Recurso de inconstitucionalidad, servicios mínimos energéticos y convenios UE: Claves del BOE

• Fecha decisión: 26 de febrero de 2025
• Ley afectada: Ley 1/2024 de Cantabria (8 noviembre 2024)
• Recurso presentado: 12 de febrero de 2025 por el presidente del Gobierno
• Artículo aplicado: 161.2 de la Constitución (suspensión automática)
• Publicación edicto: Boletín Oficial del Estado (pendiente)

El Tribunal Constitucional ha paralizado temporalmente la eliminación de la Ley de Memoria Histórica en Cantabria. Esta decisión, tomada el 26 de febrero de 2025, responde al recurso presentado por el presidente del Gobierno contra la ley que pretendía derogar la normativa autonómica sobre memoria democrática. La medida mantiene en suspenso todos los efectos de la derogación hasta que se resuelva el fondo del asunto, lo que podría prolongarse durante meses.

El conflicto legal surge después de que el Parlamento de Cantabria aprobara en noviembre de 2024 una ley para eliminar su normativa anterior sobre memoria histórica. Esta ley original (8/2021) establecía medidas para recuperar la memoria de víctimas del franquismo, incluyendo la creación de bancos de ADN y la retirada de símbolos autoritarios. La nueva decisión del Constitucional afecta directamente a los ciudadanos que participaban en procesos de localización de familiares desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura.

La suspensión automática, activada por el artículo 161.2 de la Constitución, implica que todas las administraciones deberán mantener la aplicación de la ley original hasta nuevo aviso. Esto incluye ayuntamientos, diputaciones y el propio gobierno regional. Para los ciudadanos, significa que se mantienen los protocolos de acceso a subvenciones y ayudas relacionadas con la memoria histórica establecidos en la normativa de 2021.

• Presupuesto total: 608.500 € entre 2025 y 2026
• Actividades clave: Exposiciones itinerantes, ciclos de documentales y conferencias sobre el exilio español
• Alcance internacional: Eventos en 88 centros del Cervantes en 44 países
• Transparencia: Publicación íntegra del convenio en el BOE y portales de transparencia

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha firmado un importante acuerdo con el Instituto Cervantes para impulsar proyectos culturales que rescaten y difundan la historia democrática de España. Este convenio, vigente hasta 2026, incluye una ambiciosa agenda de exposiciones itinerantes, ciclos cinematográficos y actividades educativas que recorrerán centros culturales en cuatro continentes.

La colaboración permitirá mostrar al público documentos históricos, obras artísticas y testimonios del exilio español que hasta ahora permanecían dispersos en archivos internacionales. Entre las iniciativas más destacadas figura la exposición sobre la censura literaria durante el franquismo, que incluirá primeras ediciones de libros prohibidos y correspondencia de autores perseguidos.

El proyecto no solo busca recordar el pasado, sino también fomentar el debate sobre los valores democráticos actuales. Para ello, se han programado mesas redondas con historiadores, talleres educativos para jóvenes, y la digitalización de archivos históricos que estarán disponibles para investigadores y público general.

La financiación combinada de ambas instituciones supera los 600.000 euros, demostrando el compromiso del Estado con la preservación de la memoria histórica. Los fondos se destinarán principalmente a la producción de exposiciones itinerantes, traducción de materiales a múltiples idiomas, y organización de eventos culturales en ciudades simbólicas del exilio como París, México DF y Buenos Aires.

• Fecha de la huelga: 8 de marzo de 2025 (24 horas completas)
• Instalaciones prioritarias: 3 centrales nucleares (Ascó I, Ascó II y Vandellós II) y 3 ciclos combinados
• Reposición de redes: Todas las instalaciones de transporte eléctrico en mantenimiento deberán reactivarse
• Personal mínimo: Hasta 150 trabajadores por turno en centrales nucleares
• Resolución oficial: Publicada en BOE el 5 de marzo de 2025

El Gobierno ha activado un dispositivo especial para garantizar el suministro eléctrico durante la huelga general convocada en Cataluña el próximo 8 de marzo de 2025. La medida afecta a todas las empresas del sector energético y establece servicios mínimos obligatorios para evitar cortes de luz.

Según la orden ministerial publicada, se mantendrá operativo el 100% de las centrales nucleares catalanas y al menos tres plantas de ciclo combinado. Estas instalaciones generan más del 40% de la electricidad consumida en la comunidad autónoma. Red Eléctrica de España supervisará en tiempo real el equilibrio entre producción y demanda.

El plan incluye la reactivación de todas las líneas de transporte que estén en mantenimiento, así como la disponibilidad de brigadas técnicas las 24 horas. Los centros de control contarán con personal reforzado para gestionar posibles incidencias, priorizando la seguridad de instalaciones y usuarios.

Para los trabajadores, se establecen turnos mínimos que varían según su función: desde 1 operador por sala de control hasta equipos completos de bomberos industriales en plantas nucleares. Las empresas deberán notificar sus plantillas de emergencia antes del 3 de marzo.

• Fecha clave: 24 de febrero de 2025 – Firma de la modificación del convenio ICO-Axis
• Presupuesto 2025: 473 millones para ICO-Verde y 277 millones para empresas/autónomos
• Comisión de gestión: 0.25% sobre operaciones formalizadas (máx 75.3 millones hasta 2027)
• Novedad: Límite del 15% de inversión por proyecto para diversificar riesgos
• Exclusiones: Sectores CNAE no elegibles solo aplican a receptores finales

El Gobierno acaba de actualizar las condiciones para acceder a los fondos europeos del Plan de Recuperación. Si tienes una pyme, eres autónomo o planeas un proyecto sostenible, esto te interesa: desde febrero de 2025 hay nuevas reglas para solicitar las ayudas ICO-Verde e ICO Empresas.

La gran novedad es que se simplifica el acceso a más de 30.000 millones en financiación. Para proyectos verdes, ahora se incluyen explícitamente reformas energéticas en viviendas y transporte urbano limpio. Las empresas podrán obtener hasta el 15% del total del fondo para su proyecto, siempre que cumplan con los objetivos climáticos o digitales.

Se mantiene la comisión baja de gestión (0.25%) y se amplían los plazos: aunque el grueso de los fondos se desembolsará en 2026, ya hay disponible 750 millones para empezar en 2025. Lo mejor es que si tu proyecto es aprobado, el dinero llegará más rápido gracias a los nuevos controles automatizados.

Para solicitarlo, necesitarás presentar un plan de negocio claro que demuestre cómo tu proyecto contribuye a la eficiencia energética o digitalización. Los trámites se hacen a través de bancos comerciales o gestoras autorizadas, con plazos más flexibles que antes.

• Fecha de entrada en vigor: Al día siguiente de su publicación en el BOE (26 de febrero de 2025)
• Requisito clave: Uso de firma electrónica cualificada según Reglamento UE 910/2014 y 2024/1183
• Formatos admitidos: PAdES para documentos PDF y CAdES para archivos multimedia
• Novedad opcional: Inclusión de marca visual identificativa junto a la firma digital
• Consulta pública: Listado oficial disponible en https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Buscador-STIJ.aspx

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha dado un paso crucial hacia la modernización de los servicios de traducción e interpretación jurada. A partir de 2025, los profesionales del sector podrán certificar sus trabajos usando firma electrónica, eliminando la necesidad de sellos físicos y trámites presenciales.

Este cambio, incluido en la Orden publicada el 26 de febrero de 2025, permite realizar todo el proceso de forma digital: desde la firma del documento hasta su almacenamiento y validación por las administraciones. Los traductores e intérpretes jurados deberán utilizar certificados electrónicos cualificados que cumplan con el estándar europeo eIDAS, garantizando máxima seguridad jurídica.

La nueva normativa especifica que se mantiene la validez de la firma manuscrita para quienes prefieran el método tradicional, pero incentiva la transición digital mediante formatos específicos como PAdES (para documentos PDF) y CAdES (para archivos multimedia). Un aspecto destacable es la posibilidad de incluir una marca visual con datos identificativos, aunque esta no sustituye el valor legal de la firma electrónica.

Para garantizar transparencia, se mantiene actualizado un registro público de profesionales habilitados en la web del Ministerio. Este listado permite verificar rápidamente la autenticidad de cualquier traductor o intérprete jurado, incluyendo sus idiomas certificados y número de registro.

La implementación de estas medidas reducirá tiempos de gestión, permitirá archivar documentos digitalmente con validez legal, y facilitará los procesos transfronterizos al alinearse con estándares europeos. Además, incluye protocolos específicos para la protección de datos personales según el RGPD, asegurando que la información sensible en traducciones e interpretaciones quede debidamente protegida.

Los profesionales interesados deben asegurarse de que sus certificados electrónicos incluyan nombre completo y número de identificación personal. En casos donde el certificado no muestre el número de registro del Ministerio, se deberá añadir manualmente en un recuadro específico junto a los datos del idioma certificado.

Esta modernización administrativa, consultada previamente con la Agencia Española de Protección de Datos y el Ministerio para la Transformación Digital, representa un avance significativo hacia la administración electrónica plena en servicios lingüísticos de carácter oficial.

• Fecha primer examen: 7 de abril de 2025 a las 10:00 horas en Madrid
• Plazo reclamaciones: 10 días hábiles desde publicación en BOE (4 marzo 2025)
• Cambios en convocatoria: Corrección de requisitos para prueba de inglés y estructura de exámenes
• Documentación requerida: DNI original y material de escritura azul/negro obligatorios
• Excluidos principales: 14 aspirantes por incumplir requisitos económicos y de titulación

El Ministerio de Transportes ha hecho públicas las listas provisionales de admitidos y excluidos para las oposiciones al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado. Este proceso, clave para cubrir plazas en infraestructuras nacionales, marca importantes novedades que todos los aspirantes deben conocer.

Los principales afectados son 14 candidatos excluidos, principalmente por no acreditar ingresos inferiores al SMI (9 casos) y problemas de documentación académica (3 casos). Quienes figuren como excluidos disponen hasta el 18 de marzo de 2025 para presentar alegaciones justificadas mediante la plataforma oficial https://administracion.gob.es.

El primer examen se celebrará el 7 de abril de 2025 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de Madrid. Es imprescindible presentarse con DNI original y usar únicamente bolígrafos azules o negros. La prueba escrita consistirá en desarrollar tres temas técnicos seleccionados por sorteo de entre seis opciones, con tres horas máximas de duración.

Se han corregido errores importantes en la convocatoria original: ahora el requisito de inglés nivel B2 afectará al segundo ejercicio (no al primero), y se modificó la estructura de bloques temáticos para garantizar equidad entre participantes. Además, se produjo un cambio en el tribunal evaluador tras la renuncia de una vocal suplente.

Los aspirantes deben verificar su situación particular accediendo al portal del Ministerio, donde encontrarán instrucciones detalladas para consultar su estado de admisión, requisitos específicos por modalidad (acceso libre o promoción interna), y el protocolo COVID-19 actualizado que se aplicará durante las pruebas presenciales.

Es fundamental preparar con antelación toda la documentación justificativa requerida, especialmente para quienes soliciten exenciones de tasas por familia numerosa o discapacidad. El organismo ha reforzado los controles de verificación mediante cruce de datos con Seguridad Social y registros académicos nacionales.

Para los admitidos, se recomienda comenzar la preparación intensiva de los temas técnicos actualizados, prestando especial atención a las modificaciones en los bloques A, B y C del temario oficial. Las asociaciones de opositores ofrecen sesiones informativas gratuitas sobre las nuevas dinámicas de examen.

• Publicación oficial: 3 de marzo de 2025 por la Subsecretaría de Economía, Comercio y Empresa.
• Aprobados en turno libre: 24 candidatos con notas entre 46,6 y 78,5 puntos.
• Próximo paso: Curso selectivo o prácticas obligatorias para obtener la plaza definitiva.
• Requisito clave: Funcionarios en activo deben definir su remuneración antes de iniciar las prácticas.

El proceso de selección para ingresar al Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE ha dado un paso crucial con la publicación de los resultados definitivos. Tras las pruebas realizadas en 2024, 24 aspirantes han superado la fase de oposición y ahora se enfrentan a la etapa decisiva: el curso selectivo o periodo de prácticas que determinará su nombramiento como funcionarios de carrera.

Los candidatos, liderados por Daniel Moliner Galbis con 78,5 puntos, deberán cumplir con requisitos específicos durante esta fase formativa. Quienes ya son funcionarios tienen un trámite adicional: elegir entre su remuneración actual o la correspondiente al nuevo puesto antes de comenzar las prácticas. Este detalle es crucial para evitar complicaciones administrativas posteriores.

El curso selectivo representa el último filtro. Los que no lo superen perderán la plaza, aunque se contemplan excepciones por fuerza mayor debidamente justificadas. Una vez aprobado este periodo, los nuevos ingenieros técnicos podrán solicitar sus destinos definitivos, completando así un proceso que comenzó con la convocatoria de abril de 2024.

La lista completa de aprobados, disponible en el anexo I, muestra una distribución de puntuaciones donde el último clasificado obtuvo 46,6 puntos. Todos los candidatos deberán mantener actualizados sus datos académicos y personales en los registros estatales durante todo el proceso.

Para quienes deseen impugnar los resultados, se establecen plazos específicos: un mes para recurso de reposición o dos meses para demanda contencioso-administrativa. Esta transparencia en el proceso garantiza los derechos de los aspirantes mientras se mantienen los estándares de calidad en la selección de personal técnico estatal.

• Vigencia extendida: El convenio se prorroga hasta el 3 de marzo de 2029
• Publicación oficial: Adenda publicada en el BOE el 28 de febrero de 2025
• Marco legal: Bajo la Ley 40/2015 y Real Decreto 1383/2008
• Beneficiarios: Trabajadores desempleados acceden a formación sin coste hasta 2029

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) han renovado su colaboración hasta 2029 mediante una adenda publicada en el BOE. Esta prórroga significa cuatro años adicionales de formación profesional gratuita para desempleados, manteniendo los beneficios del convenio original de 2021.

El acuerdo permite continuar con proyectos financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, optimizando el uso de recursos públicos. La formación bonificada abarca áreas clave para mejorar la empleabilidad, desde habilidades técnicas hasta competencias digitales, sin coste para los participantes.

Entre los puntos destacados figura la eficiencia en la gestión de bonificaciones de empleo y prestaciones por desempleo. Las empresas y trabajadores podrán seguir accediendo a programas formativos actualizados que responden a las demandas del mercado laboral actual.

La vigencia hasta 2029 proporciona estabilidad al sistema de formación profesional, permitiendo planificar cursos a medio plazo. Para acceder a estos beneficios, los interesados solo necesitan cumplir los requisitos básicos de desempleo registrado, sin trámites adicionales complejos.

Esta renovación refuerza la colaboración institucional entre SEPE y FUNDAE, evitando interrupciones en los programas formativos. Los usuarios finales mantendrán el acceso a certificados profesionales reconocidos y formación práctica vinculada a sectores estratégicos.

El proceso de inscripción en los cursos seguirá siendo gratuito y accesible a través de las oficinas de empleo. La adenda también facilita la utilización conjunta de infraestructuras formativas y plataformas digitales de ambas instituciones.

• Fecha de presentación: 13 de junio de 2024, con modificaciones técnicas hasta diciembre de 2024
• Potencia instalada: 54,4 MW con 8 aerogeneradores de 175m de diámetro y 112m de altura
• Áreas afectadas: 34,2 hectáreas, incluyendo 3.45 ha de brezales protegidos y yacimientos arqueológicos
• Riesgo faunístico: Estimación de 59,4 aves/año y hasta 96 murciélagos/año en riesgo de colisión
• Plazos: 14 meses de construcción y 30 años de vida operativa proyectados

El proyecto del parque eólico La Mofosa en Asturias ha generado un intenso debate técnico y ambiental. Con una inversión que incluye 14 km de viales y una línea de evacuación soterrada de 132 kV, busca generar energía limpia para equivalentes a 40,000 hogares. Sin embargo, su ubicación en zonas de especial protección ambiental y cerca de yacimientos arqueológicos ha obligado a revisar su viabilidad.

El estudio ambiental revela impactos significativos: afectaría directamente 0.35 ha de bosques aluviales protegidos y se sitúa a menos de 35 metros de yacimientos catalogados. Las turbinas alcanzan alturas de 287 metros (con las palas extendidas), generando preocupación por el efecto barrera para aves migratorias y rapaces protegidas como el milano real en peligro de extinción.

El análisis acústico prevé niveles de ruido de hasta 106 dB(A) cerca de los aerogeneradores, superando los límites legales en 19 viviendas identificadas. El efecto ‘parpadeo de sombras’ podría afectar a 57 propiedades durante más de 30 horas anuales, particularmente cerca del aerogenerador 4.

La modificación del paisaje en la unidad Sierras y Valles del Nalón-Esva, visible desde 42 núcleos poblacionales, plantea retos de integración visual. La línea soterrada de evacuación cruza 7 cursos fluviales, incluyendo el río Puerma, requiriendo medidas especiales contra la erosión en zonas con pendientes de hasta 31°.

El proceso administrativo, acogido al Real Decreto-ley 20/2022 para agilizar proyectos estratégicos, ha derivado finalmente en requerir evaluación ambiental ordinaria. Esta decisión sienta precedente para futuros proyectos eólicos en zonas con patrimonio cultural y alto valor ecológico, marcando nuevos estándares de protección.

El caso muestra la complejidad de conciliar transición energética y conservación ambiental. Mientras el promotor argumenta beneficios económicos locales y reducción de 120,000 toneladas anuales de CO2, los servicios técnicos autonómicos destacan riesgos irreversibles para especies vulnerables y el patrimonio histórico asturiano.

• Financiación estatal: Desde 2014, los PGE cubren el 50% de los extracostes de generación en sistemas eléctricos aislados.
• Cifras 2020: Extracoste total reconocido de 601,8 millones de euros (mitad asumida por el Estado).
• Beneficiarios clave: Grupo Endesa (521,5M€), Gorona del Viento (2,76M€) y plantas con régimen retributivo específico (77,5M€).
• Inyección presupuestaria: 729,6 millones de euros asignados desde los PGE para compensaciones en 2020.
• Novedad 2020: Anulación de compensación para COTESA (0€) por indisponibilidad técnica de la planta.

El sistema eléctrico español tiene una particularidad histórica: los territorios no peninsulares como Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla operan con redes aisladas y costes de generación más elevados. Para garantizar el suministro sin disparar los precios, el gobierno aplica desde 2014 un mecanismo único de compensación.

La Ley 24/2013 establece que el Estado cubre el 50% de los ‘extracostes’ de producción eléctrica en estas zonas mediante los Presupuestos Generales (PGE). La otra mitad se repercute al sistema eléctrico peninsular. En 2020, este esquema movilizó 1.203 millones de euros en extracostes, de los cuales 601,8 millones fueron asumidos directamente por todos los contribuyentes.

¿Cómo se calculan estas cifras? Las instalaciones generadoras presentan sus costes reales de producción a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Tras auditorías rigurosas, se determina la diferencia entre estos costes y los ingresos por venta de energía. Este ‘agujero’ financiero es lo que se compensa vía PGE.

El desglose para 2020 revela datos significativos: Endesa, principal operador en las islas, recibió 521,5 millones de euros por sus centrales. La hidroeólica de Gorona del Viento (El Hierro), ejemplo de renovables aisladas, obtuvo 2,76 millones. Llama la atención el caso de COTESA en Tenerife: su compensación se anuló totalmente al demostrarse que la planta llevaba meses inoperativa.

Este sistema mixto de financiación tiene dos efectos directos: 1) Evita que las facturas eléctricas en Canarias y Baleares incluyan sobrecostes reales de generación (hasta 3 veces mayores que en la península). 2) Transfiere parte de esta carga a los presupuestos nacionales, lo que genera debates periódicos sobre su sostenibilidad. Los 729 millones inyectados en 2020 equivalen al 0.6% del total de los PGE de ese año.

Para las compañías eléctricas, este mecanismo ofrece certidumbre: saben que al menos la mitad de sus costes extraordinarios serán cubiertos. Sin embargo, la rigurosidad en los controles ha aumentado tras casos como el de COTESA. La CNMC ahora exige pruebas documentales del funcionamiento efectivo de las plantas antes de aprovar compensaciones.

El futuro de este modelo está en revisión. La UE presiona para integrar estos sistemas aislados al mercado peninsular mediante conexiones submarinas. Mientras llega esa costosa infraestructura (proyectada para 2030), el esquema de financiación dual sigue siendo el parche necesario para equilibrar viabilidad económica y acceso universal a la energía en territorios ultraperiféricos.