BOE: Impacto:<\/strong> Sala Segunda. Sentencia 29\/2026, de 13 de abril de 2026. Recurso de amparo 4242-2022. Promovido por la confederaci\u00f3n Uni\u00f3n Sindical Obrera en relaci\u00f3n con el Real Decreto 1104\/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula la concesi\u00f3n directa de subvenciones a interlocutores sociales para la digitalizaci\u00f3n del sector productivo, cuya legalidad fue confirmada por sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos a la igualdad y no discriminaci\u00f3n y a la libertad sindical: regulaci\u00f3n objetiva y razonable de los criterios de selecci\u00f3n de entidades beneficiarias de las ayudas, que se vincula con la finalidad de garantizar la efectividad del proyecto y su alcance temporalmente limitado. Voto particular.<\/span><\/p>\n El Tribunal Constitucional ha publicado la sentencia de 13 de abril de 2026, en el recurso de amparo n\u00famero 4242-2022, promovido por la confederaci\u00f3n Uni\u00f3n Sindical Obrera (USO). La sentencia desestima el recurso contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que a su vez desestim\u00f3 el recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1104\/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula la concesi\u00f3n directa de subvenciones a interlocutores sociales para la digitalizaci\u00f3n del sector productivo.<\/p>\n La resoluci\u00f3n del Tribunal Constitucional confirma la legalidad de un modelo excepcional de subvenciones directas, sin concurrencia competitiva, a favor de determinadas organizaciones sindicales y empresariales (UGT, CEOE y CEPYME) para la formaci\u00f3n en digitalizaci\u00f3n de trabajadores. La decisi\u00f3n tiene relevancia porque aborda la tensi\u00f3n entre la promoci\u00f3n del hecho sindical y el principio de igualdad en el acceso a fondos p\u00fablicos, en un contexto extraordinario como la pandemia de COVID-19.<\/p>\n Este fallo interesa especialmente a las organizaciones sindicales y empresariales, as\u00ed como a las administraciones p\u00fablicas que gestionan subvenciones en situaciones de emergencia. Tambi\u00e9n afecta a los trabajadores y empresas del sector productivo relacionados con la formaci\u00f3n profesional para la digitalizaci\u00f3n. La sentencia sienta doctrina sobre los l\u00edmites de la discrecionalidad del Gobierno al seleccionar beneficiarios de ayudas directas.<\/p>\n Las organizaciones sindicales y empresariales que no fueron incluidas como beneficiarias deben conocer que el Tribunal Constitucional ha validado el criterio de selecci\u00f3n basado en la disposici\u00f3n y capacidad demostrada en la mesa de di\u00e1logo social, aunque existe un voto particular discrepante. Conviene revisar el texto \u00edntegro de la sentencia para entender los fundamentos jur\u00eddicos que justifican la diferencia de trato y las limitaciones de este tipo de concesiones directas en contextos excepcionales.<\/p>\n Se trata de subvenciones directas a los interlocutores sociales para impartir un m\u00f3dulo de 30 horas de digitalizaci\u00f3n aplicada al sector productivo, dirigido a trabajadores con niveles intermedios de competencia. El objetivo era formar a 125.000 personas al a\u00f1o durante cuatro a\u00f1os, dentro del plan de recuperaci\u00f3n, transformaci\u00f3n y resiliencia.<\/p>\n La Uni\u00f3n Sindical Obrera consider\u00f3 que la concesi\u00f3n directa de subvenciones a UGT, CEOE y CEPYME vulneraba su derecho a la igualdad (art. 14 CE) y a la libertad sindical (art. 28.1 CE), al ser excluida sin justificaci\u00f3n suficiente y sin haber participado en el procedimiento de elaboraci\u00f3n.<\/p>\n El Tribunal ha desestimado el recurso, considerando que la selecci\u00f3n de las entidades beneficiarias respondi\u00f3 a criterios objetivos y razonables vinculados a la urgencia derivada de la pandemia y a la manifestaci\u00f3n de disponibilidad y capacidad de las organizaciones seleccionadas en la mesa de di\u00e1logo social. La exclusi\u00f3n de USO no se consider\u00f3 desproporcionada ni discriminatoria.<\/p>\n S\u00ed, el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla formul\u00f3 un voto particular discrepante, en el que sostiene que la justificaci\u00f3n aportada no es suficiente para excluir a USO, y que la mera disposici\u00f3n favorable de los beneficiarios designados no puede legitimar un trato desigual en la asignaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\nEl Tribunal Constitucional desestima el recurso de la Uni\u00f3n Sindical Obrera y confirma la legalidad de las subvenciones directas a UGT, CEOE y CEPYME.<\/q><\/p>\n
Detalles<\/h3>\n
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Contenido<\/h3>\n
Qu\u00e9 se ha publicado<\/h2>\n
Por qu\u00e9 puede ser importante<\/h2>\n
A qui\u00e9n puede interesar<\/h2>\n
Datos clave<\/h2>\n
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Qu\u00e9 conviene revisar<\/h2>\n
Preguntas frecuentes<\/h2>\n
\u00bfQu\u00e9 subvenciones se regulan en el Real Decreto 1104\/2020?<\/h3>\n
\u00bfPor qu\u00e9 USO recurri\u00f3 la norma?<\/h3>\n
\u00bfQu\u00e9 ha decidido el Tribunal Constitucional?<\/h3>\n
\u00bfHay alg\u00fan voto particular?<\/h3>\n