Medidas urgentes contra aranceles, corrección MOVES III, traspasos a Cataluña y Consejo Memoria Democrática en el BOE

• Ayudas directas: 5.000 millones en avales estatales hasta junio de 2026 para liquidez y reconversión empresarial
• Fondos para internacionalización: Ampliación del FIEM a 700 millones para proyectos de exportación
• Protección financiera: Cobertura CESCE elevada a 15.000 millones para operaciones internacionales
• Plazos flexibles: Suspensión de cómputo de pérdidas de 2020-2021 hasta 2025 para evitar disoluciones empresariales

El Gobierno de España ha activado un plan de emergencia de 14.100 millones de euros para proteger a las empresas afectadas por los nuevos aranceles comerciales impuestos por Estados Unidos. Este paquete combina ayudas directas, financiación preferente y medidas legales excepcionales para amortiguar el impacto en sectores clave como la industria, la exportación de bienes y las cadenas de suministro internacionales.

El plan incluye avales estatales que cubrirán hasta 5.000 millones en préstamos bancarios para empresas con exposición al mercado estadounidense, ya sea como exportadoras directas o proveedoras de otras compañías afectadas. Estas ayudas están disponibles inmediatamente y se extenderán hasta junio de 2026, con posibilidad de prórroga si persisten las tensiones comerciales.

Para impulsar la diversificación de mercados, se refuerza el Fondo para la Internacionalización (FIEM) con 200 millones adicionales, permitiendo financiar proyectos de expansión en nuevos países. Paralelamente, se triplica la cobertura de CESCE para operaciones arriesgadas en mercados emergentes, llegando a 15.000 millones en garantías estatales.

Las pymes recibirán atención especial: podrán solicitar moratorias en el cómputo de pérdidas acumuladas durante la pandemia hasta 2025, evitando así procedimientos de disolución. Además, se establecen mecanismos para renegociar deudas con tipos de interés variables a través del sistema CARI, protegiéndolas de subidas bruscas como las ocurridas tras la guerra en Ucrania.

El despliegue territorial del plan priorizará comunidades autónomas con mayor dependencia del comercio exterior, usando datos reales de exportaciones a EE.UU. durante 2024. Cada trimestre, el Ministerio de Economía deberá rendir cuentas detalladas ante el Congreso sobre la distribución y uso de los fondos.

• Error constitucional corregido: Inclusión del artículo 149.1.14ª sobre Hacienda General (BOE 01/04/2025)
• Actualización de enlace oficial: Nueva URL para consultar vehículos elegibles: https://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES-III
• Precisión legal: Rectificación de competencias estatales en materia de Deuda Pública (página 44746 BOE)

El gobierno ha publicado correcciones esenciales en el programa MOVES III 2025 que todos los interesados en adquirir vehículos eléctricos deben conocer. Estas enmiendas al Real Decreto-ley 3/2025 solucionan errores técnicos que podrían haber generado confusiones o problemas legales en la aplicación de las ayudas.

La primera modificación afecta al fundamento jurídico del decreto, donde se omitió mencionar la competencia exclusiva del Estado en Hacienda General. Este detalle, corregido en la página 44741 del BOE, refuerza la validez legal de todo el programa de incentivos.

Otra rectificación importante actualiza la dirección web oficial para consultar qué modelos de coches eléctricos son elegibles. Los usuarios deben acceder ahora a la versión MOVES-III del listado, disponible en el portal del IDAE. Este cambio evita que solicitantes bienintencionados consulten información desactualizada.

La última enmienda precisa terminología sobre competencias estatales en deuda pública, asegurando coherencia con otros textos legales. Aunque técnico, este ajuste previene posibles recursos legales contra el programa.

Estas correcciones, publicadas en el BOE del 1 de abril de 2025, no afectan a los montos de las ayudas ni a los requisitos básicos para acceder a ellas, pero son vitales para garantizar la seguridad jurídica de todo el proceso. Los interesados en las subvenciones para vehículos eléctricos o puntos de recarga deben verificar que utilizan la documentación actualizada al presentar sus solicitudes.

• Fecha clave: 1 de enero de 2026 (entra en vigor la gestión autonómica)
• Presupuesto inicial: 1,1 millones de euros para costes de transición
• Requisito principal: Domicilio familiar en Cataluña para acceder a las ayudas
• Novedad: Gestión unificada de becas universitarias y no universitarias
• Colaboración: Grupo de trabajo mixto Estado-Generalitat para coordinación anual

El gobierno central ha transferido a Cataluña la gestión completa de becas y ayudas al estudio, un cambio histórico que afectará a miles de estudiantes. A partir de 2026, la Generalitat será responsable de todo el proceso: desde la convocatoria hasta el pago, pasando por la revisión de requisitos y la resolución de recursos. Esto significa que los catalanes tendrán un sistema más cercano y adaptado a sus necesidades educativas específicas.

El traspaso incluye tanto enseñanzas universitarias como no universitarias, garantizando igualdad de condiciones para todos los estudiantes. Aunque el Estado mantiene el control sobre las normas básicas y la financiación, Cataluña podrá ahora decidir cómo organizar los plazos, qué documentación exigir, y cómo optimizar los procesos de verificación. Se crea además un fondo específico de casi un millón de euros anuales para mantenimiento de instalaciones relacionadas con esta gestión.

Para los estudiantes, el cambio principal será que todos los trámites se harán directamente ante la administración catalana. Se mantienen los mismos umbrales de renta y requisitos académicos a nivel nacional, pero la Generalitat podrá añadir criterios complementarios. El sistema promete reducir tiempos de espera y ofrecer asistencia más personalizada en lengua catalana.

• Traspaso legal: Aprobado por Real Decreto 2646/1985 y actualizado en 2025
• Fechas clave: Acuerdo de la Comisión Mixta del 24/02/2025 y vigencia desde abril 2025
• Infraestructuras incluidas: EDAR del Baix Llobregat, plantas depuradoras de Lleida y Tarragona, y redes de colectores
• Duración de convenios: Cesión mínima de 10 años renovables para obras del Ebro
• Presupuesto: Mantenimiento asumido por la Generalitat mediante convenios estatales

El gobierno central y Cataluña han dado un paso histórico en la gestión del agua con el traspaso definitivo de competencias sobre obras hidráulicas. Este cambio, aprobado en abril de 2025, permite que la Generalitat administre directamente infraestructuras clave como depuradoras y redes de distribución, agilizando decisiones y mejorando el servicio a los ciudadanos.

El proceso se basa en el Estatuto de Autonomía y leyes estatales que permiten transferir competencias cuando las obras no son de interés general. Entre las instalaciones traspasadas destacan la EDAR del Baix Llobregat, vital para el área metropolitana de Barcelona, y plantas depuradoras en zonas rurales de Lleida y Tarragona que afectan a miles de usuarios.

Este acuerdo incluye mecanismos claros: la Generalitat asume costes de mantenimiento, pero recibe apoyo técnico inicial del Estado. Para los ciudadanos significa respuestas más ágiles ante incidencias y proyectos adaptados a necesidades locales, aunque se mantienen los estándares de calidad estatales en el tratamiento de aguas.

• Fecha de aprobación: 18 de marzo de 2025, con entrada en vigor 20 días después de su publicación en el BOE.
• Sectores cubiertos: Industrias Alimentarias, Seguridad y Medio Ambiente, Textil/Confección, y Transporte/Mantenimiento de Vehículos.
• Niveles de certificación: Grados C, B y A vinculados a Grados D, con validez nacional y enfoque en competencias prácticas.
• Requisitos docentes: Profesores deben tener titulación universitaria o certificados profesionales, además de experiencia práctica en el sector.
• Duración flexible: Horas variables según certificado (ej: 635 horas para Operaciones Básicas en Laboratorio de Alimentos).

El Real Decreto 274/2024, aprobado en marzo de 2025, marca un hito en la modernización de la Formación Profesional en España. Esta normativa establece un sistema estructurado de certificados profesionales en cuatro familias clave: Industrias Alimentarias, Seguridad y Medio Ambiente, Textil/Confección, y Transporte/Mantenimiento de Vehículos. El objetivo principal es cerrar la brecha entre la formación académica y las necesidades reales del mercado laboral, especialmente en sectores estratégicos para la economía nacional.

Los nuevos certificados se organizan en tres niveles (C, B y A) que funcionan como escalones formativos complementarios a los Grados D existentes. Por ejemplo, en la familia de Industrias Alimentarias se incluyen certificados como «Operaciones Básicas en Laboratorio de Análisis de Alimentos» (635 horas) o «Elaboración de Productos Alimenticios» (775 horas), diseñados para capacitar desde auxiliares hasta técnicos especializados. Cada certificado combina formación teórica con prácticas en entornos reales, incluyendo estancias en empresas obligatorias salvo que se acredite experiencia previa.

Uno de los avances más significativos es la flexibilidad en las modalidades de enseñanza: presencial, semipresencial y virtual. Esto permite adaptar la formación a diferentes realidades geográficas y personales, manteniendo siempre los estándares de calidad. Además, se enfatiza la accesibilidad universal, garantizando que personas con discapacidad puedan acceder a estos programas mediante ajustes razonables en instalaciones y metodologías.

El decreto también actualiza los requisitos para el profesorado, exigiendo no solo titulaciones académicas sino también certificaciones específicas en docencia para FP. Se valora especialmente la experiencia profesional práctica, permitiendo que expertos con al menos 4 años en el sector puedan impartir formación tras obtener la habilitación pedagógica correspondiente.

Para las empresas, esta reforma significa contar con profesionales mejor preparados en áreas técnicas específicas. En el sector alimentario, por ejemplo, se crearán perfiles como auxiliares de laboratorio especializados en análisis de calidad, mientras que en transporte se formarán técnicos en mantenimiento electromecánico de vehículos con conocimientos actualizados en nuevas tecnologías.

El impacto económico esperado es notable: según datos del Ministerio, se prevé que estos certificados cubran más de 120 ocupaciones demandadas actualmente en el mercado laboral. Sectores como la vitivinicultura, la seguridad ambiental o la confección textil recibirán un impulso en productividad gracias a la especialización del personal.

Un aspecto innovador es el sistema de acreditación parcial de competencias, que permite validar conocimientos adquiridos mediante experiencia laboral o formación no reglada. Esto facilita la reconversión profesional de trabajadores en activo sin necesidad de cursar programas completos desde cero.

La implementación de esta normativa se enmarca en el Programa FSE+ 2021-2027, contando con financiación europea para su desarrollo. Las comunidades autónomas tendrán autonomía para adaptar los contenidos a sus particularidades regionales, manteniendo siempre el núcleo común establecido a nivel nacional.

Para los estudiantes, estos cambios suponen oportunidades claras: itinerarios formativos más cortos y específicos, posibilidad de acumular certificados progresivamente, y una mayor conexión con empleadores potenciales desde las etapas iniciales de formación. Los certificados incluyen módulos transversales como prevención de riesgos laborales y gestión ambiental, asegurando una formación integral acorde a las exigencias actuales de sostenibilidad y seguridad en el trabajo.

• Presupuesto total: 29.435.000 €, con 7,35 millones para ECAM y 22,07 millones para ESCAC.
• Meta de formación: Al menos 10.000 profesionales capacitados (7.500 por ESCAC y 2.500 por ECAM) antes del 15 de junio de 2026.
• Reducción de horas: De 375 a 150 horas mínimas por formación, ajustando los requisitos por la guerra en Ucrania.
• Instituciones clave: ECAM (Madrid) y ESCAC (Cataluña), líderes en formación audiovisual en España.
• Financiación europea: Incluida en el Componente 19 del Plan de Recuperación español, con etiqueta digital 100%.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado por los fondos europeos Next Generation EU, incluye una ambiciosa apuesta por la formación en competencias digitales para el sector audiovisual. Con un presupuesto de 29,4 millones de euros, el proyecto busca capacitar a 10.000 profesionales antes de junio de 2026, adaptándose a los cambios provocados por la guerra en Ucrania y la revolución tecnológica en el cine.

Las escuelas ECAM (Madrid) y ESCAC (Cataluña) lideran esta iniciativa, ofreciendo cursos especializados de 150 horas con enfoque práctico. Los programas incluyen desde dirección y producción hasta efectos visuales y marketing digital, utilizando metodologías innovadoras como microcredenciales reconocidas en el Europass. Además, se prioriza la igualdad de género y la formación en zonas rurales.

El ajuste de horas (de 375 a 150) y la extensión del plazo hasta 2026 permiten mayor flexibilidad. Los participantes recibirán certificaciones avaladas por la UE, con énfasis en herramientas como Photoshop, SketchUp y técnicas de inteligencia artificial aplicadas al sector.

Este proyecto no solo moderniza la industria cultural española, sino que también genera empleo cualificado y posiciona a España como referente en producción audiovisual digital. Las subvenciones cubren el 100% de los costos para los beneficiarios, incluyendo materiales y docencia especializada.

Para acceder, los interesados deben registrarse a través de las plataformas de ECAM o ESCAC, cumpliendo con los requisitos básicos de experiencia en el sector. La convocatoria permanecerá abierta hasta agotar plazas, con prioridad para mujeres y jóvenes de áreas con baja densidad poblacional.

• Evento reconocido: Fiesta de la Vendimia de la D.O.P. Cariñena
• Fecha de declaración: Resolución oficial publicada el 14 de marzo de 2025
• Ubicación: Comarca Campo de Cariñena (Aragón)
• Marco legal: Conforme a la Orden ICT/851/2019 y leyes 39/2015 y 29/1998
• Plazos de recurso: 1 mes para reposición o 2 meses para contencioso-administrativo

La declaración de la Fiesta de la Vendimia de Cariñena como celebración de Interés Turístico Nacional marca un hito histórico para el enoturismo español. Este reconocimiento, otorgado por la Secretaría de Estado de Turismo el 14 de marzo de 2025, posiciona a esta tradición centenaria aragonesa en el mapa turístico nacional, atrayendo nuevos visitantes y generando oportunidades económicas para la región.

La fiesta, organizada en la comarca vitivinícola de Campo de Cariñena, rinde homenaje a la cosecha anual de uvas que dan vida a los afamados vinos con Denominación de Origen Protegida. Los visitantes podrán experimentar desde el pisado tradicional de la uva en lagares históricos hasta degustaciones guiadas por expertos enólogos, pasando por exposiciones sobre técnicas ancestrales de viticultura.

Este título turístico implica beneficios concretos para la zona: aumento de presupuesto para promoción, prioridad en circuitos turísticos oficiales y mayor apoyo institucional para la organización del evento. Las estimaciones preliminares sugieren un incremento del 30-40% en visitantes durante la próxima edición, lo que se traducirá en mayor ocupación hotelera y dinamización del comercio local.

El proceso de declaración, regulado por la Orden ICT/851/2019, requirió cumplir estrictos criterios como antigüedad mínima de la celebración, originalidad de las tradiciones y capacidad para generar flujos turísticos significativos. La resolución, publicada en el BOE, establece que cualquier recurso contra esta decisión debe presentarse dentro del mes siguiente a su notificación para el recurso de reposición, o dos meses para el contencioso-administrativo.

Para los amantes del vino y el turismo cultural, esta declaración garantiza la preservación de rituales únicos como el «concurso de pisadores», los desfiles de carretas engalanadas y las catas comparativas de mostos. Los organizadores prevén implementar para 2026 nuevas actividades como talleres de maridaje y rutas guiadas por los viñedos centenarios de la zona.

Este reconocimiento consolida a Aragón como destino enológico de referencia, complementando otras atracciones como el Parque Nacional del Moncayo o la arquitectura mudéjar de la región. Expertos en turismo prevén que la mayor visibilidad generará un efecto arrastre en otras temporadas, reduciendo la estacionalidad típica del sector.

Los interesados en asistir a la próxima edición deben planificar con antelación su visita, ya que se espera alta demanda de alojamientos rurales y plazas limitadas para actividades especiales. La web oficial de la D.O.P. Cariñena ofrecerá actualizaciones sobre fechas exactas, programa de eventos y opciones de paquetes turísticos integrados.

• Límites de captura: 12.862 toneladas de patudo asignadas a España en 2025 (Reglamento UE 2025/202).
• Vigencia: Medida aplicable durante la campaña pesquera de 2025, tras publicación en el BOE.
• Requisito clave: Transmisiones de cuotas de rabil implicarán ajustes proporcionales en capturas de patudo.
• Base legal: Resolución 23/04 de la CAOI (2023) y Orden APA/25/2021.

El gobierno español ha implementado una medida excepcional para facilitar la actividad pesquera en el Océano Índico durante 2025. Ante los nuevos límites de captura de patudo (Thunnus obesus) establecidos por la Unión Europea, se autoriza a los barcos atuneros españoles a gestionar de forma conjunta sus cuotas de pesca. Esta flexibilización busca evitar que las flotas enfrenten paralizaciones técnicas debido a la complejidad de manejar dos especies simultáneamente (rabil y patudo) en una misma zona de pesca.

La normativa, publicada en el BOE a partir del 31 de marzo de 2025, permite que los armadores transfieran temporalmente sus derechos de captura entre embarcaciones registradas en el censo oficial. Sin embargo, hay un detalle crucial: cualquier transferencia de cuotas de rabil deberá compensarse con ajustes equivalentes en las capturas permitidas de patudo. Esto garantiza que no se superen los límites totales establecidos por la Comisión del Atún del Océano Índico (17.010 toneladas para la UE en 2024-2025).

Para acceder a este sistema colaborativo, los pesqueros deben presentar solicitudes siguiendo el artículo 7 bis de la Orden APA/25/2021. La medida incluye salvaguardas contra el exceso de capturas mediante un sistema de proporcionalidad: si un barco transfiere el 20% de su cuota de rabil, automáticamente reducirá su límite de patudo en la misma proporción. Este mecanismo busca mantener el equilibrio ecológico mientras maximiza la eficiencia operativa de la flota.

Los armadores afectados disponen de plazos específicos para presentar recursos administrativos, aunque la orden entra en vigor inmediatamente tras su publicación oficial. Expertos del sector pesquero destacan que esta medida podría aumentar hasta un 15% la rentabilidad de las campañas al reducir tiempos muertos por agotamiento parcial de cuotas individuales.

• Fecha de aplicación: 4 de abril de 2025 (vigente hasta final de campaña)
• Stocks asignados: ANF/8C3411, HKE/8C3411, JAX/08C y otros 5 tipos con distribución específica por buque
• Exclusiones: 10 buques eliminados por solicitudes extemporáneas o superación de cuotas
• Pendiente de resolución: 9 stocks adicionales en verificación de cumplimiento de límites
• Entrega de resultados: Informes científicos o datos brutos de observación de cetáceos obligatorios

La Secretaría General de Pesca ha publicado la resolución que define cómo se distribuirán las capturas con fines científicos durante la campaña de 2025. Este documento oficial, firmado el 4 de abril, establece las reglas claras para los barcos investigadores y busca equilibrar la recopilación de datos con la protección de los recursos marinos.

La normativa aplica para 8 tipos de poblaciones pesqueras específicas (desde merluza hasta caballa), con asignaciones detalladas en kilogramos para cada embarcación autorizada. Buques como el Baleiro Primero o el Saíñas aparecen en el listado oficial con permisos para capturas que van desde los 22 kg hasta más de 500,000 kg según el stock investigado.

Uno de los aspectos más relevantes es la exclusión automática de cualquier barco que haya superado sus cuotas asignadas antes de la publicación de esta resolución. El anexo II revela que 10 embarcaciones como el Abra de Aguiño o el Novo Pillalban quedaron fuera por presentar documentación fuera de plazo o retirar sus solicitudes.

Los participantes deberán enviar sus hallazgos a la Dirección General de Pesca Sostenible, incluyendo en algunos casos grabaciones de observación de cetáceos. Esta medida busca transparentar las investigaciones y garantizar que las capturas científicas realmente contribuyan al manejo sostenible de los recursos pesqueros.

Quedan pendientes de asignación 9 stocks adicionales, cuya distribución se publicará posteriormente tras verificar el cumplimiento de límites. La resolución incluye mecanismos de recurso administrativo y estará vigente durante toda la campaña 2025 desde su publicación en el BOE.

• Firma del convenio: 29 de noviembre de 2024, con subsanación el 17 de marzo de 2025.
• Vigencia: Desde su publicación en el BOE hasta el 31 de diciembre de 2027.
• Salarios: Tablas salariales actualizadas desde el 1 de enero de 2025, con reajustes anuales basados en IPC (mínimo 1,5% y máximo 4%).
• Inclusión laboral: Empresas con 50+ empleados reservan el 3% de plazas para personas con discapacidad.
• Subrogación: Garantiza continuidad laboral en cambios de contratistas o titularidad de servicios.

El XVI Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, firmado en noviembre de 2024 y publicado en marzo de 2025, introduce cambios significativos en el sector. Este acuerdo, aplicable en toda España, establece nuevas condiciones laborales para trabajadores de centros privados y públicos gestionados por entidades privadas, enfocados en la atención, rehabilitación e integración de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.

Entre sus principales novedades, destaca la actualización de las tablas salariales para 2025, 2026 y 2027, con incrementos anuales vinculados al IPC (limitados entre un 1,5% y 4%). Además, se refuerzan medidas de inclusión, como la reserva del 3% de plazas en empresas de más de 50 trabajadores para personas con discapacidad, y se garantizan ajustes razonables en procesos de selección.

El convenio regula aspectos clave como la estructura de negociación colectiva, priorizando acuerdos autonómicos que mejoren condiciones laborales, y establece normas claras para contrataciones temporales, prácticas profesionales y trabajo a tiempo parcial. También introduce un complemento de desarrollo y capacitación profesional con tres niveles, vinculado a formación continua, y mantiene derechos adquiridos en convenios anteriores.

En materia de conciliación, se protege a víctimas de violencia de género con prioridad en movilidad geográfica y reserva de puestos. Además, se refuerza la estabilidad laboral mediante normas de subrogación en cambios de contratistas, garantizando la continuidad de los trabajadores con todos sus derechos.

Para centros especiales de empleo, el convenio asegura que las retribuciones se ajusten a la actividad realizada, incluso si superan lo pactado aquí. Se incluyen también protocolos para evitar despidos arbitrarios de personas con discapacidad, requiriendo informes de equipos multiprofesionales antes de cualquier decisión.

La Comisión Paritaria, órgano de seguimiento del convenio, tendrá mayor protagonismo en resolver conflictos e interpretar cláusulas, con capacidad para mediar en casos de movilidad geográfica o modificaciones sustanciales de condiciones laborales. Este marco busca equilibrar flexibilidad empresarial con derechos laborales, promoviendo un sector más estable e inclusivo.