Plan Corresponsables 2025: Guía completa sobre los 190 millones para conciliación
El Acuerdo de la Conferencia Sectorial publicado en el BOE establece la distribución territorial de 142.5 millones de euros para el Plan Corresponsables, completados con 47.5 millones de cofinanciación autonómica. Esta política pública, activa desde 2021, busca corregir la desigual distribución de cuidados donde las mujeres dedican 2.3 veces más tiempo que los hombres según el INE.
¿Qué cantidad de fondos se va a repartir y de dónde proceden?
Se distribuyen 142.500.000 € del Presupuesto General del Estado (aplicación 30.02.232B.451), equivalentes al 75% del total de 190 millones. El 25% restante (47.5M€) corresponde a aportaciones obligatorias de las comunidades autónomas. Los fondos estatales proceden de los PGE 2023 prorrogados.
¿Cuáles son los criterios y mecanismos para la distribución de estos fondos?
La distribución sigue una fórmula matemática con seis variables ponderadas: población menor de 16 años (60%), dispersión poblacional (15%), superficie (13.5%), grandes urbes (8%), insularidad (2%) y condición fronteriza (1.5%). Por ejemplo, la dispersión se calcula mediante la inversa de la densidad demográfica.
¿Qué partidos, entidades o regiones son los principales beneficiarios?
Andalucía recibe la mayor asignación (23.4M€), seguida de Cataluña (19.3M€) y Madrid (16.5M€). Las CCAA ejecutan a través de entidades locales (76% fondos en 2023), empresas de cuidados, y ONGs del Tercer Sector. Se priorizan municipios rurales mediante bonificación en criterios de dispersión.
¿En qué plazos se realizará el reparto y cómo se supervisa?
Los fondos se transfieren trimestralmente desde mayo 2025. Los proyectos deben ejecutarse antes del 31/12/2026. La supervisión se realiza mediante la plataforma Hub Corresponsables que genera informes automáticos y el Anexo II BOE establece 27 indicadores de impacto como plazas ofertadas por tipo de servicio.
¿Cómo puede afectar este reparto a la ciudadanía o a mi entorno?
Familias con menores hasta 16 años accederán a servicios gratuitos o copagos reducidos (máx. 50% coste real) en horario no escolar. En zonas rurales, podría aumentar la oferta de cuidados profesionalizados hasta un 40% según proyecciones del Ministerio. Para trabajadoras del sector, implica contratos con derechos laborales completos.
¿Existen obligaciones de transparencia o rendición de cuentas?
Cada CCAA debe publicar convocatorias, resoluciones y convenios en sus portales de transparencia. Las memorias justificativas de marzo 2026/2027 incluyen estados de ejecución económica detallados por línea de acción. El Hub Corresponsables permite consultar proyectos activos geolocalizados.
¿Dónde se puede consultar el destino final de los fondos?
En el portal Hub Corresponsables (igualdad.gob.es), los anexos I y II del BOE que detallan asignaciones por territorio, y los portales autonómicos de igualdad. Las CCAA deben informar semestralmente sobre entidades beneficiarias finales mediante declaraciones responsables validadas.
Implementación práctica y requisitos clave
Los servicios cubren desde cuidado domiciliario hasta actividades extraescolares, requiriendo profesionales con cualificación específica. Para acceder, las familias deben acreditar situación laboral activa o búsqueda de empleo mediante informe de servicios sociales. Las CCAA disponen de margen para adaptar servicios: Canarias destina parte importante a cuidado nocturno para sector turístico, mientras Castilla y León prioriza transporte escolar rural.
Mecanismos de control y sanciones
El incumplimiento del 25% de cofinanciación autonómica o del 80% mínimo para servicios de cuidado acarrea reducción proporcional en futuras asignaciones. La falta de transparencia en destinos finales puede suponer reintegros hasta del 100% del importe afectado. Se prohíbe financiar nóminas de centros educativos reglados.
Impacto transformador en cifras
Desde 2021 se han ejecutado 2.000 proyectos, siendo Illes Balears la comunidad con mayor penetración per cápita (7.5 plazas/100 niños). Para 2026 se prevé crear 15.000 empleos directos en el sector, principalmente para mujeres mayores de 45 años y jóvenes menores de 30. El plan ha reducido un 12% la inactividad laboral femenina en municipios piloto según evaluación intermedia.