Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía: avala su constitucionalidad excepto algunos puntos clave
BOE: El Constitucional desestima el recurso de Aragón y confirma la amnistía para el proceso independentista catalán, salvo ciertos delitos excluidos
Impacto: Pleno. Sentencia 43/2026, de 9 de junio de 2026. Recurso de inconstitucionalidad 6547-2024. Interpuesto por el Gobierno de Aragón respecto de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Principios de igualdad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; monopolio jurisdiccional y separación de poderes; derecho a la tutela judicial efectiva: pérdida parcial de objeto del proceso (SSTC 137/2025 y 165/2025); constitucionalidad de la medida. Votos particulares.
Detalles
- Sentencia: 9 de junio de 2026
- Recurso: Gobierno de Aragón contra Ley Orgánica 1/2024
- Resultado: Pérdida sobrevenida de objeto para arts. 1.1 y 1.3.2º; desestimación del resto
- Efecto: Se mantiene la amnistía para actos del proceso independentista entre 2011 y 2023
- Exclusiones: Delitos con resultado de muerte, torturas graves, terrorismo intencionado, entre otros
Contenido
El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado sentencia el 9 de junio de 2026 en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Aragón contra la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía. El fallo desestima la mayoría de las impugnaciones y declara la pérdida sobrevenida de objeto en relación con los artículos ya anulados por la STC 137/2025.
La sentencia, cuyo ponente fue la magistrada Inmaculada Montalbán, analiza cada uno de los motivos de inconstitucionalidad. El recurrente alegaba falta de cobertura constitucional, vulneración de la separación de poderes, igualdad, seguridad jurídica y arbitrariedad, entre otros. El Tribunal remite a la doctrina sentada en resoluciones previas para rechazar estas tachas.
En concreto, se declara que la amnistía no está prohibida por la Constitución y que el legislador puede aprobarla siempre que persiga un fin legítimo, como la normalización política. Se descarta que sea una autoamnistía o que vulnere el principio de exclusividad jurisdiccional, ya que son los jueces quienes aplican la ley caso por caso.
Respecto al ámbito material, el Constitucional considera que la definición de conductas amnistiables en el artículo 1 es suficientemente precisa y no genera inseguridad jurídica. Las exclusiones del artículo 2 (torturas, terrorismo, delitos contra la vida, etc.) se ajustan a los estándares internacionales y no son arbitrarias.
El fallo también desestima las impugnaciones contra los efectos procesales de la amnistía, como el levantamiento de medidas cautelares o la tramitación preferente. Se subraya que los jueces deben oír a las partes antes de aplicarla y que se respetan las cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales.
En definitiva, la sentencia consolida la constitucionalidad de la ley de amnistía, aunque deja fuera aquellos supuestos ya declarados inconstitucionales en procesos anteriores. Los votos particulares de los magistrados discrepantes consideran que la amnistía carece de encaje constitucional y que se ha vulnerado el principio de Estado de Derecho.