El acuerdo incluye compromisos de transparencia, con publicación obligatoria en los boletines oficiales de ámbito nacional y regional para facilitar el seguimiento público.

Este modelo de negociación bilateral podría convertirse en referencia para futuros conflictos competenciales, demostrando que el diálogo institucional puede prevenir litigios costosos. Sin embargo, organizaciones ecologistas piden vigilancia para que los ajustes no debiliten la protección de espacios naturales sensibles en la región.

El calendario previsto indica que el Grupo de Trabajo deberá presentar sus primeras propuestas antes del verano 2025, iniciándose entonces la fase de consultas públicas. Mientras tanto, la ley mantiene su vigencia excepto en los artículos específicamente sometidos a revisión, lo que genera cierta incertidumbre jurídica para proyectos urbanísticos en áreas limítrofes de protección ambiental.

• Fecha de firma: 27 de marzo de 2025
• Plazo de implementación: 12 meses desde la publicación en el BOE
• Instituciones involucradas: INSS, ISM y Servicios de Salud de La Rioja
• Perfiles de acceso: Personal sanitario (informes médicos) y no sanitario (situación administrativa)
• Base legal: Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público

El nuevo convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina (ISM) y la Comunidad de La Rioja marca un antes y después en la gestión de expedientes médicos. Desde marzo de 2025, los profesionales sanitarios podrán consultar digitalmente los informes de incapacidad temporal y permanente directamente desde los sistemas del INSS, eliminando la necesidad de solicitudes físicas o intercambios documentales manuales.

El sistema funcionará a través de la Plataforma de Intermediación de Datos (PID), permitiendo dos tipos de acceso: uno completo para médicos (que incluye informes clínicos) y otro básico para personal administrativo (solo estado de expedientes). Esto acelerará procesos como la validación de bajas laborales, revisiones de incapacidad permanente y determinación de contingencias profesionales.

La seguridad de datos es prioritaria: cada acceso queda registrado con NIF del profesional, hora exacta y tipo de consulta. Además, todos los usuarios deben firmar cláusulas de confidencialidad específicas. El acuerdo cumple con el RGPD, usando la excepción de interés público para evitar requerir consentimiento individual en cada consulta.

Las comunidades autónomas tienen 12 meses para adaptar sus sistemas informáticos. La Rioja servirá como piloto, con posibilidad de extender el modelo a otras regiones. El convenio incluye auditorías anuales y un comité de seguimiento tripartito para resolver posibles incidencias.

Para los ciudadanos, esto significa menos retrasos en trámites médicos-administrativos y mayor coordinación entre su hospital autonómico y la Seguridad Social. Los profesionales ganan eficiencia al evitar duplicar pruebas médicas o solicitar documentos ya existentes en otros organismos.