BOE: Impacto:<\/strong> Ley 3\/2026, de 16 de junio, de cabildos insulares.<\/span><\/p>\n El Parlamento de Canarias ha aprobado la Ley 3\/2026, de 16 de junio, de cabildos insulares, una norma que actualiza el marco jur\u00eddico de estas instituciones tras m\u00e1s de una d\u00e9cada de vigencia de la anterior Ley 8\/2015. La nueva ley, publicada en el Bolet\u00edn Oficial del Estado, desarrolla el Estatuto de Autonom\u00eda de Canarias de 2018 y refuerza la doble naturaleza de los cabildos: son a la vez \u00f3rganos de gobierno de cada isla e instituciones de la comunidad aut\u00f3noma. Este cambio no es menor: afecta a la organizaci\u00f3n territorial, a las competencias y a la relaci\u00f3n entre las administraciones canarias.<\/p>\n Para entender su importancia conviene recordar que los cabildos insulares nacieron en 1912, con una ley que constituy\u00f3 la primera soluci\u00f3n legislativa al problema de la organizaci\u00f3n pol\u00edtico-administrativa de Canarias. M\u00e1s de un siglo despu\u00e9s, la nueva norma consolida su papel como administraci\u00f3n propia de cada isla, con autonom\u00eda para gestionar sus intereses, pero al mismo tiempo los integra en el engranaje auton\u00f3mico como instituciones llamadas a ejecutar pol\u00edticas p\u00fablicas del Gobierno de Canarias. Esta dualidad, que el Consejo Consultivo de Canarias ha calificado de \u00abbifronte\u00bb, queda ahora perfectamente perfilada en el articulado.<\/p>\n La ley se estructura en un t\u00edtulo preliminar, cinco t\u00edtulos, nueve disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una derogatoria y seis finales. Su contenido aborda tres grandes bloques: el sistema competencial, la organizaci\u00f3n interna de los cabildos y el r\u00e9gimen jur\u00eddico de su actividad. Adem\u00e1s, introduce novedades en materia de colaboraci\u00f3n con la comunidad aut\u00f3noma, en la potestad reglamentaria y en los instrumentos de cooperaci\u00f3n interadministrativa.<\/p>\n En el plano competencial, la norma distingue entre competencias propias como entidad local, que son las que la legislaci\u00f3n de r\u00e9gimen local atribuye a las diputaciones provinciales, y competencias como instituci\u00f3n auton\u00f3mica. Entre estas \u00faltimas se incluyen materias como ordenaci\u00f3n del territorio, carreteras, transporte, turismo, servicios sociales, vivienda, medio ambiente, cultura, deportes, aguas o igualdad de g\u00e9nero. La ley establece que, en el ejercicio de las competencias auton\u00f3micas, los cabildos se someten al mismo r\u00e9gimen jur\u00eddico material que la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica, lo que evita disfunciones y garantiza la unidad de aplicaci\u00f3n del derecho.<\/p>\n Una de las novedades m\u00e1s relevantes es la regulaci\u00f3n de los procedimientos de atribuci\u00f3n, transferencia y delegaci\u00f3n de competencias. La ley fija los principios que deben regir estas operaciones: eficacia, eficiencia, proximidad a la ciudadan\u00eda, no duplicidad, estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera. Adem\u00e1s, establece un procedimiento claro para los decretos de transferencia y los de delegaci\u00f3n, con reglas sobre el r\u00e9gimen econ\u00f3mico-financiero, el personal adscrito, el control y la posible revocaci\u00f3n. Tambi\u00e9n se regula la gesti\u00f3n ordinaria de servicios mediante encomiendas de gesti\u00f3n.<\/p>\n En materia de organizaci\u00f3n, la ley mantiene los \u00f3rganos cl\u00e1sicos \u2014Pleno, Presidencia, Vicepresidencias, Consejo de Gobierno Insular\u2014 pero introduce cambios significativos. El Pleno sigue siendo el \u00f3rgano de representaci\u00f3n pol\u00edtica y control, con atribuciones reforzadas. La Presidencia concentra tanto la representaci\u00f3n de la corporaci\u00f3n como la direcci\u00f3n del gobierno insular. El Consejo de Gobierno Insular, por su parte, se configura como un \u00f3rgano ejecutivo que puede incorporar consejeros no electos, es decir, personas sin acta de consejero insular que sean designadas por su perfil t\u00e9cnico o profesional. La ley elimina el l\u00edmite de un tercio que establec\u00eda la normativa anterior, siempre dentro de los par\u00e1metros constitucionales que exigen que los \u00f3rganos ejecutivos respondan ante los representantes elegidos y que el Pleno conserve la direcci\u00f3n pol\u00edtica efectiva.<\/p>\n La estructura administrativa de los cabildos se completa con \u00e1reas, departamentos o consejer\u00edas insulares, viceconsejer\u00edas insulares, direcciones insulares y coordinaciones insulares. Las viceconsejer\u00edas son una novedad: \u00f3rganos desconcentrados de apoyo a la Presidencia para la gesti\u00f3n t\u00e9cnica y especializada de competencias transferidas, especialmente en las islas no capitalinas. Tambi\u00e9n se regula el sector p\u00fablico institucional insular, con organismos aut\u00f3nomos, entidades p\u00fablicas empresariales, sociedades mercantiles y consorcios.<\/p>\n El t\u00edtulo III se dedica al r\u00e9gimen jur\u00eddico de la actividad de los cabildos. Se regula la forma de las normas y actos, la jerarqu\u00eda normativa, los recursos administrativos y las resoluciones que ponen fin a la v\u00eda administrativa. En cuanto al funcionamiento de los \u00f3rganos colegiados, se establecen reglas espec\u00edficas para el Pleno, las comisiones y el Consejo de Gobierno. Los grupos pol\u00edticos insulares y los miembros no adscritos tienen su propio estatuto. Se refuerzan los mecanismos de control pol\u00edtico, como la moci\u00f3n de censura, la cuesti\u00f3n de confianza y las preguntas de los grupos.<\/p>\n La transparencia es otro pilar de la ley. Cada cabildo deber\u00e1 contar con un portal de transparencia insular y garantizar el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, de acuerdo con la legislaci\u00f3n estatal y auton\u00f3mica. Los consejeros y consejeras tienen un derecho espec\u00edfico a acceder a la informaci\u00f3n necesaria para el ejercicio de sus funciones.<\/p>\n La potestad reglamentaria de los cabildos se desarrolla con detalle. La ley define los tipos de disposiciones generales \u2014reglamento org\u00e1nico, ordenanzas y reglamentos\u2014, los principios de buena regulaci\u00f3n y el procedimiento de elaboraci\u00f3n, que incluye consulta previa, audiencia e informaci\u00f3n p\u00fablica. Se prev\u00e9 un plan normativo anual para cada corporaci\u00f3n.<\/p>\n El t\u00edtulo V regula las relaciones entre la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica y los cabildos. Se crea la Conferencia de Presidentes como foro de colaboraci\u00f3n, y se establecen deberes de informaci\u00f3n, convenios, \u00f3rganos de cooperaci\u00f3n como el Consejo de Colaboraci\u00f3n Insular, y planes conjuntos. Tambi\u00e9n se regulan los conflictos interadministrativos, con mecanismos de impugnaci\u00f3n, sustituci\u00f3n y subrogaci\u00f3n. Los cabildos participan en el Parlamento de Canarias a trav\u00e9s de la Comisi\u00f3n General de Cabildos Insulares.<\/p>\n Entre las disposiciones adicionales, destaca la creaci\u00f3n de dos fondos: el Fondo de Solidaridad Interinsular, para financiar competencias transferidas y atender la doble insularidad, y el Fondo de Contingencias por Emergencias, para hacer frente a cat\u00e1strofes naturales. Tambi\u00e9n se reconoce el cambio de denominaci\u00f3n del Cabildo de Lanzarote para incluir a La Graciosa, y se fija la capital de esta isla en Caleta del Sebo, aunque la capitalidad administrativa insular sigue en Arrecife.<\/p>\n En cuanto a la funci\u00f3n p\u00fablica, la ley modifica la Ley de la Funci\u00f3n P\u00fablica Canaria para facilitar la movilidad bidireccional de funcionarios entre la comunidad aut\u00f3noma y los cabildos, y crea una nueva situaci\u00f3n de excedencia para quienes desempe\u00f1en funciones directivas profesionales en los cabildos. Tambi\u00e9n se adapta el r\u00e9gimen de los consejos insulares de aguas, permitiendo que su presidencia pueda recaer en el titular del \u00e1rea del cabildo al que est\u00e9 adscrito.<\/p>\n La entrada en vigor de la ley est\u00e1 prevista a los veinte d\u00edas de su publicaci\u00f3n, y los cabildos dispondr\u00e1n de un plazo para adaptar sus reglamentos org\u00e1nicos. En definitiva, se trata de una norma ambiciosa que sit\u00faa a los cabildos en el centro del autogobierno de Canarias y que, previsiblemente, servir\u00e1 de referencia para otras regiones insulares. Para la ciudadan\u00eda, el impacto se traducir\u00e1 en una gesti\u00f3n m\u00e1s cercana y especializada, especialmente en servicios como carreteras, transporte, turismo, bienestar social o medio ambiente.<\/p>\n Los ayuntamientos tambi\u00e9n ver\u00e1n cambios: los cabildos reforzar\u00e1n su asistencia t\u00e9cnica, jur\u00eddica y econ\u00f3mica a los municipios de menos de 20.000 habitantes, con especial atenci\u00f3n a la prestaci\u00f3n de servicios m\u00ednimos, la administraci\u00f3n electr\u00f3nica y la contrataci\u00f3n centralizada. Los peque\u00f1os municipios podr\u00e1n delegar la gesti\u00f3n de servicios como el tratamiento de residuos o la extinci\u00f3n de incendios en el cabildo insular.<\/p>\n En definitiva, la nueva Ley de Cabildos Insulares no es una simple actualizaci\u00f3n administrativa, sino una revisi\u00f3n profunda del modelo de gobierno insular. Su aplicaci\u00f3n marcar\u00e1 la actividad de las siete islas durante las pr\u00f3ximas d\u00e9cadas, y su \u00e9xito depender\u00e1 del desarrollo reglamentario y de la voluntad de cooperaci\u00f3n entre todas las administraciones implicadas.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\nLa norma consolida a los cabildos como instituciones auton\u00f3micas, redefine sus competencias y moderniza su funcionamiento<\/q><\/p>\n
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Contenido<\/h3>\n