Nuevas normas de seguridad contra incendios, reformas en Formación Profesional y actualización de índices de vivienda y préstamos hipotecarios en el BOE

• Fecha de aprobación: 4 de marzo de 2025
• Plazo de adaptación: Establecimientos existentes tienen 6 meses para aplicar nuevos protocolos de mantenimiento e inspecciones
• Inspecciones periódicas: Obligatorias cada 5 años para edificios industriales construidos antes de 2004
• Exenciones: Locales menores de 120 m² con baja carga de fuego no requieren inspecciones
• Novedad clave: Sistemas de extinción en cocinas comerciales deben certificarse bajo norma UNE-EN 17446

El nuevo Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) marca un antes y después en la protección contra el fuego para empresas. Sustituyendo la normativa de 2004, esta actualización responde a los avances tecnológicos y cambios en los estándares europeos, buscando prevenir siniestros y mejorar la capacidad de respuesta.

La principal novedad radica en la clasificación detallada de riesgos por sectores industriales, usando una escala de 8 niveles que determina las medidas de seguridad obligatorias. Para locales pequeños (hasta 120 m²) con bajo riesgo, se simplifican los trámites, permitiendo ahorrar costes en equipamientos complejos.

Las empresas deben prestar especial atención a los nuevos requisitos para sistemas de alarma por voz, que ahora exigen cumplir con la norma UNE 23007-32, y a la instalación de hidrantes con mecanismos estandarizados de apertura. Una novedad importante afecta a restaurantes y hoteles: sus cocinas profesionales deben instalar sistemas de extinción certificados específicos.

El reglamento introduce periodos transitorios inteligentes: 4 años para obras en curso y 18 meses para adaptar certificaciones de organismos de control. Las comunidades autónomas tendrán mayor protagonismo en autorizar soluciones técnicas innovadoras durante esta fase de transición.

Para cumplir con la normativa, las empresas deben revisar sus planes de mantenimiento, asegurando que las inspecciones cubran tanto equipos nuevos como existentes. Se enfatiza la documentación técnica: desde ahora, todo cambio en la actividad industrial debe respaldarse con certificados profesionales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de seguridad.

• Familias Profesionales: Actividades Físico-Deportivas, Comercio-Marketing y Marítimo-Pesquera
• Fecha de entrada en vigor: 20 días después de su publicación en el BOE (aprobado el 18/03/2025)
• Estructura formativa: Grados A, B y C vinculados a titulaciones superiores (Grado D)
• Requisitos docentes: Titulación universitaria o experiencia profesional + Certificado de Habilitación Docente
• Modalidades flexibles: Presencial, semipresencial y virtual garantizando accesibilidad

El Real Decreto 274/2024 marca un antes y después en la Formación Profesional española. Si estás buscando especializarte en sectores con alta demanda laboral, esta reforma te interesa: crea 32 nuevos certificados profesionales en tres áreas clave que abren puertas a trabajos concretos y bien remunerados.

¿Cómo funciona? El sistema se organiza en grados (A, B, C) que puedes ir completando como piezas de LEGO. Empiezas con habilidades básicas (Grado C) y avanzas hasta especializarte (Grado A). Por ejemplo, en Actividades Ecuestres podrías comenzar con ‘Cuidado de Caballos’ y terminar siendo experto en ‘Guía de Rutas a Caballo’.

Para el sector comercial hay novedades importantes: desde gestión de pequeños negocios hasta comercio internacional. Si te gusta el mar, las certificaciones en acuicultura o mantenimiento de embarcaciones ahora tienen caminos formativos claros. Lo mejor es que combinan teoría con prácticas reales en empresas, y si ya tienes experiencia laboral, puedes convalidar módulos.

Otro punto fuerte es la flexibilidad: todos los cursos se pueden hacer presenciales, semipresenciales u online. Además, incluyen formación obligatoria en prevención de riesgos laborales y diseño universal para garantizar la seguridad y accesibilidad de todos los estudiantes.

Para los profesores, se establecen requisitos claros: necesitan titulación universitaria relacionada o 4 años de experiencia demostrable en el sector. Esto asegura que aprenderás de profesionales que conocen el mercado laboral actual.

• Fecha de entrada en vigor: A partir del 9 de abril de 2025 (día siguiente a su publicación en el BOE).
• Metodología actualizada: Usa datos de secciones censales con nueva fórmula aprobada el 3 de marzo de 2025.
• Consulta online obligatoria: Herramienta digital disponible en la web del Ministerio de Vivienda para calcular precios.
• Ámbito territorial: Aplica rangos específicos por zonas, coordinado con comunidades autónomas.
• Recursos legales: Plazo de 2 meses para presentar demandas ante la Audiencia Nacional.

El gobierno ha actualizado las reglas para determinar cuánto puedes cobrar (o pagar) por un alquiler. Desde abril de 2025, todos los contratos nuevos deberán usar un sistema oficial que calcula precios máximos según la zona y características de la vivienda. La novedad principal es una herramienta online gratuita donde propietarios e inquilinos pueden ver el rango de precios permitido en su calle o barrio.

Este cambio busca evitar abusos en áreas con alta demanda, usando datos objetivos como el tamaño de la vivienda, antigüedad del edificio y precios históricos de la zona. Por ejemplo: si quieres alquilar un piso de 80m² en el centro de Madrid, el sistema cruzará información de contratos anteriores en esa sección censal para marcar un tope razonable.

Importante: los precios de referencia se actualizarán periódicamente y solo aplican a contratos nuevos. Si ya tienes un alquiler en vigor, no se modifica automáticamente. Sin embargo, en renovaciones posteriores a abril 2025, sí deberás ajustarte a estos límites.

Para usar el sistema, solo necesitas ingresar la dirección exacta en la plataforma SERPAVI del Ministerio. En segundos, obtendrás un informe con el valor máximo legal permitido. Esto da seguridad jurídica a ambas partes y reduce conflictos por precios desproporcionados.

Las comunidades autónomas participarán en el mantenimiento de los datos, asegurando que se consideren particularidades regionales. Además, habrá revisiones anuales para corregir distorsiones de mercado.

• Fecha de entrada en vigor: Marzo de 2025.
• Plazos y tasas para compensación (Sección A): Desde 2,269% a 2 años hasta 2,590% a 30 años.
• Tasa para cancelación anticipada (Sección B): 2,242% aplicable a préstamos con plazo de un año.
• Base legal: Circular Banco de España 5/2012 (actualizada en abril 2025).

Si tienes una hipoteca o planeas contratar una, este cambio te interesa. A partir de marzo de 2025, se actualizan los tipos de referencia utilizados para calcular compensaciones cuando cancelas tu préstamo hipotecario antes de tiempo. Estas cifras, conocidas como Interest Rate Swap (IRS), son como el termómetro que mide el costo extra que podría cobrarte el banco por saldar tu deuda anticipadamente.

¿Cómo funciona? Imagina que firmaste una hipoteca a tipo fijo. Si los intereses bajan y decides cancelarla para conseguir otra oferta mejor, el banco puede cobrarte una compensación por perder el negocio. Aquí es donde entran los nuevos porcentajes publicados: cuanto más alto sea el IRS de tu plazo, más podrías pagar.

La tabla de la Sección A muestra escalas crecientes según los años. Por ejemplo, una hipoteca a 5 años usa el 2,451%, mientras que una a 30 años aplica el 2,590%. La Sección B añade un dato clave: el 2,242% para operaciones de un año, vital si quieres renegociar tu préstamo en el corto plazo.

Estos valores no son aleatorios. Los define el Banco de España basándose en el mercado financiero, y su actualización busca reflejar las condiciones económicas reales. Si estás pensando en cambiar de hipoteca o liquidarla, consulta con tu entidad cómo afectan estos números concretos a tu caso.

• Fecha de la orden: 27 de agosto de 2024 (Orden TES/904/2024).
• Organización admitida: PIMEC (Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña) reconocida como representante empresarial.
• Plazos clave: 10 días para alegaciones de otras organizaciones y 10 días adicionales para acuerdos sobre distribución de vocalías.
• Proceso de reemplazo: Cesan las vocalías de CEOE y CEPYME hasta definir la nueva composición.
• Recursos legales: Plazo de 2 meses para recurso contencioso-administrativo tras su publicación en el BOE.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha actualizado la composición de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, un organismo clave para definir las normas laborales que afectan a millones de trabajadores y empresas en España. Esta comisión, regulada por el Real Decreto 1362/2012, tiene como objetivo facilitar el diálogo entre sindicatos y empresarios para negociar condiciones laborales justas y equilibradas. La novedad más relevante es la incorporación de PIMEC, una organización que representa a pequeñas y medianas empresas catalanas, en sustitución de las hasta ahora integrantes CEOE y CEPYME.

Este cambio no es meramente administrativo. La entrada de PIMEC refleja un reconocimiento oficial a la importancia de las pymes en la economía española, que representan más del 99% del tejido empresarial. Con su inclusión, se espera que las negociaciones colectivas incorporen perspectivas más cercanas a las necesidades reales de empresas con menos de 250 trabajadores, desde flexibilidad horaria hasta modelos de productividad adaptados a escalas menores.

El proceso seguido para este relevo ha sido rigurosamente regulado. Tras la solicitud de PIMEC en abril de 2025, la Dirección General de Trabajo dio 10 días hábiles a las organizaciones afectadas para presentar alegaciones. Al no haber objeciones válidas, se emitió un informe favorable que derivó en la orden ministerial definitiva. Sin embargo, el cese de CEOE y CEPYME no es inmediato: su salida se hará efectiva solo cuando se complete el proceso de designación de nuevos vocales, garantizando así la continuidad de las funciones de la comisión.

Para las empresas, esto implica que en los próximos meses se negociarán convenios colectivos con una mayor influencia de criterios pyme. Aspectos como la escalabilidad de beneficios sociales, los mecanismos de formación profesional adaptados a equipos reducidos, o las cláusulas de revisión salarial vinculadas a la facturación podrían ganar peso. No obstante, las grandes corporaciones mantendrán su representación indirecta a través de otras vías, por lo que el equilibrio de fuerzas dependerá de cómo se distribuyan las vocalías en la fase final del proceso.

Legalmente, el proceso establece plazos muy concretos. Las organizaciones tienen 10 días desde la notificación para alcanzar acuerdos sobre la distribución de puestos. Si no lo logran, el Ministerio intervendrá aplicando criterios de proporcionalidad basados en la representatividad demostrada en elecciones sectoriales. Además, cualquier recurso contra esta decisión debe presentarse ante la Audiencia Nacional en un plazo máximo de dos meses, aunque expertos laboralistas consideran baja la probabilidad de éxito dado el cumplimiento estricto del procedimiento establecido.

En definitiva, esta actualización supone un paso hacia una negociación colectiva más inclusiva, aunque plantea retos operativos. Las pymes catalanas ganan un altavoz directo en mesas de diálogo nacionales, pero deberán demostrar capacidad de consenso con otros actores. Para empleados y empleadores, significa prepararse para convenios que podrían introducir novedades en aspectos como teletrabajo, horarios flexibles o políticas de conciliación adaptadas a realidades empresariales diversas.

• Plazo clave: 20 días hábiles desde su publicación en el BOE (2 de abril 2025) para entregar documentación
• Documentación obligatoria: Título académico homologado, declaración jurada de no inhabilitación y copia del DNI
• Proceso posterior: Nombramiento como funcionarios en prácticas con retribuciones según Real Decreto 456/1986
• Recursos legales: Plazo de 2 meses para recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Madrid

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado la lista definitiva de aspirantes que superaron la fase de oposición para el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores. Este hito marca el inicio de la etapa final del proceso selectivo, donde los 8 candidatos del turno libre y 2 de promoción interna deberán completar sus trámites administrativos.

Los seleccionados tienen un plazo crítico de 20 días hábiles, contados desde el 3 de abril de 2025, para presentar la documentación requerida en el Registro General del Ministerio. Entre los requisitos destacan la presentación de copias autenticadas del título académico (con homologación si es extranjero), declaración jurada de no inhabilitación y copia del DNI. La omisión de cualquier documento implica la exclusión automática del proceso.

Tras completar este trámite, los aspirantes serán nombrados funcionarios en prácticas mediante resolución administrativa. Durante esta etapa formativa percibirán retribuciones según el Real Decreto 456/1986, actualizado en 2003, salvo que opten por mantener las de su cuerpo de origen si ya pertenecen a la administración.

El curso selectivo posterior al nombramiento determinará la asignación definitiva de plazas. Quienes no superen esta fase formativa perderán su derecho al cargo permanente, aunque se contemplan excepciones por fuerza mayor debidamente justificada. La administración asignará los puestos según necesidades operativas, priorizando el orden de mérito establecido en las puntuaciones finales.

Es crucial destacar que los resultados publicados en el BOE del 2 de abril de 2025 son definitivos en vía administrativa. Los recursos contra esta resolución deben presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un plazo máximo de 2 meses, siendo necesario agotar primero el recurso de reposición opcional ante el propio Ministerio.

Para los interesados en consultar los detalles completos, el anexo I incluye las puntuaciones detalladas de los 10 aspirantes (8 por turno libre y 2 por promoción interna), con Lucía Jaques Andrés liderando la lista con 98.38 puntos. El modelo de declaración jurada requerido figura en el anexo II, debiendo completarse con datos personales y firma ante notario.

Este proceso refleja el compromiso de transparencia en la selección de funcionarios clave para la gestión económica de la Seguridad Social, asegurando que los candidatos cumplan con los máximos estándares de cualificación e integridad profesional.

• Límites por zonas: Cuota total de 30.000 toneladas en Atlántico Norte y 27.711 toneladas en Atlántico Sur para 2025.
• Cuota para España: 20.309,50 toneladas en Atlántico Norte y 12.498,27 toneladas en Atlántico Sur.
• Reserva del 1%: 203,09 toneladas reservadas en el Atlántico Norte para capturas accidentales de barcos del Mediterráneo.
• Límites por barco: Hasta 479.675 kg en Atlántico Norte y 429.739 kg en Atlántico Sur según zona operativa.
• Cierre preventivo: Se activará cuando se alcance el 95% del total de capturas globales.

La Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA) ha establecido nuevas normas para la pesca de tintorera en 2025, con el objetivo de equilibrar la actividad pesquera y la conservación de esta especie. Estas medidas, incorporadas al Reglamento (UE) 2025/202, afectan directamente a la flota española, especialmente a los barcos de palangre de superficie con autorización para pescar en aguas internacionales.

Para el Atlántico Norte, España dispondrá de una cuota de 20.309,50 toneladas, mientras que en el Atlántico Sur la cifra será de 12.498,27 toneladas. Un detalle clave es la creación de una reserva del 1% (203,09 toneladas) en el norte, destinada a cubrir capturas accidentales de barcos que usualmente pescan pez espada en el Mediterráneo pero que ocasionalmente operan en el Atlántico Norte.

La novedad más significativa son los límites individuales por embarcación. Los barcos con permisos para el Atlántico Norte (zonas 2 y 3) tendrán un tope de 479.675 kg, mientras que aquellos autorizados para el Sur (zona 4) podrán capturar hasta 429.739 kg. Los que tengan permisos mixtos (zonas 2-3-4 o 3-4) verán sus límites calculados en función de los meses que operen en cada zona, considerando las previsiones presentadas por los armadores.

El sistema permite cierta flexibilidad: los barcos pueden solicitar agrupar sus cuotas individuales mediante un trámite ante la Dirección General de Pesca Sostenible. Esta gestión colaborativa deberá ser aprobada en un plazo máximo de 7 días. Sin embargo, si el consumo global alcanza el 95% de la cuota total, se activará automáticamente un cierre preventivo de la campaña.

Las tablas de anexos detallan los límites exactos para cada barco. Por ejemplo, el buque ‘ARLANPI’ (Atlántico Norte) tiene autorizados 479.675 kg, mientras que el ‘ESCUALO CUATRO’ (Atlántico Sur) podrá capturar 429.739 kg. Los barcos con permisos mixtos, como el ‘AGIOS NIKOLAUS’, tendrán límites divididos: 79,94 kg en el norte y 401,61 kg en el sur, según su distribución operativa.

Estas medidas buscan evitar la sobrepesca mediante un control más granular, usando datos reales de actividad reportados por los propios pescadores. La Secretaría General de Pesca monitorizará el consumo en tiempo real y ajustará las restricciones según sea necesario, priorizando siempre la sostenibilidad del recurso pesquero.

• Fecha de firma: 20 de marzo de 2025
• Plazo de implementación: 12 meses para adaptar sistemas informáticos
• Vigencia: 4 años renovables hasta 2033
• Confidencialidad: Obligatorio firmar cláusula de protección de datos (Anexo II)
• Tecnología usada: Plataforma PID y aplicación ATRIUM para consultas médicas

El nuevo convenio entre el INSS, ISM y Aragón marca un antes y después en la gestión médica administrativa. A partir de marzo de 2025, los servicios de salud públicos podrán consultar digitalmente los informes de incapacidad laboral directamente desde los sistemas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, eliminando trámites burocráticos que antes requerían días o semanas.

Este cambio afectará principalmente a trabajadores en procesos de baja médica o revisión de incapacidades. Los médicos de atención primaria en Aragón tendrán acceso inmediato a los diagnósticos oficiales del INSS, lo que permitirá acelerar decisiones sobre altas médicas, prolongación de bajas o cambios de tratamiento. Para los ciudadanos, significa menos papeleo y mayor coordinación entre su médico de cabecera y las entidades de la Seguridad Social.

El sistema funcionará mediante la Plataforma de Intermediación de Datos (PID), que conectará los equipos médicos de Aragón con la aplicación ATRIUM del INSS. Se crearán dos perfiles de acceso: uno sanitario (con acceso completo a informes) y otro administrativo (solo para ver estados de expedientes). Todos los accesos quedarán registrados con hora, usuario y tipo de consulta para garantizar la trazabilidad.

La protección de datos es clave en este acuerdo. Los trabajadores de la salud deberán firmar un compromiso de confidencialidad (Anexo II) donde se especifican multas de hasta 300,000 euros por uso indebido de información. El INSS realizará auditorías aleatorias y los hospitales aragoneses deberán almacenar los registros de acceso durante 5 años.

Entre las novedades destacables está la eliminación del consentimiento expreso del paciente para compartir datos entre instituciones, algo permitido por el artículo 71.3 de la Ley de Seguridad Social. Esto acelerará trámites en casos de fraudes o compatibilidades de prestaciones, aunque manteniendo siempre el secreto médico profesional.

Para 2026 se espera que este sistema reduzca en un 40% el tiempo de resolución de expedientes de incapacidad permanente. Los pacientes con enfermedades crónicas o lesiones laborales serán los más beneficiados, evitando tener que repetir pruebas médicas o entregar documentación física en múltiples organismos.

El convenio incluye un plan de formación para 1,200 profesionales sanitarios aragoneses durante 2025, con simulaciones prácticas del nuevo sistema. También se crearán canales de atención telefónica específicos para resolver dudas sobre el acceso a informes médicos digitalizados.

• Límites de transporte flexibilizados: Hasta 25.000 unidades totales (máximo 15.000 de calibres distintos al .22) sin medidas especiales de seguridad.
• Entrada en vigor: Aplicable al día siguiente de su publicación en el BOE (abril 2025).
• Nuevos requisitos para almacenes: Muros de hormigón de 20-30 cm, puertas blindadas grado V y sistemas de detección sísmica.
• Vigilancia obligatoria: CCTV con grabación de 15 días y pulsadores de alarma interiores/exteriores.
• Autonomía energética: Sistemas UPS y grupos electrógenos con 1 hora de autonomía para emergencias.

El Gobierno ha actualizado las normas de seguridad para el transporte y almacenamiento de cartuchería metálica, un cambio reclamado por el sector para agilizar operaciones comerciales sin poner en riesgo la seguridad ciudadana. La modificación de la Instrucción Técnica Complementaria 11 (ITC 11) afecta a empresas de pirotecnia, fabricantes de munición y transportistas especializados.

En el transporte, se eliminan trámites burocráticos para envíos de hasta 25.000 unidades totales, siempre que no superen las 15.000 unidades en calibres distintos al .22. Esto permite a empresas medianas realizar distribuciones frecuentes sin necesidad de escoltas o vehículos blindados, reduciendo costes logísticos. No obstante, la Intervención Central de Armas y Explosivos podrá exigir medidas extraordinarias si detecta riesgos específicos.

Para almacenes, se implementan exigencias técnicas concretas: los muros deben usar hormigón de 250 kg/cm² con doble malla de acero, las puertas requieren certificación antibalas (UNE-EN 1143-1 Grado V) y se instalan detectores sísmicos que alertan sobre intentos de perforación. Cada almacén contará con pulsadores de alarma accesibles y circuitos cerrados de televisión que graben imágenes durante 15 días, facilitando investigaciones posteriores ante incidentes.

La normativa introduce novedades en seguridad electrónica: sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) con respaldo de 1 hora, doble vía de comunicación para alarmas y supervisión permanente de líneas. Los depósitos deberán tener iluminación automática antiintrusos y salas de control blindadas con cerraduras de seguridad grado III para almacenar llaves.

Estos cambios, consultados con el sector durante su tramitación, buscan equilibrar la agilidad comercial con protocolos actualizados contra robos. Según el Ministerio del Interior, las medidas responden a análisis de riesgos actuales y estandarizan prácticas que algunas empresas ya aplicaban voluntariamente. Para usuarios finales, no implica cambios en la adquisición de munición, pero refuerza la trazabilidad desde fábricas hasta puntos de venta.

Las empresas tienen de plazo hasta la publicación en el BOE para adaptar instalaciones. Se recomienda consultar con ingenierías homologadas para certificar que los sistemas CCTV, detectores perimetrales y estructuras cumplen los nuevos parámetros técnicos detallados en 45 puntos específicos de la ITC 11 modificada.

• Fecha de resolución: 27 de marzo de 2025
• Plazo para presentar méritos: 20 días hábiles desde la publicación (hasta abril de 2025)
• Consultar exclusiones: Anexo I con 270+ candidatos excluidos por no acreditar discapacidad ≥33%
• Convocatoria original: Resolución de 3 de diciembre de 2024
• Recursos: Posibilidad de presentar reclamación administrativa o demanda judicial

El Ministerio del Interior ha hecho públicas las listas definitivas de candidatos admitidos y excluidos en el proceso de estabilización de empleo para personas con discapacidad en Instituciones Penitenciarias. Esta convocatoria, publicada originalmente en diciembre de 2024, cubre puestos en áreas como Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Cocina, Enfermería y Servicios Administrativos.

Los aspirantes admitidos deben presentar la documentación de sus méritos antes del 24 de abril de 2025 (20 días hábiles desde la publicación) en la sede de Alcalá 38, Madrid, o través de los canales administrativos electrónicos. Es fundamental que cada página de la documentación incluya nombre completo y DNI para su correcta identificación.

El listado de 270 excluidos, disponible en el Anexo I, muestra que la principal causa de exclusión (marcada con código 1) fue no acreditar el certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Los afectados pueden presentar recursos administrativos o judiciales siguiendo los plazos establecidos en la Ley 39/2015.

Las listas completas están disponibles en las webs oficiales del Ministerio del Interior (www.interior.gob.es) y de Instituciones Penitenciarias (www.iipp.es). Se recomienda verificar tanto las listas de admitidos como la de excluidos, ya que algunos candidatos aparecen en ambas categorías simultáneamente.

Este proceso forma parte del plan de estabilización de empleo público 2021-2023, aplicando el IV Convenio Colectivo de la Administración General del Estado. Los puestos ofertados incluyen categorías profesionales M2, M1, G3, E2 y E1, con especial atención a la integración laboral de personas con discapacidad.

Para consultas específicas, los interesados pueden dirigirse a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en Madrid o utilizar el servicio de atención al ciudadano del Ministerio. Es fundamental respetar los plazos establecidos, ya que no se admitirán documentaciones fuera de término.

• Fecha de implementación: 25 de febrero de 2025 (tras la toma de posesión de los magistrados).
• Nuevos magistrados incorporados: 14, distribuidos en las Secciones Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta.
• Corrección destacada: Reordenación de nombres en la Sección Quinta (Publicado el 26 de marzo de 2025).
• Organismo responsable: Consejo General del Poder Judicial y Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.

El Consejo General del Poder Judicial ha anunciado cambios significativos en la estructura del Tribunal Supremo, concretamente en su Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo. Estas modificaciones, activas desde el 25 de febrero de 2025, buscan optimizar el funcionamiento de la justicia mediante la incorporación de 14 nuevos magistrados y una redistribución estratégica de competencias.

La reorganización afecta principalmente a cuatro secciones jurisdiccionales. En la Sección Segunda, figuran nombres como Francisco José Navarro Sanchís y Sandra María González de Lara Mingo, mientras que la Sección Tercera incluye a José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat y María Pilar Cancer Minchot. La Sección Cuarta destaca por ser la más numerosa, con ocho magistrados incluyendo a Pablo María Lucas Murillo de la Cueva. Un punto relevante fue la corrección en la Sección Quinta, donde se ajustó el orden de los magistrados Francisco Javier Pueyo Calleja y María Concepción García Vicario para garantizar precisión en los documentos oficiales.

Estos cambios responden a la necesidad de modernizar la justicia administrativa, acelerando la resolución de casos que afectan a ciudadanos y empresas en sus relaciones con la Administración Pública. Al distribuir mejor la carga de trabajo entre más profesionales, se espera reducir plazos de resolución en recursos contenciosos sobre temas como licitaciones públicas, impuestos o servicios básicos.

La transparencia ha sido clave en este proceso: desde el acuerdo inicial de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (24 de febrero) hasta su publicación oficial por la presidenta María Isabel Perelló Doménech (26 de marzo), se ha mantenido un flujo informativo constante. Esto permite a abogados, periodistas y ciudadanos conocer con exactitud qué magistrados conforman cada sección, facilitando la predictibilidad en la tramitación de casos.

Aunque no modifica las competencias generales del Tribunal Supremo, esta reestructuración refuerza su capacidad para resolver conflictos legales complejos con mayor celeridad. Los 14 nuevos magistrados aportan experiencia diversa en derecho administrativo, lo que podría influir en futuras interpretaciones jurisprudenciales sobre regulaciones sectoriales, incluyendo indirectamente aspectos energéticos o medioambientales en sus decisiones.

• Inversión: 50.000 € de la Confederación Hidrográfica (20.000 € en 2025, 15.000 € en 2026 y 2027) más 729 € de la Universidad de Málaga.
• Duración: 3 años (firma el 27/03/2025, vigente hasta 2028).
• Ámbito: Sierra de Segura en Jaén y Granada, zona clave para cabecera del Guadalquivir.
• Tecnología: Uso de trazadores isotópicos, análisis químicos y registros hidrodinámicos.
• Formación: Prácticas universitarias no remuneradas incluidas en el convenio.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Universidad de Málaga han renovado su colaboración para estudiar los acuíferos de la Sierra de Segura, una zona crítica para el abastecimiento de agua en Andalucía. Este proyecto, que se extiende hasta 2028, busca crear una reserva estratégica subterránea que garantice el suministro durante periodos de sequía.

El estudio utilizará métodos innovadores como análisis isotópicos del agua (δ¹⁸O y δ²H), ensayos con trazadores fluorescentes y monitoreo continuo de caudales. Se instalará una red de sensores en manantiales y ríos para medir parámetros como conductividad eléctrica, temperatura y niveles piezométricos. Estos datos permitirán calcular con precisión los recursos disponibles y su conexión con la cuenca del Segura.

La inversión de 50.000 € se destinará a equipos de última generación, incluyendo espectrofluorímetros y cromatógrafos iónicos. Los estudiantes de la Universidad de Málaga participarán en las investigaciones mediante un programa de prácticas formativas, aunque sin remuneración económica.

Entre los objetivos clave está delimitar áreas de recarga de manantiales como Aguamula y Castril, fundamentales para mantener los caudales ecológicos. Los resultados ayudarán a prevenir conflictos por el agua entre agricultores, municipios y productores energéticos en épocas de escasez.

Este convenio actualiza otro anterior (2021-2024) que ya permitió identificar potenciales transferencias hídricas entre cuencas. La nueva fase incluye mapeo 3D de acuíferos kársticos y propuestas concretas para declarar zonas de protección especial.