Recursos de inconstitucionalidad contra impuestos clave y modificación de leyes, corrección de cotizaciones a la Seguridad Social y acuerdos internacionales en el BOE

• Fecha clave: 8 de abril de 2025 – Tribunal Constitucional admite el recurso
• Norma impugnada: Ley 7/2024 del 20 de diciembre de 2024
• Impuestos cuestionados: Complementario a multinacionales, sobre entidades financieras y líquidos para vapeo
• Plazo estimado: Proceso constitucional podría durar entre 6 y 18 meses
• Entidad demandante: Junta de Extremadura contra disposición del Gobierno central

El Tribunal Constitucional ha puesto en marcha un proceso clave que afecta directamente a los bolsillos de todos. La Junta de Extremadura ha presentado un recurso contra parte de la Ley 7/2024, conocida como ‘ley de impuestos a grandes corporaciones’, que establece tres nuevos gravámenes: uno para multinacionales que paguen pocos impuestos en España, otro sobre los márgenes de bancos y entidades financieras, y un tercero para productos de vapeo. Lo que está en juego es si estos impuestos, especialmente el que afecta a grandes empresas, cumplen con la Constitución.

Para entender por qué esto importa a ciudadanos de a pie: si el Tribunal finalmente da la razón a Extremadura, comunidades autónomas y ayuntamientos podrían perder parte de los ingresos que se esperaban recaudar. Esto podría afectar a servicios públicos o, por otro lado, aliviar la presión fiscal sobre empresas que operan en tu región. El proceso será seguido de cerca por sindicatos, asociaciones empresariales y economistas, ya que marca un precedente sobre cómo se grava a las grandes corporaciones en España.

Lo más inmediato es que la admisión a trámite del recurso podría congelar temporalmente la aplicación del impuesto a multinacionales. Mientras dure el proceso legal (que expertos calculan entre medio año y año y medio), las empresas afectadas podrían retener pagos o solicitar devoluciones. Esto genera incertidumbre tanto para las arcas públicas como para las estrategias fiscales de grandes compañías.

Para autónomos y pymes, aunque no son el objetivo directo de estos impuestos, el resultado final podría influir en su relación con grandes clientes corporativos. Si las multinacionales terminan pagando más impuestos en España, podría afectar a precios de servicios o cadenas de suministro. Por otro lado, si el tribunal anula el impuesto, se mantendría el actual sistema de tributación empresarial.

El caso también tiene un componente territorial importante. Extremadura argumenta que la ley invade competencias autonómicas en materia tributaria. Esto podría abrir la puerta a que otras comunidades presenten recursos similares en el futuro, especialmente sobre leyes fiscales que afecten a empresas con presencia en múltiples regiones.

• Fecha del recurso: 8 de abril de 2025
• Norma impugnada: Apartado 21 de la Ley 7/2024 (Impuesto a entidades financieras)
• Promotor: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
• Plazo estimado resolución: 6-12 meses (según precedentes)

El Tribunal Constitucional acaba de dar un paso crucial en un caso que afecta directamente a los bolsillos de todos. Castilla-La Mancha ha presentado un recurso contra un polémico impuesto incluido en la última reforma fiscal, específicamente contra el gravamen a los márgenes financieros de los bancos. ¿Qué significa esto? Básicamente, se está cuestionando si el gobierno central tiene derecho a aplicar este impuesto adicional a las entidades financieras.

El proceso podría durar hasta un año, y mientras tanto, existe la posibilidad de que se congele la aplicación de esta parte de la ley. Esto genera incertidumbre tanto para los bancos como para los contribuyentes, ya que podría afectar a los tipos de interés y comisiones que pagamos en productos financieros. Expertos consultados señalan que si finalmente el Tribunal da la razón a Castilla-La Mancha, el Estado tendría que devolver lo recaudado hasta la fecha con este impuesto.

Para entender la magnitud: este impuesto a entidades financieras pretendía recaudar unos 1,200 millones anuales según las estimaciones oficiales. Su posible eliminación afectaría directamente a los Presupuestos Generales del Estado, lo que podría generar ajustes en otras partidas. Mientras tanto, las comunidades autónomas como Castilla-La Mancha argumentan que este tipo de impuestos afecta su capacidad para gestionar tributos propios.

Lo que viene ahora es un complejo proceso jurídico donde se analizará si este impuesto invade competencias autonómicas o si, por el contrario, el Estado tenía fundamento legal para aplicarlo. Ciudadanos y pequeñas empresas deberían estar atentos a cómo evoluciona este caso, pues podría traer cambios en las condiciones de créditos hipotecarios y productos de ahorro.

• Fecha clave: 8 de abril de 2025 (admisión del recurso)
• Artículos afectados: 4, 87, 88 y 89.2-3 de la Ley 1/1983
• Vigencia suspendida: Desde el 27 de marzo de 2025 para las partes involucradas
• Publicación oficial: Suspensión general tras edicto en el BOE

El Tribunal Constitucional ha puesto freno a una de las reformas más controvertidas en la administración madrileña. Tras el recurso presentado por el presidente del Gobierno, la ley que modificaba las reglas de gestión pública en Madrid queda en suspenso hasta que se resuelva su constitucionalidad. Esto significa que, por ahora, no se aplicarán los cambios previstos en cómo se organizan y toman decisiones los organismos locales y autonómicos.

La medida afecta directamente a artículos clave que pretendían reorganizar competencias entre ayuntamientos y gobierno regional. Para los ciudadanos, implica que cualquier trámite o servicio público que dependiera de estas modificaciones seguirá funcionando como antes, al menos hasta que haya un veredicto definitivo. Las instituciones afectadas deberán mantener sus procedimientos actuales, evitando aplicar las nuevas normas cuestionadas.

Este ‘parón judicial’ muestra la tensión entre administraciones y marca un precedente importante sobre cómo se gestionan las reformas estructurales en las comunidades autónomas. El proceso podría prolongarse varios meses, dejando en incertidumbre algunos proyectos de modernización administrativa que dependían de estos cambios legales.

• Fecha de aplicación: 1 de enero de 2025 (retroactivo)
• Corrección publicada: 26 de febrero de 2025 en el BOE
• Nuevo mínimo: 8,32€ por hora trabajada (antes 7,97€)
• Documento afectado: Orden PJC/178/2025 sobre cotizaciones sociales

El Gobierno ha rectificado un error importante en las normas de cotización a la Seguridad Social para este 2025. La corrección, publicada en el Boletín Oficial del Estado, aumenta el mínimo que deben pagar trabajadores y empresas por cada hora trabajada. Este cambio afecta directamente a las nóminas y las obligaciones de las empresas desde principios de año.

La actualización corrige un cálculo erróneo en la base mínima por hora, que pasa de 7,97€ a 8,32€. Esto significa que todas las horas trabajadas desde el 1 de enero deben recalcularse con la nueva cifra. Para los trabajadores con salarios por hora o contratos temporales, esta modificación podría traer ajustes en sus cotizaciones y beneficios sociales asociados.

Las empresas deben revisar sus liquidaciones de los primeros meses del año para aplicar la corrección. Aunque el cambio parece pequeño, multiplicado por las horas trabajadas de toda una plantilla, puede suponer diferencias significativas en las cotizaciones. Los departamentos de RRHH tienen hasta final de marzo para regularizar esta situación sin penalizaciones.

Este ajuste muestra la importancia de estar atentos a las publicaciones oficiales del BOE, incluso meses después de la entrada en vigor de las normas. Para los autónomos y pequeñas empresas, se recomienda consultar con asesores laborales para garantizar el cumplimiento correcto de las nuevas bases de cotización.

• Firma del acuerdo: 5 de octubre de 1993 en Madrid
• Entrada en vigor: 10 de junio de 2022 tras cumplir requisitos legales
• Publicación oficial: Boletín Oficial del Estado Nº294 del 9 de diciembre de 1993
• Notificación final: 4 de abril de 2025 con validación técnica

El histórico acuerdo de transporte aéreo entre España e Indonesia acaba de alcanzar su fase operativa completa tras casi tres décadas de desarrollo. Este pacto, firmado originalmente en 1993, establece las bases legales para los servicios aéreos regulares entre ambos países, permitiendo a las aerolíneas operar rutinas comerciales con seguridad jurídica.

La entrada en vigor definitiva el 10 de junio de 2022 marca un hito en las relaciones bilaterales. Para activarse, ambos gobiernos cumplieron requisitos constitucionales específicos, notificándose mutuamente por escrito según lo establecido en el Artículo XXI del acuerdo. Este proceso de ratificación garantiza que todas las operaciones aéreas se realicen bajo parámetros legales claros y reconocidos internacionalmente.

Los viajeros y empresas de transporte se benefician de un marco estable que regula aspectos clave como:

– Derechos de sobrevuelo sin restricciones
– Posibilidad de establecer rutas comerciales directas
– Coordinación de protocolos de seguridad aeroportuaria
– Armonización de estándares técnicos para operaciones

La publicación en el BOE de diciembre de 1993 y la notificación técnica de abril de 2025 completan el ciclo administrativo, dando plena validez legal a las operaciones. Este marco facilita la planificación de nuevas rutas aéreas comerciales, potencialmente reduciendo costes operativos para aerolíneas y mejorando la oferta de vuelos para pasajeros.

Para usuarios finales, se traduce en mayor flexibilidad para viajes turísticos o de negocios entre ambos países. Las compañías aéreas pueden ahora programar vuelos regulares con certeza jurídica, lo que podría incrementar la competencia en el sector y eventualmente optimizar tarifas.

El acuerdo incluye cláusulas de reciprocidad que permiten a aerolíneas españolas operar en territorio indonesio bajo las mismas condiciones que las compañías locales, y viceversa. Este equilibrio favorece el desarrollo equilibrado del transporte aéreo comercial entre ambos países.

Expertos del sector destacan que este marco legal actualizado podría impulsar el turismo bilateral y facilitar acuerdos comerciales complementarios. La conectividad aérea directa y regulada se considera un factor clave para el crecimiento económico en sectores como:

– Intercambio turístico
– Transporte de mercancías perecederas
– Cooperación tecnológica aeronáutica
– Programas de intercambio cultural

Las autoridades de aviación civil de ambos países trabajarán ahora en la implementación práctica del acuerdo, coordinando horarios de vuelos, asignación de espacios aeroportuarios y protocolos de seguridad conjuntos.

• Actualización oficial: Resolución del 31 de marzo de 2025 publicada en el BOE
• Marco legal: Modificación bajo la Orden HAC/714/2024 (2 de julio de 2024)
• Documentación clave: 5 nuevos modelos de formularios disponibles para consulta pública
• Responsable: Dirección General de Fondos Europeos liderada por Ana Cristina Peña Sánchez

El gobierno ha dado un paso importante para simplificar el acceso a los incentivos regionales. Gracias a la última actualización publicada el 2 de abril de 2025, cualquier persona o empresa que quiera solicitar estas ayudas contará con procesos más claros y formularios estandarizados.

La novedad principal radica en la publicación de cinco modelos actualizados de solicitud, que sustituyen a los anteriores. Estos documentos oficiales, disponibles tanto en PDF como en formato imagen, fueron revisados mediante resolución de la Dirección General de Fondos Europeos el 31 de marzo de 2025. Su diseño renovado busca eliminar ambigüedades y reducir errores comunes en las solicitudes anteriores.

Para entender el contexto, esta modificación se enmarca dentro de la Orden HAC/714/2024 aprobada en julio de 2024, que establece las normas complementarias para la gestión de estos incentivos. La actualización mantiene coherencia con la Ley 50/1985 de incentivos regionales, pero introduce mejoras prácticas basadas en la experiencia recogida de gestiones anteriores.

Los principales beneficios de estos cambios son:

– Reducción de requisitos redundantes en los formularios
– Instrucciones más detalladas para cada sección
– Mayor flexibilidad en la presentación de documentación complementaria
– Eliminación de apartados obsoletos que ya no aplican

Cualquier interesado puede consultar los nuevos modelos directamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se muestran tanto en formato página completa como adaptados para visualización digital. Es fundamental usar exclusivamente estas versiones actualizadas, ya que las solicitudes con formatos anteriores podrían ser rechazadas a partir del 1 de mayo de 2025.

Para quienes ya tenían procesos en marcha, la disposición establece un periodo de transición de 30 días naturales desde la publicación para adaptar sus solicitudes pendientes. La Dirección General de Fondos Europeos ha habilitado un canal de consultas específico para resolver dudas sobre la transición a los nuevos formularios.

Este cambio forma parte de una estrategia más amplia para modernizar la gestión de fondos públicos, donde se prioriza la transparencia en los requisitos y la accesibilidad de la información. Al estandarizar los procesos, se busca no solo beneficiar a los solicitantes, sino también agilizar los tiempos de revisión por parte de la administración.

• Periodo OSP: Del 1 de noviembre al 31 de marzo (antes hasta abril)
• Frecuencias mínimas: 2 vuelos diarios base + hasta 1 frecuencia extra en fechas clave (navidad, Semana Santa y enero)
• Capacidad: Mínimo 100 asientos por avión en todos los vuelos
• Vigencia: Aplicable desde el 8 de abril de 2025 (publicación en BOE)

Si planeas viajar entre Menorca y Madrid en los próximos años, hay cambios importantes en los vuelos que debes conocer. Las nuevas normas aprobadas por el Ministerio de Transportes buscan equilibrar las necesidades de los viajeros durante todo el año, especialmente en temporada baja.

Desde noviembre de 2025, la ruta contará con un sistema mixto: entre noviembre y marzo (los meses con menos demanda) habrá vuelos garantizados por el gobierno con horarios fijos. Esto significa que aunque viajes en pleno invierno, tendrás al menos dos vuelos diarios en cada dirección. Los horarios clave para el primer y último vuelo del día están fijados entre las 7-8h desde Menorca y 20-21h desde Madrid.

¿Qué novedades trae este cambio? Durante fechas específicas de alta demanda como Navidad (del 20 dic al 2 ene) o puentes de diciembre y enero, las aerolíneas deberán añadir al menos un vuelo extra diario. También habrá refuerzos para Semana Santa si coincide con el periodo cubierto. Para el resto del año (de abril a octubre), las compañías podrán operar libremente sin restricciones gubernamentales.

Este sistema busca evitar dos problemas: por un lado, que en temporada baja haya pocos vuelos y precios altos, y por otro, que en verano las aerolíneas no puedan ofrecer más conexiones por normas rígidas. Los aviones usados deberán tener capacidad mínima de 100 asientos, asegurando que no se usen avionetas pequeñas en la ruta.

Si ya has tenido problemas para encontrar vuelos en temporada media, esta reforma podría ayudarte. Las aerolíneas tendrán más flexibilidad para añadir vuelos extra los fines de semana o en fechas concretas, siempre que informen con anticipación. Para los residentes en Menorca, significa mayor estabilidad en los servicios básicos de conexión con la capital durante el invierno.

El gobierno mantendrá supervisión sobre el cumplimiento de estos requisitos, que entrarán oficialmente en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE (prevista para abril de 2025). Esto da tiempo suficiente a las compañías aéreas para adaptar sus programas de vuelos y a los viajeros para planificar sus próximos viajes con las nuevas condiciones.

• Fecha de implementación: 18 de marzo de 2025 (publicación en el BOE).
• Certificados disponibles: 14 certificados profesionales en áreas como cocina, servicios de restaurante, gestión de alojamientos y panadería.
• Duración de los cursos: Desde 455 hasta 840 horas, según el certificado (ejemplo: 560 horas para Servicios Auxiliares en Cocina).
• Requisitos de acceso: Título de educación secundaria o experiencia laboral de 4 años en el sector.
• Marco legal: Ley Orgánica 3/2022 y Real Decreto 659/2023 que regulan la formación profesional.

El sistema de Formación Profesional en España ha dado un salto histórico con la aprobación del Real Decreto 274/2024, que establece nuevos certificados profesionales en el ámbito de la hostelería y el turismo. Esta reforma, en vigor desde marzo de 2025, busca acercar la formación a las necesidades reales del mercado laboral mediante una estructura modular y flexible.

Los certificados se organizan en tres niveles (A, B y C) que permiten a los estudiantes progresar gradualmente. Por ejemplo, un auxiliar de cocina puede comenzar con el Grado C en Servicios Auxiliares (560 horas) y avanzar hacia el Grado B en Procesos de Cocina, acumulando competencias reconocidas oficialmente. Cada certificado incluye módulos prácticos en empresas, con la posibilidad de convalidar experiencia laboral previa.

Entre las novedades destacan 14 certificados específicos para la familia profesional de Hostelería y Turismo, que cubren desde operaciones básicas en lavandería de hoteles (HOT_C_005_3B) hasta gestión avanzada de eventos turísticos (HOT_C_005_5B). Los cursos combinan formación técnica con habilidades transversales como prevención de riesgos laborales y atención al cliente, incluyendo adaptaciones para personas con discapacidad.

Para acceder, los aspirantes necesitan título de ESO o demostrar 4 años de experiencia en el sector. La docencia estará a cargo de profesionales con titulación universitaria o técnica, además de un certificado específico de habilitación pedagógica. Las comunidades autónomas podrán ofrecer estos programas en modalidad presencial, semipresencial o virtual, garantizando prácticas en empresas colaboradoras.

Este modelo no solo facilita la inserción laboral inmediata en puestos como ayudante de cocina, camarero o recepcionista hotelero, sino que permite acumular créditos para obtener titulaciones superiores. Además, incluye formación en tecnologías emergentes y sostenibilidad ambiental, respondiendo a las demandas de un sector en constante evolución.

Con una inversión vinculada al Programa FSE+ 2021-2027, esta reforma representa una oportunidad clave para trabajadores y empresas del sector, que podrán contar con personal cualificado bajo estándares europeos de calidad.

• Horario permitido: Actividades escolares de 7:00 a 21:00 horas
• Deportes autorizados: Instalaciones registradas pueden operar hasta las 22:00
• Entrada en vigor: 29 de marzo de 2025 (al día siguiente de su publicación)
• Requisito clave: Equipamientos deportivos deben estar inscritos en el Censo oficial de Cataluña
• Presupuesto: Gastos aplicables desde el ejercicio posterior a su implementación

Cataluña ha dado un paso histórico para resolver el conflicto entre el derecho al descanso y las necesidades educativas. La nueva ley, publicada el 28 de marzo de 2025, establece que patios escolares y centros deportivos ya no estarán sujetos a los límites de contaminación acústica durante su horario de actividad habitual.

Esta modificación legal surge como respuesta a numerosas quejas vecinales en zonas urbanas, donde el ruido de recreos y entrenamientos generaba tensiones. La norma busca proteger tanto el desarrollo infantil como la convivencia ciudadana, reconociendo que ciertos niveles de ruido son inherentes a actividades formativas esenciales.

El cambio principal permite a los centros educativos desarrollar actividades lectivas y extraescolares entre las 7:00 y las 21:00 horas sin restricciones sonoras. Para instalaciones deportivas no escolares, el margen se extiende hasta las 22:00, siempre que estén registradas en el Censo de Equipamientos Deportivos catalán.

La ley especifica que estas excepciones solo aplican para:

• Clases regulares y actividades complementarias
• Deportes organizados
• Eventos culturales escolares
• Actividades de tiempo libre supervisadas

Fuera de estos horarios, los centros deberán cumplir con los límites acústicos generales. La normativa incluye salvaguardas para vecinos: cualquier actividad extraordinaria (como fiestas escolares nocturnas) sigue requiriendo permisos especiales.

Para centros deportivos, el registro en el censo oficial es requisito fundamental. Este trámite garantiza que las instalaciones cumplen estándares de seguridad y ubicación adecuada. Los municipios deberán actualizar sus ordenanzas antes de junio de 2026 para adaptarse a estos cambios.

La implementación presupuestaria será progresiva: las partidas específicas para insonorización y mediciones acústicas entrarán en vigor con el próximo ejercicio fiscal. Esto permite a los ayuntamientos planificar mejoras en infraestructuras sin afectar sus cuentas actuales.

Expertos en pedagogía destacan que esta medida favorece el desarrollo físico infantil al priorizar espacios abiertos sobre actividades sedentarias. Sin embargo, recomiendan a los centros establecer protocolos voluntarios de reducción de ruido durante exámenes o eventos especiales.

La Generalitat ha anunciado que realizará controles aleatorios para evitar abusos, pudiendo sancionar a centros que usen esta excepción para actividades no educativas. Los vecinos mantienen derecho a denunciar molestias excepcionales fuera de los horarios establecidos.

• Fecha de aprobación: 28 de marzo de 2025 (publicado en el DOGC).
• Periodicidad del plan: Actualización cada cuatro años, con participación ciudadana y evaluación previa.
• Requisito clave: Aprobación parlamentaria del plan director antes de su implementación.
• Entidades involucradas: Gobierno catalán, ayuntamientos, diputaciones, sector privado y sociedad civil.
• Informe obligatorio: Dictamen del Consejo Catalán de Fomento de la Paz sobre el plan.

El Gobierno de Cataluña ha dado un paso histórico al modificar la Ley 21/2003 para crear el Plan Director País de Paz, una herramienta que marcará las acciones concretas en materia de construcción de paz durante los próximos años. Este cambio legal, promovido por el presidente Salvador Illa, busca superar las limitaciones detectadas en el Consejo Catalán de Fomento de la Paz, que durante años no logró articular políticas efectivas por falta de directrices claras.

La gran novedad es la obligación de elaborar cada cuatro años un plan estratégico que funcionará como hoja de ruta. Este documento no solo fijará prioridades en prevención de conflictos, sino que también detallará los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios para cumplir los objetivos. Para garantizar transparencia, el proyecto deberá pasar por un proceso participativo que incluirá a municipios, entidades sociales y ciudadanos antes de llegar al Parlamento para su aprobación definitiva.

Uno de los aspectos más relevantes es que el plan vinculará a todas las administraciones catalanas. Desde los pequeños ayuntamientos hasta la Área Metropolitana de Barcelona deberán alinear sus programas con estas directrices. Además, se crea un mecanismo de colaboración con el sector privado, lo que podría traducirse en convenios con empresas para financiar proyectos sociales o educativos relacionados con la cultura de paz.

El proceso de creación del plan comienza con un diagnóstico realizado por el Gobierno, que luego someterá a consulta pública. Según la ley modificada, este período de participación deberá durar mínimo tres meses y recoger aportaciones tanto de expertos como de ciudadanos comunes. Una vez incorporadas las sugerencias, el texto final irá al Parlamento catalán, donde los grupos políticos podrán proponer enmiendas antes de la votación definitiva.

Para evitar que el plan quede en papel mojado, la reforma legal establece mecanismos de seguimiento anual. El Consejo Catalán de Fomento de la Paz, ahora fortalecido en sus funciones, deberá emitir informes periódicos sobre el cumplimiento de las metas. Estos documentos serán públicos y se presentarán ante comisiones parlamentarias, asegurando así control político sobre la implementación real de las medidas aprobadas.

La financiación es otro pilar clave de la reforma. Aunque la ley no fija montos específicos, obliga a cada plan cuatrienal a detallar exactamente qué partidas presupuestarias se destinarán a cada acción. Esto incluye desde programas educativos en colegios hasta proyectos internacionales de mediación en conflictos. Los ayuntamientos que se sumen a estas iniciativas podrán acceder a fondos adicionales de la Generalitat, siempre que presenten proyectos alineados con el plan director.

Para los ciudadanos, esta modificación legal significa mayor capacidad de influencia en políticas de paz. La fase de consulta pública permitirá presentar propuestas concretas, y el carácter cuatrienal del plan garantiza continuidad más allá de los cambios políticos. Además, se crea un portal digital único donde se publicarán todos los avances, informes de gasto y oportunidades de participación en proyectos locales.

Expertos en resolución de conflictos han destacado que esta reforma posiciona a Cataluña como pionera en Europa en institucionalizar políticas de paz a largo plazo. Al establecer ciclos de cuatro años, se permite desarrollar estrategias complejas que requieren tiempo para mostrar resultados, como programas educativos o procesos de reconciliación social. El reto ahora será mantener el consenso político y social necesario para que cada nuevo plan construya sobre lo logrado por el anterior.

• Plazas disponibles: 22 (21 acceso libre + 1 promoción interna).
• Fecha límite de solicitud: 20 días hábiles tras publicación en el BOE.
• Requisitos clave: Nacionalidad española/UE, título de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, y no tener antecedentes penales.
• Examen: Prueba tipo test y casos prácticos en Ceuta/Melilla, con fase de méritos posterior.
• Tasas: Exenciones para discapacitados, desempleados y familias numerosas.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha lanzado una convocatoria histórica para cubrir 22 plazas fijas de Medicina Familiar y Comunitaria. Esta oferta unifica las vacantes pendientes de los años 2022, 2023 y 2024, aplicando medidas de agilización aprobadas en julio de 2024 para reducir tiempos burocráticos.

El proceso combina examen tipo test (100 preguntas + casos prácticos) y evaluación de méritos profesionales. Los aspirantes deberán demostrar experiencia en el Sistema Nacional de Salud, formación continuada e incluso investigaciones médicas. Destaca la reserva de 2 plazas para personas con discapacidad y la prioridad para quienes hayan trabajado al menos dos años en el sector público.

Las solicitudes se presentan exclusivamente online mediante el modelo 790, con un coste de tasas que puede eximirse total o parcialmente en casos específicos. Los exámenes se realizarán en Ceuta y Melilla, siguiendo un orden alfabético que comienza por la letra «V».

Esta convocatoria representa una oportunidad clave para estabilizar empleo en la sanidad pública, especialmente en atención primaria. Los seleccionados obtendrán puesto fijo con los beneficios del Estatuto Marco del Personal Sanitario, incluyendo movilidad limitada durante dos años.

El tribunal evaluador, compuesto por profesionales sanitarios, garantiza paridad de género y transparencia. Los resultados finales determinarán la adjudicación de plazas por puntuación total, dando preferencia a los médicos con experiencia interna en el sistema público.

• Plazas disponibles: 7 plazas para Médico/a de Urgencia Hospitalaria (Grupo A1) en Ceuta y Melilla
• Plazo de solicitud: 20 días hábiles tras publicación en el BOE (excluyendo sábados, domingos y festivos)
• Proceso selectivo: Fase de oposición (test de 100 preguntas + 2 casos prácticos) y fase de concurso de méritos
• Requisitos clave: Título de Médico Especialista, nacionalidad española/UE, no inhabilitación profesional y capacidad funcional
• Exenciones de tasas: Discapacidad ≥33%, desempleados, familias numerosas y víctimas de terrorismo

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha lanzado una convocatoria histórica que unifica las plazas pendientes de los últimos tres años (2022-2024) para Médicos de Urgencia Hospitalaria. Esta acumulación de ofertas busca agilizar los procesos de selección y cubrir rápidamente puestos esenciales en el sistema sanitario público.

El proceso combina examen teórico-práctico con valoración de experiencia profesional y formación. La fase de oposición incluye un test eliminatorio de 100 preguntas tipo test y dos casos prácticos reales de urgencias hospitalarias, con 180 minutos para completarlos. Quienes superen esta etapa podrán presentar sus méritos profesionales, donde se valorará hasta 60 puntos por experiencia laboral en el sector público sanitario y 30 puntos adicionales por formación especializada.

Entre los requisitos destacados está la necesidad de acreditar el título de especialista médico antes de presentar la solicitud. Para profesionales formados en el extranjero, se exige homologación oficial o certificado de equivalencia. Un dato relevante es que el 50% de la puntuación final dependerá del desempeño en el examen práctico, donde se evaluarán habilidades críticas como toma de decisiones bajo presión y manejo de protocolos de emergencia.

Las pruebas se realizarán físicamente en Ceuta o Melilla, aunque el proceso de inscripción es 100% digital a través del modelo 790 en la sede electrónica de la Administración. Los aspirantes deben prestar especial atención a la documentación requerida: desde certificados de servicios prestados hasta diplomas de formación continuada, todos deben presentarse traducidos y legalizados si corresponden.

Esta convocatoria incluye medidas de discriminación positiva: reserva de plazas para personas con discapacidad y adaptaciones especiales durante los exámenes. Además, ofrece exenciones totales o parciales en las tasas de participación (23,64€) para varios colectivos vulnerables, requiriendo justificantes específicos como certificado de discapacidad o informe de servicios sociales.

Los seleccionados obtendrán nombramiento como personal estatutario fijo con compromiso de permanencia mínima de 2 años. El INGESA enfatiza en su portal web la importancia de esta contratación para reforzar los servicios de urgencias en zonas estratégicas, garantizando cobertura sanitaria de calidad las 24 horas.

• Inicio trámites: Solicitud presentada el 20 de agosto de 2024
• Duración obras: 18 meses estimados de ejecución
• Retirada de estructuras: 1.824 m de tablestacas marinas y 700 m terrestres
• Gestión de residuos: 44.716,37 m³ de suelos contaminados con metales pesados
• Innovación ecológica: Plantación experimental de 25 m² de Posidonia oceanica

El proyecto de recuperación ambiental en Puerto Mayor (San Javier, Murcia) marca un hito en la protección del Mar Menor. Con un presupuesto gestionado por el MITECO, busca eliminar las instalaciones abandonadas y restaurar 2.524 metros lineales de costa mediante la retirada de estructuras obsoletas y suelos contaminados.

Las actuaciones incluyen la remoción de 98.302 m³ de rellenos artificiales y la regeneración de sistemas dunares usando técnicas del Manual de Restauración de Dunas Costeras. Se crearán pasarelas de madera para acceso controlado y un vallado perimetral que protegerá las nuevas zonas verdes del pisoteo.

Uno de los aspectos más innovadores es el plan de revegetación con especies autóctonas y la siembra experimental de Posidonia oceanica, clave para mejorar la calidad del agua. Este proceso incluirá 4 meses de aclimatación en vivero y seguimiento durante 4 años post-plantación.

El proyecto contempla medidas específicas contra el cambio climático: análisis de escenarios de subida del nivel del mar hasta 2100 y refuerzo de la resiliencia costera. La eliminación de 46.055 m³ de escollera y su sustitución por sistemas naturales reducirá la erosión en un 70% según estudios morfodinámicos.

Para garantizar la seguridad durante las obras, se instalarán sistemas de balizamiento marítimo temporal y se restringirán las actividades ruidosas entre octubre y marzo, evitando la temporada de nidificación de aves protegidas como el chorlitejo patinegro.

La iniciativa forma parte del Marco de Actuaciones Prioritarias para el Mar Menor, coordinando esfuerzos entre administraciones estatales y autonómicas. Tras su finalización en 2026, se espera recuperar 12 hectáreas de dominio público marítimo-terrestre para uso ciudadano sostenible.

• Fecha de la sentencia: 10 de marzo de 2025
• Base legal: Declaración de inconstitucionalidad de los arts. 48.4 LET y 177 LGSS (Real Decreto-ley 6/2019)
• Beneficio: 16 semanas adicionales de prestación por nacimiento para familias monoparentales
• Requisito: Ser familia monoparental reconocida legalmente
• Precedente: Sentencia del Tribunal Constitucional 140/2024 (6 de noviembre de 2024)

El Tribunal Constitucional ha emitido un fallo histórico que beneficia a las familias monoparentales en España. En una sentencia del 10 de marzo de 2025, se reconoció el derecho de las madres biológicas en estas familias a ampliar su permiso por nacimiento y cuidado de hijo hasta 32 semanas, igualando el tiempo del que disponen las familias biparentales. Este caso, promovido por doña Nuria Pinillos Merinero, marca un antes y después en la protección de los derechos de padres y madres solteros.

La demanda surgió tras la negativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en 2021 de conceder a la recurrente las 16 semanas adicionales que hubieran correspondido al otro progenitor en una familia biparental. Aunque inicialmente un juzgado de lo social le dio la razón, las instancias superiores revocaron esta decisión, argumentando que la ley vigente no permitía dicha ampliación. El Tribunal Constitucional, sin embargo, ha determinado que esta interpretación generaba discriminación por nacimiento, violando los artículos 14 y 39 de la Constitución.

La sentencia se basa en el precedente establecido por la STC 140/2024, que declaró inconstitucionales los artículos 48.4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y 177 de la Ley General de la Seguridad Social. Estos preceptos, reformados en 2019, no contemplaban la realidad de las familias monoparentales, donde un solo progenitor asume la totalidad del cuidado. El tribunal destacó que los hijos en estas familias tenían menos tiempo de atención parental que los de familias biparentales, lo que constituía una desigualdad injustificada.

Para acceder a este derecho, las familias monoparentales deberán acreditar su condición mediante el certificado correspondiente, vigente en todas las comunidades autónomas desde 2023. La prestación económica asociada al permiso (equivalente al 100% de la base reguladora) se extenderá proporcionalmente durante las semanas adicionales. Es importante destacar que, según el fallo, este beneficio aplica retroactivamente a los casos pendientes desde al menos 2021.

Este cambio legal impactará directamente en más de 1.8 millones de familias monoparentales registradas en España, el 82% de ellas encabezadas por mujeres. Además, sienta un precedente para futuras reclamaciones relacionadas con derechos laborales y prestaciones sociales para este colectivo. Las personas interesadas pueden iniciar trámites de revisión ante el INSS desde su publicación en el BOE, sin necesidad de recurrir a procesos judiciales complejos.