Desistimiento de la planta solar Campos del Condado VI: ¿qué pasa con las autorizaciones y las garantías de acceso?

• Potencia: 57,535 MW instalados (60,569 MW nominales iniciales)
• Expediente: SGIISE/PFot-545 del Ministerio para la Transición Ecológica
• Desistimiento: presentado el 19 de septiembre de 2025
• Permisos de acceso: otorgados en 2020; caducidad comunicada en enero de 2025
• Normativa clave: artículo 94 de la Ley 39/2015 y artículo 23 del Real Decreto 1183/2020

La Dirección General de Política Energética y Minas ha emitido una resolución que acepta el desistimiento de Arena Power Solar 35, SLU y ordena el archivo del expediente SGIISE/PFot-545. El objeto del procedimiento era la autorización administrativa de construcción de la planta solar fotovoltaica Campos del Condado VI, un parque de 57,535 MW situado en Beas, Trigueros y Gibraleón, en la provincia de Huelva. El desistimiento no responde a una falta de financiación ni a problemas técnicos, sino a un obstáculo físico: el trazado de la futura línea de alta velocidad Sevilla-Huelva.

El Boletín Oficial del Estado publica con frecuencia anuncios de autorizaciones de parques renovables. Sin embargo, los desistimientos son menos visibles y a menudo más reveladores. Este proyecto había obtenido declaración de impacto ambiental favorable en abril de 2023 y autorización administrativa previa en julio de 2023. Tenía permiso de acceso concedido por Red Eléctrica en septiembre de 2020 y permiso de conexión en enero de 2022. A pesar de todos esos pasos favorables, no llegará a construirse.

La secuencia administrativa es extensa. Primero se solicitó la autorización previa en febrero de 2021. Después se tramitó la información pública y se recogieron informes de las administraciones. En mayo de 2022 el expediente se remitió a evaluación ambiental. En abril de 2023 la declaración de impacto ambiental fue favorable. En julio de 2023 se otorgó la autorización administrativa previa. En diciembre de 2023 el promotor pidió la autorización de construcción e introdujo modificaciones. En junio de 2024 se emitió el informe del Área de Industria y Energía. Ya en diciembre de 2024 se aprobó definitivamente el estudio informativo del AVE. En enero de 2025, Red Eléctrica comunicó la caducidad de los permisos de acceso y conexión. Finalmente, en septiembre de 2025, el promotor presentó el desistimiento.

¿Por qué caducaron los permisos? El Real Decreto-ley 23/2020 introdujo plazos estrictos para evitar acaparar capacidad de red. Si un proyecto no avanza, pierde sus derechos. La caducidad conlleva la ejecución de las garantías económicas previstas en el artículo 23 del Real Decreto 1183/2020. La garantía equivale a 40 euros por kilovatio instalado. Para una planta de 57,535 MW, la cifra es de aproximadamente 2,3 millones de euros. Esa cantidad puede perderse si no se demuestra que una administración pública impidió la construcción.

Imaginemos que una familia reserva una finca para su boda. Paga una señal, contrata el catering y recibe el visto bueno de sanidad. Pero semanas antes, el ayuntamiento decide construir una rotonda que parte el acceso al salón. La familia no puede celebrar la boda allí. Tiene dos opciones: esperar a que cambie el plan urbano o cancelar. Si cancela, normalmente pierde la señal. Solo si demuestra que la prohibición fue ajena a su voluntad podría recuperar parte del dinero. Este caso es exactamente igual.

El artículo 94 de la Ley 39/2015 reconoce el derecho de todo interesado a desistir de su solicitud. La administración debe aceptarlo y archivar el expediente, salvo que terceros con interés legítimo pidan continuar. Aquí el promotor ha pedido además que no se ejecute la garantía, amparándose en la excepción del artículo 23.6 del Real Decreto 1183/2020. Esa norma permite exceptuar la ejecución cuando un informe o resolución de una administración pública impidió la construcción.

La resolución publicada recoge la respuesta del promotor al trámite de audiencia. Aceptó la propuesta de resolución, pero solicitó una mención expresa a la excepción de la garantía. La resolución final incorpora parcialmente las alegaciones. No detalla si habrá devolución; deja la cuestión para la fase de ejecución. Este es un punto que los asesores jurídicos deberán seguir de cerca.

El impacto ciudadano no se limita al terreno. Para las familias, cada parque renovable que se cancela reduce la presión a la baja sobre los precios mayoristas de la electricidad. En un contexto de precios volátiles, perder 57 MW de generación solar no ayuda a la seguridad del sistema. Aunque el efecto individual es pequeño, la suma de cancelaciones puede ralentizar la transición energética.

Para los autónomos y pequeñas empresas de la comarca, la noticia es doble. Por un lado, pierden una oportunidad de empleo e ingresos en servicios auxiliares de construcción y mantenimiento. Por otro, el AVE traerá actividad y conectividad. Las administraciones locales deberían diseñar estrategias para compensar la pérdida de inversión renovable con proyectos ligados a la movilidad.

Para las empresas del sector, la lección es estratégica. Antes de comprar terrenos o iniciar la tramitación, conviene contrastar el proyecto con los mapas de infraestructuras públicas a largo plazo. La línea AVE Sevilla-Huelva figuraba en la planificación ferroviaria desde hacía años. El promotor intentó obtener una respuesta de compatibilidad, pero el Ministerio de Transportes no la emitió con claridad. La incertidumbre se volvió en su contra.

¿Qué debe hacer un promotor que se enfrente a una situación similar? Primero, revisar de inmediato el estado de sus permisos de acceso y conexión. Segundo, solicitar a la autoridad competente un pronunciamiento escrito sobre el conflicto con otras infraestructuras. Tercero, si la inviabilidad es real, presentar el desistimiento antes de que la caducidad de permisos provoque la ejecución automática de las garantías. Cuarto, invocar la excepción del artículo 23.6 con pruebas documentales.

También hay errores que conviene evitar. El más grave es abandonar el expediente sin comunicarlo formalmente: la administración puede declarar la caducidad del procedimiento y ejecutar las garantías. Además, hay que documentar cada plazo. En este caso, Red Eléctrica comunicó la caducidad en enero de 2025 y el promotor tardó nueve meses en presentar el desistimiento. Esa demora puede influir en la interpretación de la excepción.

La comparativa antes y después ayuda a visualizar el cambio. Antes del desistimiento, el expediente estaba activo, con autorización previa otorgada y permisos de acceso caducados pero no ejecutados. Después, el expediente queda archivado, la autorización previa es renunciada y la garantía queda en riesgo. La potencia instalada, además, fue reducida de 60,569 MW a 57,535 MW en la última solicitud de modificación, lo que también afecta al cálculo de las garantías.

Comparativa del proyecto Campos del Condado VI

Variable	Antes	Después
Estado del expediente	Activo en tramitación	Archivado
Autorización previa	Otorgada en 2023	Renunciada
Autorización de construcción	Solicitada en diciembre de 2023	No otorgada
Permisos de acceso y conexión	Caducados desde enero de 2025	Extinguidos
Garantía económica	Potencialmente ejecutable	Pendiente de resolución

En los próximos 12 a 24 meses, el Ministerio deberá decidir el destino de la garantía y la posible reubicación de la subestación eléctrica Campos del Condado. Es previsible que aparezcan nuevos proyectos que aprovechen la misma posición de red pero con un trazado compatible con el AVE. También podría revisarse la regulación del artículo 23 del Real Decreto 1183/2020, para introducir causas de fuerza mayor o conflicto entre infraestructuras.

A corto plazo, los afectados pueden presentar recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes. Aunque en este caso el promotor ha aceptado el desistimiento, cualquier otro interesado con derecho legítimo podría personarse. En el plano práctico, conviene elaborar una plantilla de seguimiento que contemple las fechas de caducidad de permisos y las garantías depositadas. Descargar una plantilla no sustituye el consejo de un abogado especializado, pero ayuda a prevenir sorpresas.