Reformas en Formación Profesional, medidas financieras y ayudas al vehículo eléctrico en el BOE

• Fecha clave: Entra en vigor el 18 de marzo de 2025 según Real Decreto 274/2024
• Sectores beneficiados: Artes Gráficas, Fabricación Mecánica, Servicios Socioculturales y Vidrio/Cerámica
• Niveles de certificación: Nuevos grados A, B y C vinculados a titulaciones existentes (Grados D)
• Requisitos flexibles: Reconocen experiencia laboral y formación previa para acelerar certificación
• Duración orientativa: Desde 540 horas para impresión digital hasta 860 horas en preimpresión

El gobierno español ha dado un paso histórico en la modernización de la Formación Profesional con la aprobación de nuevos certificados profesionales que revolucionan el acceso al mercado laboral. Este cambio, que entrará en vigor en marzo de 2025, crea rutas formativas más flexibles y prácticas en sectores estratégicos como las artes gráficas y los servicios sociales.

La reforma permite obtener certificaciones parciales (grados A y B) o completas (grado C) que se acumulan para conseguir titulaciones oficiales. Por ejemplo, en Artes Gráficas ahora se pueden obtener certificados específicos en operaciones de reprografía o impresión digital en menos de 900 horas, combinando teoría y prácticas en empresas.

Uno de los avances más significativos es el reconocimiento de la experiencia laboral: quienes ya trabajen en estos sectores podrán validar sus conocimientos para acelerar la obtención de certificados. Además, se introduce formación obligatoria en prevención de riesgos laborales y diseño accesible en todos los programas.

Para los jóvenes, esta reforma significa poder especializarse progresivamente mientras trabajan. Los nuevos certificados de nivel básico (3B) en actividades domésticas y limpieza ofrecen una puerta de entrada al sector de servicios socioculturales, con posibilidad de ascender hasta roles técnicos superiores.

Las empresas también se benefician, ya que los contenidos se actualizan constantemente en colaboración con los sectores productivos. Se incluyen competencias digitales avanzadas en áreas como tratamiento de imágenes para impresión o programación de producción en fabricación mecánica.

• Fecha clave: Actualización vigente desde el 4 de abril de 2025
• Límite máximo: No superar el coste de financiación del Estado + diferenciales establecidos
• Plazos variables: Desde 1 mes (2,20%) hasta 360 meses (4,05%)
• Flexibilidad: Comunidades con asesoría propia pueden calcular sus propios costes
• Actualizaciones: Revisión mensual por la Dirección General del Tesoro

El gobierno ha establecido nuevas reglas claras para que comunidades autónomas y ayuntamientos gestionen sus préstamos de forma responsable. Estas normas, actualizadas en abril de 2025, buscan evitar que las administraciones locales se endeuden por encima de sus posibilidades usando como referencia los costes de financiación del Estado. La medida afecta a todos los créditos que soliciten los gobiernos regionales y municipales, estableciendo techos máximos de interés que varían según la duración del préstamo.

Para préstamos a corto plazo (1 mes), el interés no puede superar el 2,20%, mientras que para financiaciones a 30 años (360 meses) el límite se sitúa en el 4,05%. Estas cifras no son fijas, sino que se revisan mensualmente siguiendo la evolución de los mercados financieros. Las comunidades que cuenten con equipos técnicos especializados pueden hacer sus propios cálculos, mientras que el resto deberá usar las tablas oficiales publicadas por el Tesoro.

El sistema incluye mecanismos de protección adicionales: para operaciones variables basadas en el euríbor, se establecen márgenes de seguridad que eviten sobresaltos en las cuotas. Además, se prohíben las comisiones de cancelación anticipada en ciertos tipos de préstamos, dando más flexibilidad a las administraciones para gestionar su deuda.

Estas normas actualizan la resolución original de 2017, adaptándola a la situación económica actual. Su objetivo principal es garantizar que el endeudamiento público se mantenga en niveles sostenibles, protegiendo las finanzas de municipios y comunidades autónomas frente a posibles subidas de tipos de interés.

• Qué cambia: Beneficiarios del PERTE VEC ya no están obligados a usar el mismo auditor de sus cuentas anuales (vigente desde 31/03/2025).
• Requisito clave: Auditores deben estar registrados en el ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas).
• Plazos: Modificaciones aplicables a convocatorias 2022 reguladas por Orden ICT/209/2022.
• Documentación: Justificación electrónica obligatoria mediante sede del Ministerio de Industria y Turismo.

Si tu empresa participa en proyectos del vehículo eléctrico con ayudas del PERTE VEC, hay novedades que te interesan. El gobierno ha simplificado uno de los trámites más complejos: la justificación de cómo usas los fondos recibidos. Hasta ahora, muchas empresas tenían que usar obligatoriamente el mismo auditor que revisa sus cuentas anuales para este proceso, lo que generaba retrasos y complicaciones.

Con los cambios publicados en marzo de 2025, podrás elegir libremente a cualquier auditor registrado oficialmente, siempre que cumpla con los requisitos legales. Esto significa mayor flexibilidad para coordinar plazos y reducir costes. La modificación afecta específicamente a las ayudas concedidas bajo las órdenes ICT/1466/2021 e ICT/209/2022, que forman parte del plan de recuperación europeo.

El proceso se mantiene digital: toda la documentación (incluyendo informes de auditoría y justificantes de gasto) debe presentarse electrónicamente a través del portal del Ministerio. Se eliminan así trámites presenciales, aunque las empresas deben conservar los originales por posibles revisiones posteriores.

Esta medida busca acelerar la ejecución de proyectos estratégicos en movilidad eléctrica, desde fabricación de baterías hasta desarrollo de infraestructuras de carga. Al facilitar la gestión administrativa, se espera que más pymes puedan acceder a estas ayudas sin necesidad de ampliar sus departamentos jurídicos.

• Fecha de aprobación: 25 de marzo de 2025.
• Sustitución de normas: Reemplaza el Acuerdo GOV/175/2013 del 17 de diciembre de 2013.
• Modificaciones previas: Actualizaciones realizadas en diciembre de 2019, diciembre de 2022, junio y diciembre de 2023, y junio de 2024.
• Publicación oficial: Incluye su difusión en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
• Estructura clave: Define gobierno, centros académicos, investigación y servicios universitarios.

La Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC) ha actualizado sus normas de organización y funcionamiento tras un proceso de adaptación al marco jurídico actual. Este cambio, aprobado el 25 de marzo de 2025, refleja años de ajustes realizados desde 2019 para alinear su estructura con las leyes autonómicas y estatales, como la Ley 1/2003 de Universidades de Cataluña y la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario. El objetivo principal es fortalecer la gobernanza, garantizar la transparencia y mejorar la eficiencia en la gestión académica y administrativa.

Las nuevas normas sustituyen al anterior acuerdo de 2013 e introducen cambios significativos en la estructura de la universidad. Se refuerza el modelo federado con entidades como la Fundación Universitaria del Bages y la Fundación de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud, lo que permite una mayor integración de centros y recursos. Además, se detalla la creación y funciones de órganos como el Consejo de Gobierno, la Junta de Rectorado y el Claustro de Universidad, asegurando una participación equilibrada de representantes académicos, estudiantiles y administrativos.

En el ámbito académico, se establecen mecanismos para la actualización de planes de estudio, la promoción de la investigación interdisciplinaria y la internacionalización. La Escuela de Doctorado, por ejemplo, asume un papel central en la coordinación de programas de posgrado y en la formación de investigadores. También se enfatiza el uso del catalán como lengua vehicular, aunque se promueve el plurilingüismo para fomentar la movilidad estudiantil y docente.

En materia de investigación, se definen los Centros de Investigación y Transferencia de Conocimiento (CERT) y los Institutos Universitarios de Investigación (IUI), que trabajarán en colaboración con departamentos y empresas para impulsar proyectos con impacto social y económico. Las cátedras, por su parte, se perfilan como unidades estratégicas para vincular la universidad con sectores profesionales y necesidades territoriales.

La transparencia y la responsabilidad social son pilares en las nuevas normas. Se establecen protocolos para la igualdad de género en los órganos de gobierno y se prioriza la sostenibilidad en proyectos institucionales. Además, se regulan los convenios con hospitales y centros sanitarios para fortalecer la formación práctica en áreas como medicina y enfermería.

Para la comunidad universitaria, estos cambios implican una mayor claridad en los procesos de toma de decisiones, así como oportunidades de participación en comisiones y consejos. Los estudiantes, por ejemplo, tendrán representación en el Consejo de Gobierno y en los claustros, asegurando que sus voces influyan en políticas académicas. Por otro lado, el personal docente y administrativo contará con directrices más precisas para su desarrollo profesional y la evaluación de su labor.

En resumen, esta actualización normativa no solo moderniza la estructura de la UVic-UCC, sino que también consolida su compromiso con la excelencia académica, la innovación y el servicio a la sociedad catalana. Con una visión centrada en la adaptación constante y la colaboración interinstitucional, la universidad se posiciona para enfrentar los retos educativos del futuro.

• Fecha de entrada en vigor: 2 de marzo de 2025 (publicado en el BOE el 3 de abril de 2025)
• Vigencia inicial: 4 años renovables hasta 2033
• Requisitos para acceder: Ser mujer española víctima de violencia física, psicológica o sexual en el extranjero
• Servicios incluidos: Asesoramiento previo al retorno, defensa legal gratuita en España y unidad de atención especializada
• Marco legal: Convenio de Estambul (2011) y Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público

El gobierno español ha dado un paso histórico en la protección de sus ciudadanas en el exterior. Desde marzo de 2025, todas las mujeres españolas que sufran violencia en el extranjero contarán con asistencia jurídica especializada y gratuita, tanto durante su estancia en otros países como al regresar a España. Este programa, resultado de la colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Fundación del Consejo General de la Abogacía, representa un avance crucial en la defensa de los derechos humanos.

El servicio funciona mediante un protocolo de atención integral. Cuando una víctima contacta con el consulado español, se activa inmediatamente un equipo de abogados especializados en violencia de género. Estos profesionales ofrecen asesoramiento sobre opciones legales en el país donde ocurrió la agresión y preparan el terreno para posibles acciones judiciales en España. Lo más innovador es la garantía de continuidad: la misma abogada o abogado que inicia el caso en el extranjero seguirá con el proceso si la víctima decide regresar.

Para acceder a esta ayuda, no se requiere ningún trámite complejo. Basta con identificarse como ciudadana española y presentar una denuncia o relato coherente de los hechos ante las autoridades consulares. El sistema está diseñado para proteger especialmente a quienes tienen hijos menores o personas bajo su tutela, incluyendo apoyo legal específico para casos de custodia internacional.

Uno de los aspectos más valiosos es la formación obligatoria de los profesionales involucrados. Todos los abogados del programa deben acreditar formación específica en violencia de género según la Ley Orgánica 1/2004, además de experiencia en derecho internacional y protección de víctimas. Esto garantiza que las afectadas reciban una atención especializada, sensible a las particularidades de cada caso.

El convenio también establece mecanismos de seguimiento anual a través de una comisión paritaria. Este grupo supervisa la calidad del servicio, propone mejoras y resuelve posibles discrepancias. Además, se ha creado un protocolo de confidencialidad estricto para proteger los datos personales de las víctimas, cumpliendo con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE.

Para muchas mujeres, este programa supone la diferencia entre seguir atrapadas en una situación de violencia o recuperar el control de sus vidas. Desde consultas sobre derechos laborales en el extranjero hasta representación en complejos procesos de divorcio internacional, la asistencia cubre todas las aristas legales derivadas de la violencia de género. Un avance que posiciona a España como referente en la protección consular de sus ciudadanas.

• Fecha de aprobación inicial: Declaración de Impacto Ambiental del 10 de marzo de 2023
• Solicitud de modificación: Presentada el 11 de noviembre de 2024
• Reducción de superficie: 36,71 hectáreas menos (24% del total)
• Nuevos pasillos ecológicos: Anchura total mínima de 900 metros para ambas plantas solares
• Resolución final: Aprobada el 31 de marzo de 2025 por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

El proyecto de los parques solares Vega Solar y Acequia Solar en Guadalajara ha dado un giro innovador que combina eficiencia energética y protección ambiental. Originalmente aprobados en 2023 con una potencia de 50 MWp cada uno, los promotores han solicitado una modificación en el diseño que demuestra cómo la evolución tecnológica puede beneficiar tanto a la producción de energía como al ecosistema local.

La clave de esta actualización está en el uso de mejores técnicas de instalación que permiten reorganizar los paneles solares. Aunque mantienen la misma potencia total (100 MWp combinados), el nuevo diseño reduce en 36,71 hectáreas la superficie ocupada -equivalente a 50 campos de fútbol-. Esta optimización del espacio se logra mediante una disposición más inteligente de los módulos fotovoltaicos, que aprovecha mejor la radiación solar sin necesidad de expandir el terreno.

Pero lo más destacado es la creación de corredores ecológicos. El proyecto original exigía una franja de 50 metros junto a los vallados como refugio para la fauna. La nueva propuesta sustituye esto por pasillos internos más anchos y estratégicamente ubicados. En la planta Acequia Solar, se pasará de 2 pasillos a 3 con anchuras de hasta 480 metros, mientras que Vega Solar incorpora tres corredores donde antes no existían. En total, sumarán 985 metros de conectividad frente a los 134 metros iniciales.

Estos cambios responden a estudios recientes sobre el comportamiento de las rapaces de la zona. Los nuevos pasillos, más anchos y mejor distribuidos, permiten un movimiento más seguro de la fauna autóctona mientras mantienen la eficiencia de las instalaciones. Además, se conserva la medida anti-reflectante en los paneles para evitar deslumbramientos nocturnos que podrían afectar a las aves acuáticas.

El proceso de modificación, iniciado en noviembre de 2024, contó con el visto bueno de organismos clave como la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Junta de Castilla-La Mancha. Aunque algunos grupos ecologistas no emitieron respuesta, el Ayuntamiento de Guadalajara destacó que el nuevo diseño genera menor impacto ambiental que el proyecto original. La aprobación final llegó en marzo de 2025, estableciendo como condición obligatoria mantener los 900 metros totales de pasillos ecológicos entre ambas plantas.

Este caso muestra cómo la energía solar sigue evolucionando hacia modelos más sostenibles. Al reducir la huella territorial y mejorar la integración ambiental, proyectos como estos allanan el camino para futuras instalaciones renovables que compatibilicen la transición energética con la protección de la biodiversidad.

• Potencia Total: 259.456 MW combinados (BESS I: 92.456 MW y BESS II: 167 MW)
• Tecnología: Baterías de ion-litio con sistema Smart Air Cooling
• Ubicación: Jarafuel (Valencia), integrado con planta solar existente de 192 MW
• Inversión Ambiental: 29 medidas de protección en suelos, fauna y patrimonio aceptadas en marzo 2025
• Conexión a Red: 3.178 metros de líneas soterradas para evitar impacto visual

La provincia de Valencia acogerá uno de los proyectos de almacenamiento energético más ambiciosos de España. Se trata de dos macroplantas de baterías (BESS I y II Valle Solar) que trabajarán en conjunto con una instalación fotovoltaica ya operativa, marcando un hito en la integración de renovables.

Con una potencia combinada de 259.456 MW, equivalentes al consumo de 155,000 hogares, estas baterías de última generación usarán tecnología de ion-litio para almacenar el excedente de energía solar producido durante el día. Su función principal será inyectar electricidad en la red durante los picos de demanda nocturnos, ayudando a suavizar las fluctuaciones de precio en el mercado eléctrico.

El proyecto, ubicado en terrenos agrícolas de Jarafuel, ha superado todos los trámites ambientales tras incorporar 29 medidas correctivas. Entre ellas destacan: sistemas antiincendios certificados por bomberos valencianos, protección de hábitats de aves como la calandria común, y compensación de suelos afectados mediante cultivos ecológicos en áreas colindantes.

La conexión subterránea de 3.178 metros garantiza que el impacto visual sea mínimo, mientras que los sistemas de refrigeración inteligente reducen el consumo hídrico a cero. Según los cálculos del promotor, esta infraestructura podría evitar la emisión de 18,000 toneladas anuales de CO2 al desplazar centrales de gas en horas punta.

El calendario de implementación prevé tener operativo el BESS I para finales de 2026 y el BESS II en el primer trimestre de 2027. Su construcción generará 240 empleos directos, priorizando contratación local según los acuerdos con el ayuntamiento de Jarafuel.

Expertos energéticos destacan que proyectos como este son clave para alcanzar los objetivos de almacenamiento nacional (20 GW para 2030) fijados en el PNIEC. Al permitir guardar los excedentes solares diurnos, se reduce la dependencia de combustibles fósiles durante la noche, contribuyendo a estabilizar la tarifa eléctrica.

La inversión total, aunque no desvelada oficialmente, se estima en torno a los 180 millones de euros según analistas del sector. Este modelo híbrido solar-almacenamiento podría replicarse en otras plantas fotovoltaicas de la Comunidad Valenciana, comunidad que aspira a cubrir el 40% de su demanda con renovables para 2030.

• Fecha de declaración: 3 de marzo de 2025 mediante Decreto del Consello de la Xunta de Galicia.
• Ámbito geográfico: Abarca 191 municipios gallegos, con celebraciones como el Carnaval de Laza, Verín y Xinzo de Limia.
• Requisitos legales: Basado en la Ley 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia y respaldado por informes de instituciones como el Museo do Pobo Galego.
• Elementos protegidos: Incluye rituales, máscaras tradicionales, técnicas artesanales y festejos gastronómicos vinculados al Antroido.

El Carnaval en Galicia acaba de recibir un reconocimiento histórico: su declaración como bien de interés cultural inmaterial. Esta decisión, formalizada el 3 de marzo de 2025, protege una de las manifestaciones festivas más arraigadas en la comunidad gallega, que combina elementos paganos y religiosos en una explosión de color, crítica social y tradición.

La medida se fundamenta en la Ley 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia, que valora especialmente su carácter comunitario y su capacidad para reforzar la identidad local. Los informes técnicos destacan cómo el Carnaval gallego mantiene vivas técnicas artesanales centenarias, como la creación de máscaras de madera o los trajes tradicionales de peliqueiro, además de preservar rituales únicos como la ‘farrapada’ o los desfiles de folións.

El calendario carnavalesco gallego es un complejo entramado de fechas significativas que van desde el Domingo Fareleiro (con guerras de harina) hasta el Entierro de la Sardina. Cada etapa tiene sus propios rituales, como el Jueves de Compadres donde se inicia la batalla de géneros, o el Martes de Carnaval con la quema simbólica del meco. Estos eventos no solo son fiestas, sino mecanismos de transmisión intergeneracional de valores y conocimientos.

La declaración incluye medidas concretas de salvaguarda: creación de un registro documental con testimonios orales y audiovisuales, programas de formación para artesanos de máscaras, y apoyo a investigaciones académicas sobre las variantes locales. Se destacan casos como el Carnaval de Xinzo de Limia (declarado de interés turístico internacional) donde se mantiene vivo el personaje del ‘pantalla’, o el de Laza con sus célebres ‘cigarrones’.

Uno de los aspectos más innovadores es el reconocimiento a los ‘informantes patrimoniales’, personas mayores que custodian la memoria de rituales casi desaparecidos. El decreto obliga a las administraciones a consultar a las comunidades portadoras antes de cualquier intervención, garantizando que las tradiciones evolucionen sin perder su esencia.

La gastronomía ocupa un lugar central en esta protección, con recetas específicas como el cocido de Lalín o la androlla de Viana do Bolo que forman parte indivisible de la experiencia carnavalesca. El texto legal también contempla la adaptación de rituales controversiales (como las corridas de gallos) a normativas modernas de protección animal.

Con esta declaración, Galicia pone en valor un patrimonio que atrae a más de 300,000 visitantes anuales y genera una importante actividad económica en temporada baja. Los ayuntamientos deberán ahora integrar la protección del Carnaval en sus planes urbanísticos y culturales, asegurando espacios para su celebración y transmitiendo su significado a nuevas generaciones.

• Fecha de resolución: 10 de marzo de 2025.
• Número de construcciones protegidas: 81 bodegas y cuevas.
• Plazo máximo para finalizar el expediente: 24 meses desde la resolución.
• Protección aplicada: Nivel integral (prohíbe modificaciones sin autorización).
• Participación ciudadana: Período de alegaciones de 1 mes tras publicación oficial.

Las bodegas cueva de Seadur, un conjunto único en Larouco (Galicia), acaban de dar un paso crucial para su preservación. La Xunta de Galicia ha iniciado el procedimiento para declararlas Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima figura de protección patrimonial. Este reconocimiento afecta a 81 construcciones tradicionales que son testimonio vivo de la cultura del vino en Valdeorras desde el siglo XIX.

Estas cuevas no son simples bodegas: su diseño bioclimático, con respiraderos naturales y sistemas de ventilación pasiva, permitía conservar el vino y los esquejes de vid durante la crisis de la filoxera en el siglo XIX. Hoy, su arquitectura de mampostería en granito y esquisto, con cavidades excavadas en la roca, sigue sorprendiendo por su ingeniería popular adaptada al terreno.

La declaración BIC implica medidas concretas: el ayuntamiento de Larouco deberá paralizar licencias de obras que afecten al conjunto, mientras que cualquier intervención necesitará autorización de Patrimonio Cultural. Además, se establece un plazo máximo de 2 años para definir un plan especial de protección que garantice su conservación a largo plazo.

Este reconocimiento no solo protege piedras y bóvedas. Salvaguarda tradiciones como la Ruta de las Cuevas en Semana Santa, donde vecinos y visitantes degustan vinos locales en las mismas instalaciones que usaron sus antepasados. También impulsa el turismo cultural, añadiendo valor a una comarca ya famosa por sus vinos D.O. Valdeorras.

Para los propietarios, la BIC conlleva responsabilidades (mantenimiento obligatorio) pero también oportunidades. Las subvenciones para restauración y el interés turístico pueden revitalizar estas construcciones, muchas aún en uso para actividades vitivinícolas y sociales. Un ejemplo perfecto de cómo proteger el patrimonio puede ser compatible con su uso vivo y generador de economía local.