Resuelto el concurso de traslados para médicos forenses: listado de adjudicaciones, plazas desiertas y plazos clave de toma de posesión

• Publicación: Orden ministerial publicada en el BOE.
• Puestos adjudicados: 7 plazas cubiertas por concurso de traslado.
• Plazas desiertas: 18 puestos declarados vacantes en 13 centros diferentes.
• Plazos posesorios: Desde 3 días hábiles (sin cambio de localidad) hasta 1 mes (para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).
• Recursos: Recurso contencioso-administrativo en 2 meses o potestativo de reposición en 1 mes.

El Ministerio de Justicia ha hecho pública la resolución definitiva del concurso de traslados convocado para cubrir puestos de trabajo en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Esta orden, que pone fin a la vía administrativa, no solo adjudica destinos a siete funcionarios de carrera del Cuerpo de Médicos Forenses, sino que también deja al descubierto una significativa bolsa de plazas que no han encontrado candidatos, evidenciando posibles desequilibrios en la distribución de recursos humanos especializados en el ámbito forense nacional.

El procedimiento, regulado por el Real Decreto 1451/2005 y la Orden PJC/741/2025, representa la culminación de un proceso competitivo basado en méritos donde los funcionarios solicitan destinos vacantes. El resultado final, sin embargo, es mixto: por un lado, se resuelven solicitudes de movilidad geográfica y profesional; por otro, se declaran desiertas 18 plazas de médico forense generalista repartidas por todo el territorio, desde Badajoz hasta Melilla, pasando por Murcia, Guadalajara o las Illes Balears. Esta dualidad resultado/adjudicación vs. desiertos es un termómetro de la situación laboral y atractivo de ciertas plazas dentro de la Administración de Justicia.

Para el ciudadano, la importancia de esta resolución trasciende lo meramente administrativo. Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son pilares fundamentales en la administración de justicia. Su labor, que abarca desde la autopsia clínica y la valoración de lesiones hasta la patología forense y la tanatología, es crucial para dilucidar causas de muerte, agresiones o cualquier hecho que requiera una pericial médica dentro de un proceso judicial. Una dotación incompleta o inestable de estos profesionales puede generar retrasos en los procedimientos, saturación en los centros mejor dotados y, en última instancia, afectar al derecho a una justicia pronta y efectiva. Por tanto, el hecho de que casi una veintena de plazas quede sin cubrir debe leerse como una señal de alerta sobre las condiciones laborales, la carga de trabajo o la ubicación de estos puestos.

Desde una perspectiva técnica, el concurso de traslados es un mecanismo esencial para la provisión de puestos de trabajo y la promoción profesional dentro de la función pública. Funciona como un mercado interno donde la moneda de cambio son los méritos acumulados por el funcionario: antigüedad, formación específica, cursos, publicaciones y, en algunos casos, la valoración de puestos de difícil cobertura. La resolución publicada es el acto administrativo que da fe del resultado de este complejo cálculo, asignando a cada adjudicatario un puesto concreto. Los anexos adjuntos a la orden son la prueba documental de este proceso, detallando nombre, DNI, puesto de origen y puesto adjudicado para cada uno de los siete funcionarios que han conseguido su objetivo.

Los plazos de toma de posesión establecidos son un elemento crítico de la norma y varían en función de la magnitud del traslado. Se establece un gradiente de urgencia y logística: tres días hábiles si no hay cambio de localidad (por ejemplo, un cambio de sección dentro de la misma ciudad), ocho días hábiles si el cambio es dentro de la misma comunidad autónoma, y veinte días hábiles si implica cambiar de comunidad autónoma. Casos especiales como Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, ya sea como origen o destino, tienen un plazo de un mes, reconociendo las dificultades logísticas y de planificación familiar que conlleva un movimiento entre la península y los archipiélagos o ciudades autónomas. Este cómputo comienza el día siguiente al cese, que debe producirse en un plazo máximo de tres días hábiles desde la publicación en el BOE.

La orden también contempla situaciones especiales con una pragmática admirable. Para los funcionarios en comisión de servicio, se flexibiliza el trámite permitiendo que el cese se formalice en el órgano donde se presta la comisión, sin necesidad de desplazarse al destino original, agilizando así el proceso. Asimismo, se especifica que el plazo posesorio es retribuido por la administración de destino, un detalle crucial para la seguridad económica del funcionario durante la transición. Otro aspecto relevante es que el cómputo del plazo se pospone si el funcionario está disfrutando de permisos o licencias, incluido el período de vacaciones, garantizando que no se vea perjudicado por haber planificado su descanso con antelación.

El listado de plazas desiertas, detallado en el Anexo II, es quizás la parte más reveladora de la publicación. Murcia, con 5 plazas vacantes entre su dirección y la subdirección de Cartagena, es la comunidad con mayor número de puestos sin cubrir, seguida de Cáceres y Salamanca con 2 plazas cada una. Otras provincias como Badajoz, Albacete, Burgos, Guadalajara, Soria, Toledo, Zamora, Illes Balears y Melilla tienen una plaza desierta. Este mapa de la «escasez forense» invita a un análisis más profundo: ¿Se debe a la dureza de la carga de trabajo en ciertas zonas? ¿A la falta de atractivo de localidades más pequeñas? ¿O a un desfase entre el número de plazas ofertadas y el número real de funcionarios con derecho y deseo a trasladarse? Sea cual sea la razón, la consecuencia inmediata es una presión adicional sobre los forenses en activo en esos centros y un potencial agravamiento de las listas de espera para determinadas periciales.

Para los funcionarios afectados (adjudicatarios y aquellos que se quedaron sin plaza), la orden también marca el camino legal a seguir. Al poner fin a la vía administrativa, abre la puerta a dos tipos de recurso: el potestativo de reposición, que debe interponerse ante el mismo Ministerio de Justicia en el plazo de un mes, y el contencioso-administrativo, que se presenta ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia en un plazo de dos meses. Esta doble vía garantiza el derecho a la defensa de quienes consideren que el proceso no se ha ajustado a la legalidad o que su puntuación no ha sido correctamente calculada.

Mirando hacia el futuro, esta resolución es un hito, pero no el final del camino. Las plazas declaradas desiertas no desaparecen; lo más probable es que se reintegren a una nueva convocatoria, ya sea otro concurso de traslados o, potencialmente, a una oferta de empleo público para nuevas incorporaciones. Esto significa que en los próximos 12 a 24 meses podemos esperar nuevas oportunidades para los médicos forenses en activo que no hayan conseguido plaza esta vez, y también para opositores que aspiren a ingresar en el cuerpo. Para la administración, el reto será analizar las causas de estas deserciones y plantear incentivos, mejoras en las condiciones o replanteamientos territoriales que hagan más atractivas esas plazas en futuras convocatorias.

En un sentido más amplio, esta publicación del BOE es un recordatorio de la compleja maquinaria que hay detrás de los servicios públicos esenciales. La Justicia no funciona solo con jueces y abogados; necesita una red de profesionales técnicos, como los médicos forenses, cuyo correcto despliegue y bienestar laboral son condición sine qua non para su eficacia. Seguir la pista a estas resoluciones de personal no es solo un ejercicio para funcionarios, sino para cualquier ciudadano interesado en la salud de las instituciones que nos sirven.