La semana del 8 al 13 de abril de 2025 ha estado marcada por importantes desarrollos legislativos, económicos y sociales en España. El panorama informativo ha pivotado principalmente en torno a cinco ejes fundamentales: la aprobación definitiva del Plan MOVES III para vehículos eléctricos, los recursos de inconstitucionalidad presentados por comunidades autónomas contra impuestos a grandes empresas, la corrección del error en las bases de cotización social, el nuevo decreto para protección de menores migrantes, y el impacto de la guerra comercial internacional iniciada por Estados Unidos. Este análisis integra la información publicada en InfoBOE.es con otras fuentes fiables para ofrecer una visión completa de los acontecimientos más relevantes de la semana.
Contexto económico-legislativo de la semana
La semana ha estado dominada por decisiones gubernamentales con importantes repercusiones económicas, en un contexto donde la inflación en España se ha estabilizado en torno al 2,4% según los datos de noviembre de 20243. El panorama económico muestra signos de estabilización tras años de políticas enfocadas a reducir la inflación, aunque persisten riesgos relacionados con la inestabilidad internacional, especialmente debido a la guerra comercial desatada por Estados Unidos.
La agenda legislativa ha sido particularmente intensa, con la aprobación definitiva de medidas relevantes como el Plan MOVES III en el Congreso y la implementación de normativas como la nueva ley de huella de carbono para empresas. Paralelamente, varias comunidades autónomas han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional contra impuestos establecidos por el gobierno central, poniendo de manifiesto tensiones territoriales en materia fiscal.
Plan MOVES III: Culminación del proceso de renovación
El jueves 10 de abril, el pleno del Congreso dio su respaldo definitivo a la renovación del Plan MOVES III, destinado a impulsar la compra de vehículos eléctricos9. Este plan, que ya había sido aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de abril5, cuenta con una financación adicional de 400 millones de euros, lo que eleva los fondos totales hasta los 1.735 millones de euros9. El programa se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 y restablece la deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos9.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, destacó que el plan ha incentivado hasta ahora la adquisición de 142.000 vehículos eléctricos y la instalación de 113.000 puntos de recarga9. Sin embargo, durante el debate parlamentario surgieron críticas a la gestión del plan, especialmente relacionadas con los «farragosos» trámites y la tardanza de más de un año en recibir las ayudas9.
Las subvenciones del Plan MOVES III pueden alcanzar entre los 7.000 y 9.000 euros, dependiendo de las características del vehículo y otras circunstancias5. El sector de automoción, representado por las patronales Anfac, Faconauto y Ganvam, así como la asociación Aedive, ha celebrado la reactivación del plan y espera que impulse la demanda y contribuya a renovar el parque automovilístico español17.
Recursos constitucionales contra impuestos a grandes empresas
Un tema destacado de la semana, según InfoBOE, ha sido la presentación de recursos de inconstitucionalidad por parte de varias comunidades autónomas contra impuestos establecidos por el gobierno central a grandes empresas18.
El 8 de abril de 2025, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por la Junta de Extremadura contra la Ley 7/2024 del 20 de diciembre de 2024, que establece impuestos complementarios a multinacionales, entidades financieras y productos de vapeo8. Ese mismo día, el gobierno de Castilla-La Mancha también presentó un recurso similar contra el impuesto a bancos y multinacionales1.
Estos recursos podrían tener importantes implicaciones económicas, ya que si el Tribunal finalmente da la razón a las comunidades autónomas, éstas y los ayuntamientos podrían perder parte de los ingresos que se esperaban recaudar8. El proceso constitucional podría extenderse entre 6 y 18 meses, creando un período de incertidumbre fiscal8.
Corrección en cotizaciones sociales: Error subsanado en el BOE
El viernes 11 de abril, InfoBOE destacó una importante corrección publicada en el Boletín Oficial del Estado relacionada con las cotizaciones a la Seguridad Social para 20254. La Orden PJC/178/2025, que regula estas cotizaciones, contenía un error en el cálculo del mínimo por hora trabajada, originalmente establecido en 7,97€ y corregido a 8,32€ por hora4.
Esta corrección es retroactiva al 1 de enero de 2025, lo que implica que las empresas deberán revisar todas las nóminas procesadas desde principios de año y realizar los ajustes correspondientes4. El cambio afecta especialmente a sectores como hostelería, restauración, comercio minorista, trabajos temporales agrícolas y servicios de limpieza4.
Para un trabajador a tiempo completo (40 horas semanales), la diferencia supone una base de cotización adicional de aproximadamente 60,55€ mensuales, lo que significa una aportación extra de unos 21,19€ para la empresa y 15,13€ para el trabajador4. Las empresas debían presentar las rectificaciones antes del 31 de marzo para evitar recargos4.
Protección para menores en situaciones migratorias
Una de las noticias destacadas del sábado 12 de abril según InfoBOE fue la publicación de un nuevo decreto para proteger a menores en situaciones migratorias extremas1. Este decreto establece un protocolo especial para proteger a los más vulnerables en situaciones de migración masiva1.
La normativa surge como respuesta a la necesidad de protección reforzada para menores en crisis migratorias que se han intensificado en los últimos años. El decreto detalla cambios prácticos en los protocolos de atención y protección a menores migrantes, especialmente aquellos que llegan a España en situaciones de emergencia o crisis humanitarias1.
Impacto de la guerra comercial internacional
Durante toda la semana, las tensiones comerciales internacionales han sido un tema recurrente en las noticias. El miércoles 9 de abril, se reportó que el presidente estadounidense Donald Trump suspendió durante noventa días los llamados «aranceles recíprocos» a los países que no han adoptado represalias contra EE.UU., aunque mantuvo un gravamen base del 10%2.
Simultáneamente, Trump elevó los aranceles a China hasta el 125% con efecto inmediato, a lo que China respondió aumentando del 34% al 84% los aranceles a los bienes procedentes de Estados Unidos y acusando a EE.UU. ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) de violar las normas comerciales2.
En respuesta a esta situación, el gobierno español aprobó el 8 de abril el Real Decreto-ley 4/2025, que incluye un conjunto de medidas dirigidas a establecer una red de seguridad para empresas y trabajadores afectados por los efectos económicos derivados del incremento de aranceles anunciado por Estados Unidos14. Entre estas medidas destaca el establecimiento de una nueva línea de avales por valor de 5.000 millones de euros, a través del Instituto de Crédito Oficial, para garantizar la financiación de empresas con exposición significativa al mercado estadounidense14.
Nueva ley de huella de carbono para empresas y administraciones
Otro tema relevante de la semana ha sido la implementación de una nueva ley que obliga a empresas y administraciones a calcular y publicar su huella de carbono1. Según lo publicado en InfoBOE, esta normativa afecta principalmente a dos grupos: grandes empresas (sociedades con más de 500 empleados, entidades de interés público y grupos que consoliden cuentas) y el sector público (ministerios, organismos autónomos, seguridad social y entidades administrativas estatales)1.
Esta legislación representa un paso importante en la política medioambiental española y en el compromiso del país con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La obligación de calcular y publicar la huella de carbono introduce un nuevo nivel de transparencia y responsabilidad para las entidades afectadas.
Previsiones para Semana Santa
Al final de la semana, la atención mediática comenzó a centrarse en las previsiones para Semana Santa. La Dirección General de Tráfico (DGT) anunció el inicio de su operación especial de Semana Santa para el viernes 11 de abril a las tres de la tarde, previendo más de 15,8 millones de desplazamientos por carretera hasta el día 21, lo que supone un incremento del 2,47% respecto a 20241021.
En cuanto a las condiciones meteorológicas, se alertó sobre la llegada de la borrasca Olivier a la península, que descargará chubascos especialmente intensos en Andalucía y la mitad occidental, con un descenso general de las temperaturas y rachas fuertes de viento tanto en el sur como en Pirineos y el Cantábrico1021. Este episodio de inestabilidad meteorológica abarcará todo el fin de semana, lo que podría complicar los desplazamientos durante el inicio de las vacaciones de Semana Santa.
Tendencias económicas y perspectivas futuras
Además de las noticias específicas de la semana, se pueden identificar algunas tendencias económicas importantes. Según el último informe del Banco de España de diciembre de 2024, se prevé que la inflación en España se sitúe en el 2,1% en 2025, continuando la tendencia descendente desde el 2,9% registrado en 20243. Sin embargo, esta previsión ha empeorado ligeramente respecto a estimaciones anteriores que situaban la inflación en el 1,9% para 20253.
En el ámbito de la política monetaria, se espera que tanto el Banco Central Europeo (BCE) como el Banco de Inglaterra (BoE) mantengan políticas más firmes durante 2025, especialmente si la inflación persiste en sus respectivas regiones7. Mientras tanto, la Reserva Federal estadounidense podría adoptar un enfoque más flexible en sus tipos de interés, dado que la inflación en Estados Unidos ha mostrado señales de desaceleración7.
Conclusión
La semana del 8 al 13 de abril de 2025 ha reflejado un panorama informativo marcado por importantes decisiones económicas y legislativas que tendrán repercusiones significativas en los próximos meses. La aprobación definitiva del Plan MOVES III representa un paso decidido hacia la electrificación del parque automovilístico español, mientras que los recursos constitucionales contra impuestos a grandes empresas plantean interrogantes sobre la configuración fiscal del Estado.
La corrección del error en las bases de cotización social evidencia la importancia de la precisión en la normativa laboral, mientras que el nuevo decreto para la protección de menores migrantes refleja la respuesta institucional a desafíos humanitarios persistentes. Todo ello en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales que han obligado al gobierno español a desarrollar medidas de protección para sectores productivos potencialmente afectados.